Desde el inicio de la pandemia, en marzo, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) recibió un promedio de 2 mil llamadas mensuales por parte de presidiarios o sus familiares que se tradujeron en un total de 950 intervenciones relativas a dificultades para acceder al sistema judicial o el de salud. A la fecha actual, según la información relevada por el organismo, se registran un total de 56 casos positivos de Covid-19 dentro de establecimientos penitenciarios federales y otros lugares de detención.
Los datos los hicieron públicos los funcionarios de la PPN durante la presentación, en formato virtual, del Informe Anual 2019 referido a la situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina. En un largo apartado previo a sumergirse en el balance anual, brindaron un racconto sobre la situación de los penales en medio de la emergencia. De los 56 contagios, 35 se dieron dentro de las cárceles —cuatro en el Complejo de Ezeiza, uno en la unidad 34 y el resto en Devoto—, 19 en alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y dos en institutos de menores.
De los 56 contagios dentro del sistema penitenciario federal, 35 se dieron en cárceles, 19 en alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 2 en institutos de menores.
Acorde a Andrea Triolo, directora general de Protección de DDHH del organismo, la Procuración sigue de cerca el golpe de la pandemia sobre las cárceles, muchas de ellas con un nivel tal de sobrepoblación que se vuelve difícil ajustar el espacio a las nuevas indicaciones de distanciamiento social. Otras disposiciones como la suspensión de las visitas derivaron, a su vez, en recomendaciones para abrir canales de comunicación alternativos con las familias, al entender su valor "emocional" pero también el complemento que significa en aspectos como el alimenticio, dadas las condiciones actuales de reclusión. También porque representan el único contacto permitido, hoy, con el exterior, y esto incluye abogados y juzgados.
A lo largo de estos más de tres meses, Triolo detalló que impulsaron una serie de recomendaciones como el establecimiento de líneas telefónicas en todos los sectores de alojamiento del sistema penitenciario federal asi como celebraron la entrega de tarjetas gratuitas al inicio de la emergencia y la programación de videollamadas. No obstante ello, desde dentro de los penales, los reclusos les manifestaron que son medidas insuficientes. De ahí que la Procuración busque autorizar, en forma transitoria hasta que se levante el veto a las visitas, el uso de celulares dentro de las cárceles federales.
Por su parte, el procurador adjunto interino, Ariel Cejas Meliare, se refirió a la necesidad de descomprimir las situaciones de hacinamiento según lo recomendado por los organismos internacionales, como las Naciones Unidas. Y la disposición que benefició, sobre la base de la acordada del 13 de abril de la Cámara de Casación Penal, a más de dos mil detenidos con la prisión domiciliaria. Según las cifras brindadas en la exposición, en febrero la población carcelaria en el sistema federal superaba los 14 mil y hoy descendió a 11.775.
Asimismo, el nivel de ingresos ha decrecido significativamente en contraste con los egresos. Solo en abril, los ingresos sumaron 217 mientras que los egresos llegaron a 1.079. La acordada de Casación, de acuerdo a lo detallado por Cejas Meliare, reservó este beneficio a los detenidos que se ajustan a cierto perfil: prisiones preventivas por delitos de escasa agresividad o no violentos, que no representan un riesgos significativo y que hayan superado los plazos previstos por la Ley 24.390 (dos por uno); personas condenadas por delitos no violentos próximos a cumplir su pena; personas condenadas por delitos con penas menores a los menos de tres años; mujeres embarazadas o con hijos; personas próximas acceder a la libertad condicional y adultos mayores o personas con discapacidades, consideradas como grupo de riesgo para la Covid-19.
El nivel de ingresos ha decrecido significativamente en contraste con los egresos. Solo en abril, los ingresos sumaron 217 mientras que los egresos llegaron a 1.079.
Ya en marzo 2019, el gobierno de Juntos por el Cambio había declarado la emergencia carcelaria por detectarse una ocupación superior a la permitida: 14.067 mil sobre 12.778 plazas. En febrero de 2020, dicha situación persistía, así como también un amplio arco de irregularidades detectadas en el funcionamiento del sistema penitenciario federal y que solo complicaron más la contención de la pandemia.
"La pandemia ha impactado fuertemente en las cárceles y no estaba previsto, como no estaba previsto, en ningún lugar, comenzar a armar un protocolo que sirviera para proteger no solos a los presos sino al personal carcelario también", comentó el procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo. El funcionario destacó la relevancia de presentar el reporte anualizado aún en el contexto actual que solo complejizó todavía más la situación ya de por sí precaria en el sistema penitenciario federal.
A su turno, la directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclús, tuvo a su cargo el repaso sobre los cuatro ejes principales del informe: sobrepoblación, traslados arbitrarios, prácticas de tortura y malos tratos y los fallecimientos en prisión. Referido a este último punto, mencionó que en 2019 se contabilizaron 50 muertes, de las cuales 18 fueron calificadas como violentas. Mientras que en el mismo período se documentaron 427 casos de tortura y malos tratos lo que derivó en 140 denuncias legales, luego de que el 41 por ciento de las víctimas prestara su consentimiento. Según se informó en la presentación, los tres poderes del Estado fueron ya notificados de las conclusiones del informe.
