Casi 300 personas se infectaron en lugares de encierro. El ranking lo encabezan los geriátricos, con 205 enfermos de Covid-19. Le siguen los casos positivos en unidades penitenciarias (49); en comisarías (34); en instituciones de salud mental (5); y en los centros de alojamiento de niños y adolescentes, con un solo contagiado. Las condiciones precarias de salubridad e higiene, la sobrepoblación y el hacinamiento potencian los riesgos de infección.
Así lo registró y determinó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Se trata de un organismo autónomo, integrado por representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Poder Legislativo, de ONGs y por un delegado de la Secretaría de Derechos Humanos.
"La situación de salud de emergencia pandémica representa una amenaza concreta y extrema para las personas privadas de libertad", afirma el informe reciente del Comité. Y cita a la Organización Mundial de la Salud, que identificó a las cárceles y comisarías “como fuente amplificación y propagación de enfermedades infecciosas, dentro y más allá de ellas”.
Desde el CNPT opinan que los contagios entre presos por ahora se dieron en lugares puntuales. Es decir, que no existe un situación de descontrol. A su vez reclaman dos medidas: mayor claridad respecto a los criterios para ubicar a las personas detenidas durante la cuarentena y una observación más rigurosa de la circulación del personal penitenciario.
Quilmes, Matanza y Avellaneda concentran un tercio de los nuevos casos
De las 49 personas infectadas en las unidades penitenciarias, 26 se contagiaron en las cárceles de Corrientes, 21 en las oficinas federales ubicadas en la Capital, y 2 en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Respecto al coronavirus en unidades policiales o comisarías, 32 positivos se registraron bajo la jurisdicción de la policía del Chaco; y 2 en dependencias de la bonaerense. Chaco es la tercera provincia con más casos, sólo por detrás de la Capital y el territorio bonaerense. La propagación del virus en el sistema de salud, sumada a la vulnerabilidad y hacinamiento de las poblaciones originarias son los principales motivos de la crisis chaqueña.
Sobre la difusión en los geriátricos, el pico se dio en la provincia de Buenos Aires, con 113 infectados. Le sigue la Capital, con 83; después Córdoba con 7, Chaco y Mendoza con uno.
La circulación del virus en los lugares de encierro tuvo una consecuencia directa: protestas contra las condiciones del aislamiento, pero no contra la política de la cuarentena en sí. Desde el 20 de marzo pasado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura contabilizó 38 reclamos en unidades penitenciarias. La lista la encabeza la provincia de Buenos Aires, con 8 motines. Más atrás, Mendoza (5), Santa Fe (4), Córdoba (3), Corrientes (3), Entre Ríos (3), Río Negro (3), Neuquén (2), Caba (1), Chaco (1), La Rioja (1), Misiones (1), Salta (1), San Juan (1), Tucumán (1) y Santiago del Estero (1).
Devoto y Corrientes, las cárceles con más casos de Covid-19 en todo el país
En la Argentina hay más de 100 mil presos. Si bien la ola de motines carcelarios se aplacó, sus condiciones de detención representan una olla a presión. El contexto de pandemia simplemente potenció y visibilizó los peligros preexistentes. Según un informe reciente de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), una ONG que participó en las mesas de negociación durante las revueltas de Devoto, la atención médica ya era deficiente antes del coronavirus.
La ACiFaD encuestó a 475 personas detenidas en 63 cárceles y alcaidías argentinas, federales y principalmente bonaerenses. El 95% de los entrevistados afirmó que, durante el último año, el área de salud penitenciario no le dio un cuidado médico adecuado. Al 30% de los encuestados con problemas de salud nunca lo atendieron.
Un 65% declaró haber sido chequeado por médicos, pero de forma algo indolente: es decir, sin llegar a una cura o siquiera un tratamiento. Sólo un 5% declaró que “me atendieron y me curaron”.
Entre los consultados, 32 reclusos tuvieron tuberculosis, la llamada enfermedad de la pobreza. Es prevenible y curable. Si bien se suele considerar erradicada de la Argentina, las condiciones carcelarias facilitan su expansión. Según el relevamiento de la ACiFaD, un 8% de los entrevistados padeció tuberculosis en el último año. La Argentina tiene una población penitenciaria de 103.209 personas, de acuerdo a los registros oficiales. Entre 2016 y 2017 se consolidó el crecimiento de la población encarcelada: subió un 11% en relación a años anteriores.
