Cuando la pandemia comenzó a expandirse, la mayoría de los países comprendió que la situación de hacinamiento en las cárceles era un caldo de cultivo peligrosísimo para la multiplicación del coronavirus y por eso tomaron medidas diversas, que van desde los indultos selectivos hasta las prisiones domiciliarias.
Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo piden medidas como el arresto domiciliario para presos con enfermedades graves o mayores de 70 años, para mujeres embarazadas o con hijos en períodos de lactancia.
También piden libertad vigilada para quienes estén con prisión preventiva por delitos que no son considerados graves. De esta manera, aumentaría el espacio en prisión, lo que haría posible mayores medidas de distanciamiento.
La ex presidenta chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a los gobiernos de los distintos países a reducir la población reclusa y sacar de prisión a los presos “más vulnerables”.
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La situación más dramática se vivió en Colombia, donde en marzo murieron 23 reclusos al estallar un motín en reclamo de medidas de protección ante el coronavirus. El gobierno de Iván Duque decretó la emergencia carcelaria y otorgó varias prisiones domiciliarias.
En Brasil, la decisión fue a la inversa: impedir que el virus se propague de las cárceles a la sociedad. Y por eso las autoridades del estado de San Pablo, por ejemplo, suspendieron las salidas temporales de miles de presos que ya estaban en la etapa final de sus condenas.
Se trata de más de 34 mil personas que están en régimen “semiabierto”. Su salida, dijeron las autoridades, “podría elevar el potencial para instalar y propagar el nuevo coronavirus en una población vulnerable, generando riesgos para la salud de trabajadores e internos”.
La medida provocó varios motines, en los que no se produjeron víctimas.
En Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera elaboró un protocolo de aislamiento para eventuales presos contagiados, restricción de visitas y decretó un “indulto selectivo” para los reclusos mayores de 75 años, o a los mayores de 65 a los que les quede menos de un año de condena.
La medida provocó una intensa polémica ante la intención de sectores del oficialismo, no de Piñera, de incorporar en los indultos a los presos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, que en su mayoría tienen la edad para recibir el beneficio. Esos reclusos finalmente no fueron incluidos en el decreto.
En las cárceles bonaerenses, los presos fabrican barbijos y kits sanitarios
En Estados Unidos, ya en marzo se registraron varios casos de coronavirus entre presos y empleados de las cárceles federales, por lo que las autoridades de varios estados comenzaron a tomar diversas medidas.
En Ohio, por ejemplo, una cárcel regional liberó a más de 200 presos por temor a que se contagiaran el Covid-19, mientras que el tribunal de justicia local realiza “audiencias express” para reducir el número de detenidos. Los que no tienen antecedentes violentos reciben la libertad condicional o se les reduce la fianza a pagar para ser liberados.
En Los Angeles también se liberó reclusos antes de que cumplan su condena y se redujo el número de arrestos por faltas menores, mientras que en Georgia, donde tres presos dieron positivo, las autoridades decidieron hacer test a toda la población carcelaria y ponerla en cuarentena.
SF
