El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires dispuso que todos los presos mayores de 65 años y con afecciones crónicas, embarazadas y madres que cumplan condena con sus hijos sean enviados a sus domicilios mientras dure la pandemia del coronavirus. Este grupo estaría conformado por alrededor de 400 reclusos.
La resolución, firmada por el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, “hace lugar, durante el período de vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, al arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves, y que es encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes”.
La decisión incluye a toda la población mayor cancelaria de la provincia mayor de 65 años, las “mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en unidades penitenciarias” y los “condenados sin sentencia firme, en los casos que los procesados y condenados se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional”. Todos ellos, dice el Tribunal, se enfrentan a una “gravísima situación” ante “la superpoblación en los centros de detención” mientras el país es afectado por la enfermedad.
Habilitan a los presos a usar tablets, notebooks y celulares en los calabozos
No estarán incluidos los presos acusados o condenados por delitos graves como homicidios o por uso de arma de fuego, los acusados de abuso, violación o violencia de género. Sin embargo, el tribunal dijo que “corresponde disponer que cada situación sea analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tiene a cargo cada caso, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario”. En caso de concederse la domiciliaria a presos de ese grupo, el tribunal ordena “resguardar la integridad psicofísica de la víctima” y “asegurar el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado”.
Casación insta a los jueces a “racionalizar el uso de la prisión preventiva” y “revisar” las que ya fueran dictadas en el marco de la sobrepoblación carcelaria que atraviesa la provincia, que entre 2013 y 2019 experimentó un aumento del 55 y llegó a 63.094 personas privadas de su libertad. Las cárceles bonaerenses podrían convertirse en una bomba de tiempo si el coronavirus las alcanza “dado el hacinamiento y los problemas para acceder a una rápida atención médica en el encierro, máxime considerando la sobrepoblación existente”, según dijeron los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires tras pedir que sean liberados todos los presos bonaerenses.
Actualmente, hay 46.270 presos en cárceles y comisarías de la provincia. “Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID- 19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señalaba el habeas corpus presentado a la Cámara de Casación la semana pasada. En el documento se remarcaba “la falta de un acceso adecuado a la salud” y “las condiciones deplorables de un hábitat que atenta contra ello, como también la habitual escasez de comida y elementos de limpieza”.
