Lucas Figueroa y Marcelo Lázaro son acusados por el fiscal Andrés Godoy de propagar Covid-19 dentro de la residencia de Saldán. Para Figueroa la imputación es de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Mientras que, para Lázaro, “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Esta semana los médicos fueron indagados por el fiscal y los dos profesionales negaron los hechos y se abstuvieron de declarar. De esta manera se levantó el secreto de sumario en la causa y así los querellantes y los defensores tuvieron acceso al expediente.
Las pruebas. Están basadas en cuatro puntos centrales: la denuncia formulada por el Ministerio de Salud de la Provincia, el informe del área de epidemiología de la cartera de salud, los reportes remitidos por el Pami que dan cuenta de diversos protocolos creados por autoridades de la obra social y que fueron notificados al geriátrico Santa Lucía. Finalmente, se suman cinco testimonios receptados al personal que se desempeñaba en la residencia. Cuatro de estas personas son portadoras de Covid-19 y al momento de las testimoniales algunas de ellas se encontraban internadas.
El caso contra Figueroa. Para el fiscal, Lucas Figueroa habría concurrido a la residencia a trabajar sin cumplir los protocolos de cuidado sanitario y omitiendo las recomendaciones enviadas por el Pami. El protocolo fue informado el 30 de marzo. Figueroa era el médico de piso en el geriátrico y, además, según él mismo confirmó en la indagatoria, trabaja en un centro asistencial en la comuna de Mayu Sumaj, dependiente del Ministerio de Salud.
Para acusar a Figueroa, el Fiscal Godoy toma en cuenta testimonios de empleados quienes aseguran que concurrió a trabajar con síntomas luego de haberse encontrado de licencia por una bronquitis y posteriormente habría retornado a trabajar al geriátrico con la persistencia de algunos de esos síntomas principalmente de mucha tos.
Según consta en el sumario, siguiendo el relato de empleados, Figueroa “al ingresar desde la calle no se cambiaba la chaquetilla, no se cambiaba el calzado ni se lo limpiaba y no usaba barbijo y/o lo llevaba en el cuello”.
Figueroa se hizo espontáneamente un hisopado el día 8 de abril para determinar si tenía coronavirus.
Al momento de la realización del análisis, en el Hospital de Unquillo le indicaron un aislamiento domiciliario por ser caso sospechoso, aunque según la acusación del fiscal, Figueroa habría concurrido a trabajar al geriátrico al día siguiente, el 9 de abril. Ese mismo día por la tarde se confirmó que es positivo.
Para sostener la imputación, el fiscal entiende que Figueroa incurrió en “incumpliendo de las normas, recomendaciones e indicaciones”.
“El imputado creó un riesgo no permitido que se concretó en la propagación del Covid-19 en la residencia Santa Lucía”, agrega Godoy.
La situación de Lázaro. Con relación al Director Médico, Marcelo Lázaro, luego de declarada la pandemia, se dispuso su aislamiento domiciliario por pertenecer a un grupo de riesgo.
Según el fiscal, Lázaro daba instrucciones por teléfono, y no habría dejado a nadie a cargo de la dirección médica del geriátrico para controlar el correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Para Godoy, y consta en el expediente, “la falta de la debida fiscalización constituye un obrar imprudente”.
“De haber estado presente o de haber designado a un suplente, hubiera podido advertir que Figueroa no cumplía con los protocolos sanitarios y que concurría a trabajar con síntomas que lo hacían caso sospechoso de Covid-19 y podría haber evitado que sucediera lo que sucedió. Las normas vigentes lo hacen responsable, en cuanto director médico del geriátrico, por los actos propios y por los de sus dependientes”, completa.
Si bien no está en el expediente, fuentes de la fiscalía argumentaron que hasta el momento no hay elementos para imputar penalmente al dueño del geriátrico, Rafael López Peña.
“La responsabilidad penal es por hechos y por actos. Acá se investigan incumplimientos médicos. Él es un gerenciado, para las cuestiones médicas tenía gente a cargo y son ellos quienes deben responder ante una falla en los protocolos. Eventualmente el dueño podrá tener una responsabilidad civil”, ratificaron desde la unidad fiscal.
Hasta el momento no se pudo determinar cómo ingresó el virus a la residencia. En el geriátrico hubo 56 personas afectadas por coronavirus, de las cuales 11 fallecieron.
Inocente. “Estamos convencidos de que defendemos a un inocente, y así lo vamos a demostrar” aseguró Carlos Guerín, el abogado que asumió la defensa de Lucas Figueroa. Del mismo modo, Hernán Tagle Gavier, abogado defensor de Marcelo Lázaro, sostuvo su inocencia y asegura que no existe ningún elemento para una imputación. Los abogados analizan las estrategias para contrarrestar la acusación.
¿A la Justicia federal? El abogado Alejandro Zeverín, representante de la familia de Norma Spila, una de las víctimas fatales en el geriátrico, está a la espera de ser admitido como querellante en la causa.
Una vez formalizado este trámite, Zeverín anticipó que hará una presentación para que la causa sea investigada en la Justicia federal, al entender que se investiga un delito que le corresponde a ese ámbito. En tanto, desde el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba también plantean que la causa pase al fuero federal.
Andrés De León, presidente del Consejo, le aseguró a PERFIL CORDOBA: “Hicimos el planteo ante el fiscal adjunto Héctor David para que se analice si la Justicia provincial es el órgano competente para investigar este tipo de delitos. Estamos bajo un decreto nacional, por lo tanto, el ámbito de jurisdicción podría ser el federal”.
De León sostuvo en que si bien no están en contra de que se investigue, advirtió sobre el peligro de acusar y criminalizar la actividad médica: “Es una locura creer que los médicos andan por ahí con la intención de propagar una enfermedad, que hasta ahora casi nadie sabe cómo se comporta”.
