La Municipalidad de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia firmaron un convenio para ordenar y agilizar el cumplimiento de tareas comunitarias, capacitaciones y otras medidas judiciales que deben realizar personas imputadas en la ciudad, con el objetivo de garantizar que se concreten en tiempo y forma.
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El acuerdo fue rubricado por el intendente Daniel Passerini y autoridades del Tribunal Superior de Justicia, y establece un circuito de comunicación más claro entre ambas instituciones cuando una persona es derivada por la Justicia para cumplir tareas comunitarias, instancias educativas o recibir acompañamiento social.
A partir de este esquema, la Justicia contará con información actualizada sobre los programas municipales disponibles, mientras que el Municipio tendrá un procedimiento definido para recibir a las personas derivadas, orientarlas sobre las actividades asignadas y luego informar si las condiciones impuestas fueron cumplidas.
En una primera etapa, el convenio prevé alcanzar hasta 100 casos por año, con evaluaciones periódicas para ajustar y mejorar su funcionamiento. Además, se estableció que el Tribunal Superior de Justicia asumirá la cobertura de los seguros necesarios para las personas que deban cumplir estas medidas.
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La comunicación operativa se canalizará a través de la Oficina de Medidas Adecuadas, por parte de la Justicia, y la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Municipio. En tanto, el Instituto de Planificación Municipal (IPLAMU) informará mensualmente qué programas y espacios municipales están disponibles para este tipo de acciones.
De la firma participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo, junto a los vocales Luis Rubio y Jessica Valentini, mientras que por el Municipio estuvieron presentes el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, y el director ejecutivo del IPLAMU, Juan Carlos Mansilla.
Según se informó, el convenio busca dar respuestas más rápidas y ordenadas, evitar trámites innecesarios y fortalecer el trabajo conjunto entre la Justicia y el Estado municipal, con foco en la responsabilidad, la reparación del daño y la convivencia social.
