La justicia porteña confirmó la legalidad de Uber: no comete ninguna contravención
El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el fiscal Martín Lapadú y confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones.
Dos juzgados de CABA fallaron a favor de la app al considerar que no es una falta manejar usándola y que no se puede retener la licencia a los conductores. |
Cedoc Perfil
En una sentencia absolutoria, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de Uber, confirmando que la empresa de tecnología no cometió, ni comete, ninguna contravención, su actividad no se encuentra regulada en la Ciudad Buenos Aires y es absolutamente legal. De esta forma, todas las medidas cautelares impuestas en la Ciudad contra la compañía -bloqueo de uso tarjetas de crédito y bloqueo de la aplicación, entre otras- quedaron sin efecto.
Todas las acusaciones públicas contra Uber se basaban en el supuesto "uso indebido del espacio público con fines lucrativos sin autorización", una contravención que no aplica en absoluto a la actividad de Uber tal como acaba de confirmar el TSJ. El Tribunal concluyó su decisión diciendo que "(…) debe considerarse que ese servicio de intermediación [prestado por Uber] forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es el servicio de transporte".
Con esta resolución, el TSJ rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto el Fiscal Lapadú, y confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA de mayo 2019. Esta sentencia absolvió también a todos los directivos de la compañía, informó Uber.
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"La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo capítulo que será positivo para todos: quienes quieren moverse mejor por la ciudad y también para los que buscan en la tecnología una oportunidad económica”, señaló Felipe Fernández Aramburu, Head Regional de Uber para Cono Sur. Y agregó: “Queremos seguir mejorando la ciudad, con vocación de diálogo junto a los más de 2 millones de usuarios y más de 75.000 socios conductores”.
El Tribunal ratificó uno de los criterios que había sido expuesto por los jueces de la Cámara de Apelaciones al sostener que “la organización de un sistema de transporte a través de una aplicación como Uber no encuadra en el uso del espacio público tipificado en los arts. 86 y 74, CC como lo pretende la acusación”, y que “la Fiscalía no logra refutar esa interpretación de la Cámara, que no es irrazonable ni carece de fundamentos, más allá de que se la comparta o no”.
"En su recurso de inconstitucionalidad, el Fiscal de Cámara sostuvo que la Sala interviniente había hecho una errónea interpretación de la normativa aplicable, y convertía a la resolución adoptada en un acto de pura autoridad que afectaba el sistema republicano de gobierno, el principio de razonabilidad y supremacía constitucional, el debido proceso, la garantía de acceso a la justicia y el principio de división de poderes y denunció gravedad institucional", dice el documento.
La sentencia advierte que la definición de cómo deberían operar las compañías tecnológicas que presten estos servicios es competencia de otros poderes del Estado y que "la falta de un régimen legal y reglamentario que defina los marcos en que debe actuar viene generando problemas muy distintos, afectaciones a derechos individuales y colectivos, conflictividad con otros prestatarios de transporte, todo lo cual debe tratarse en conjunto y frente a los que la respuesta penales es siempre insuficiente".
