Luego que la empresa Uber Argentina informara que volvía a operar con tarjetas de crédito, el Ministerio Público Fiscal porteño salió al cruce del tema, recordando que en caso de que los plásticos vuelvan a operar con Uber, los directivos de las empresas podrían incurrir en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código de Penal de la Nación.
Esto se debe a que si bien la empresa había comunicado a sus usuarios que volvería a aceptar pagos con tarjetas de crédito luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad revocara una sentencia impuesta contra la aplicación de transporte, ahora la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la zona Oeste, interpuso un recurso extraordinario de inconstitucionalidad que está tramitando ante el Tribunal Superior de Justicia.
Dicho Tribunal deberá expedirse durante la primera semana de marzo, antes de que prescriba la acción contravencional. Por lo tanto, el fiscal Martín Lapadú enfatizó que la medida restrictiva interpuesta por la Cámara de Apelaciones se encuentra vigente hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre la causa.
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En otro orden, el jueves pasado el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Jorge Omar Viviani, dijo que el gobierno porteño "juega al distraído" ante los reclamos de los taxistas por el funcionamiento de las aplicaciones de Uber, Cabify y Bea. En ese marco, el dirigente gremial anunció que la semana próxima habrá una nueva movilización en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
"Mientras el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, nos anunció que no van a registrar a esas plataformas empresarias, el gobierno de la Ciudad sigue jugando al distraído", cuestionó Viviani en declaraciones formuladas a Télam. Por lo tanto, advirtió, continuarán "con el plan de lucha con movilizaciones, hasta que el gobierno porteño tenga la firme voluntad política de erradicar las aplicaciones piratas" que pusieron a la actividad "al borde de la extinción, con la consecuente pérdida de fuentes laborales y el cierre de más de 120 pymes".
En ese sentido, Viviani añadió que "la organización sindical dispuso el estado de alerta y movilización y que la marcha frente a la ex sede gubernamental de Bolívar 1 se concretará la semana que viene", con fecha a definir. La última protesta de los taxistas fue el pasado jueves 23 de enero.
J.D./HB
