La Cámara Federal de Tucumán debe definir quién investigará una denuncia formulada contra la policía tucumana por violencia institucional en el marco de la implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por decreto presidencial en marzo pasado. Se trata de la misma fuerza ya investigada por el asesinato de Luis Espinoza, el peón rural cuyo cuerpo fue hallado en la vecina provincia de Catamarca, en mayo, tras una semana sin rastros.
En este caso, la denuncia parte de un hábeas corpus presentada por una dirigente social tucumana vinculada a la red que lidera Juan Grabois, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep). El pasado 9 de abril, María Dolores del Valle Vera Amate Pérez fue detenida y privada de sus derechos constitucionales en un operativo del Grupo de Operaciones Motorizadas de la provincia por oficiales que se negaron a identificarse, acorde a su testimonio.
En el expediente figura que aquel día, a las 18.45, la interceptaron a bordo de su vehículo en el cruce de avenida Belgrano y Saavedra y fue "maltratada verbalmente" sin darle oportunidad a explicar la "urgencia" que la había llevado a incumplir con la cuarentena obligatoria. Argumenta, la aludida, que llevaba alimentos a una familia "con necesidades básicas, que padecía hambre". Además, le secuestraron la documentación del vehículo luego de obligarla a conducir hasta el Palacio de Deportes del Parque 9 de julio.
Argumenta, la aludida, que llevaba alimentos a una familia "con necesidades básicas, que padecía hambre" pero que no le dieron oportunidad de explicarse
"Me condujeron en modos que dejaron mucho que desear, ya que la oficial que iba sentada en el asiento de atrás en el auto, mientras yo manejaba, me gritaba constantemente y las motos que me iban custodiando, embestían contra el vehículo como que me chocarían", alegó la denunciante. Una vez allí, le negaron la posibilidad de un defensor público y la obligaron a firmar un acta cuya copia no le entregaron además de retener su vehículo durante cinco días. Así consta en su presentación.
“Hasta hoy no fui citada ni pude informarme si es que efectivamente le dieron intervención sobre mi detención. La cuarentena me impide acceder a un defensor oficial para reclamar mi derecho a presentarme ante usted. Y lo que es peor temo que se me detenga y me ocurran cosas peores", expresó la dirigente en su solicitud de hábeas corpus.
Tras el rechazo inicial por parte del juez federal de primera instancia Fernando Poviña, por entender que debía remitirse al ámbito provincial, la Cámara Federal demandó que investigue la presunta violación de los derechos constitucionales por parte de la Policía de Tucumán. En consecuencia, el magistrado citó a una primera audiencia virtual a las partes involucradas, entre ellas, al jefe de la fuerza policial quien envió una nota, en su lugar, negando todo conocimiento sobre la detención de Vera Amate Pérez. Ante la insistencia del magistrado, en una segunda audiencia, un subalterno participó en su nombre y reconoció el operativo aunque negó todo cargo, lo calificó como "de rutina" y afirmó que la dirigente "no quedó detenida en ningún momento".
"Hasta hoy no fui citada ni pude informarme si es que efectivamente le dieron intervención sobre mi detención. Temo que se me detenga y me ocurran cosas peores"
Las versiones contrapuestas condujeron al juez a consultar a la fiscalía provincial a fin de indagar sobre los hechos sucedidos aquel 9 de abril ya que, por disposición del gobierno local, las infracciones al artículo 205, en el marco del ASPO, se remiten a esta instancia. Sin embargo, el fiscal en cuestión negó todo conocimiento de la denunciante y abrió una tercera versión sobre los sucesos. Pese a que el juez Poviña decidió finalmente conceder el hábeas corpus a Vera Amate Pérez y remitir su denuncia contra la fuerza provincial al fiscal local, el letrado de la dirigente apeló bajo el argumento de que el presunto delito cometido es de índole federal y que debe ser la justicia federal la que lo investigue.
En su fallo, el juez Poviña describió el hábeas corpus como de carácter "preventivo" aunque subrayó que mantiene "el criterio adoptado en resolución de fecha 11/6/2020, en cuanto considero que la Justicia Federal no resulta competente para entender en la presente causa, toda vez que los agentes policiales que tuvieron participación en los hechos antes relatados pertenecen a la Policía de Tucumán". Asi el expediente arribó en consulta a la Cámara Federal que debe resolver ahora los pasos a seguir.
De momento, el fiscal general en dicha instancia, Antonio Gómez, ya se expresó en desacuerdo con la última valoración del juez Poviña en cuanto a que "las amenazas de detención invocando un supuesto delito federal" está contempladas por el artículo 3 de la ley 23.098, de Procedimiento de Hábeas Corpus, lo que determina su aplicación cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública.
El juez Poviña describió el hábeas corpus como "preventivo" aunque subrayó que mantiene su criterio de que es una causa en la que "la Justicia Federal no resulta competente"
"La emergencia es el motivo del ASPO, independientemente de este preocupante fenómeno que afecta la seguridad pública mediante los cuales la historia nos presenta argumentos y pretextos para alejarse del sistema democrático republicano", señaló Gómez. Y añadió: "No podemos olvidar nuestra historia reciente que por razones distintas se desató un genocidio ante la mirada impasible de un Sistema de Justicia Federal que se limitaba a rechazar o declarar la incompetencia de decenas de habeas corpus ante casos que guardan similitud al hecho hoy denunciado."
Con esto presente, el fiscal general ante la Cámara Federal ya se expresó a favor de que la justicia federal avance en la investigación de los presuntas violaciones cometidas por la fuerza provincial sin demorarse en el debate respecto a la naturaleza provincial o federal de los delitos contemplados. En paralelo, reiteró que se convoque, una vez más, al jefe de la fuerza tucumana para dar explicaciones sobre los hechos que involucran a sus subalternos en la aplicación del decreto presidencial.
MB / DS
