"Derecho universal e inalienable"

"Verdaderas catedrales de agua": la Iglesia pidió frenar cambios en la Ley de Glaciares

La Comisión Episcopal instó a los legisladores a actuar con "solidaridad intergeneracional" y a escuchar a científicos y comunidades locales antes de avanzar con cualquier cambio.

Ley de glaciares Foto: CEDOC

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, publicó una carta abierta dirigida a diputados y senadores nacionales ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el texto, el espacio eclesial expresó su “profunda preocupación” y exhortó a “anteponer el bien común a los intereses particulares”, en un contexto en el que distintas voces del arco político plantean revisar la normativa vigente, la cual es "fruto del consenso político, social y científico". 

En la misiva, la Pastoral Social recordó que la actual Ley de Glaciares “establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo” y subrayó que la norma representa “un hito fundamental en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras”.

El documento insiste en que “los glaciares no son simples recursos económicos”, sino “fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, y los define como verdaderas “catedrales de agua” que sustentan a las poblaciones, las actividades productivas y la biodiversidad de vastas regiones de nuestro país.

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“Los desastres naturales no son causados exclusivamente por su propia naturaleza, sino también por un uso y consumo desconsiderado de los recursos del planeta”, sostiene el texto dirigido "a quienes el pueblo ha confiado la noble tarea de dictar las leyes que aseguren la justicia, la paz y el respeto a la Constitución Nacional".

La Comisión remarcó que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, ya que “determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. En ese sentido, advirtió que cualquier afectación impacta “primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias”.

“La Iglesia tiene una responsabilidad de respeto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo”, subrayó la entidad. 

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En este sentido, reafirmamos que "el agua que mana de estos reservorios naturales, es un derecho universal e inalienable" porque "el derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo". 

 

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El texto retoma además conceptos centrales de la Doctrina Social de la Iglesia y de la encíclica Laudato Si’, al señalar que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. Bajo esa premisa, llamó a promover “una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.

Entre los puntos concretos, la Pastoral Social exhortó a los legisladores a “mantener y fortalecer el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la Ley de Glaciares” y a escuchar “la voz de las comunidades locales y de los científicos” en cualquier debate parlamentario. También reclamó que se respete el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú en eventuales discusiones sobre explotación de recursos.

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La misiva alerta que “el planeta ha entrado en la era de la Bancarrota Global del Agua” y que parte del capital hídrico, “ríos, lagos, acuíferos, humedales, suelos y glaciares”, fue dañado “hasta perder perspectivas realistas de recuperación total”. “Ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundo”, sostiene el texto. 

La Comisión apeló a la responsabilidad histórica de los representantes y citó al Papa Francisco: “no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas”.

"Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza", concluyó la Comisión Nacional de Pastoral Social Conferencia Episcopal Argentina.

 

RM/LT