La investigación contra Zapatero golpea a Sánchez y complica su camino hacia la reelección en España

Cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, logró revertir una amplia desventaja en las encuestas para mantenerse en el poder en 2023, contó con un aliado decisivo: su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tres años después, los problemas judiciales del exmandatario amenazan con convertirse en un serio obstáculo para las aspiraciones de reelección de Sánchez el próximo año.

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Zapatero fue señalado la semana pasada como investigado en un caso de supuesta corrupción en la Audiencia Nacional de España. La noticia dejó profundamente sacudidos a muchos dentro del partido gobernante, según varios altos funcionarios.

En los 15 años transcurridos desde que abandonó la primera línea política, el exmandatario se convirtió en un ícono para la izquierda española y algunos socialistas lo consideran una brújula moral. Ahora comienza a transformarse en una carga electoral.

Aunque Zapatero no ha sido imputado formalmente y niega cualquier irregularidad, el daño a su reputación ya está sacudiendo a la cada vez más frágil alianza que ha permitido a Sánchez mantenerse en el poder durante ocho años.

Sin un presupuesto aprobado desde las últimas elecciones, con los casos de corrupción acumulándose y los aliados alejándose, los nacionalistas vascos instaron a Sánchez a convocar elecciones anticipadas para dar un necesario reinicio a la política española. La Coalición Canaria hizo un llamado similar el lunes.

“Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, afirmó Aitor Esteban, líder de los nacionalistas vascos, el domingo durante un acto partidario.

Préstamo de €53 millones

Zapatero, de 65 años y jefe del gobierno español entre 2004 y 2011, es el primer expresidente en ser investigado en una causa criminal. En una resolución divulgada la semana pasada, un juez de la Audiencia Nacional lo acusó de dirigir una “trama de tráfico de influencias” orientada a moldear políticas gubernamentales, lavar dinero y “obtener beneficios económicos” para él, sus dos hijas y otras personas.

El caso se remonta a 2020, cuando Plus Ultra, una pequeña aerolínea con vínculos con Venezuela, recibió un préstamo de €53 millones (US$62 millones) del gobierno español para enfrentar el impacto de la pandemia de Covid-19.

“La empresa no era estratégica”, afirmó Luis Garicano, economista de la London School of Economics que había presentado una denuncia sobre el caso cuando era eurodiputado de la oposición española. “Plus Ultra es lo que el Estado ‘emprendedor’ parece en la práctica”, agregó Garicano en una publicación en redes sociales, donde sostuvo que el préstamo era completamente desproporcionado respecto del tamaño del balance de la compañía y de su relevancia para los contribuyentes españoles.

Según el juez, Zapatero ayudó a asegurar el rescate financiero a cambio de pagos ilegales por casi €2 millones. El magistrado también vinculó al exmandatario con “operaciones internacionales de alto valor” de petróleo, oro y acciones con contrapartes en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.

Inicialmente, Zapatero había sido citado a declarar el 2 de junio, luego de que el tribunal ordenara allanamientos en su oficina y el congelamiento de algunas de sus cuentas bancarias. Pero el martes el juez modificó la fecha para el 17 y 18 de junio tras una solicitud de los abogados defensores.

Cuando se conoció la resolución judicial, Sánchez ordenó inicialmente a sus colaboradores defender a Zapatero, según los funcionarios, y en una primera reacción los portavoces socialistas acusaron al juez de actuar con motivaciones políticas. El propio Sánchez prometió “toda la colaboración con la justicia” mientras defendía “todo el respeto a la presunción de inocencia”.

“Su papel fue decisivo”

Sin embargo, tras analizar las pruebas detalladas incluidas en el expediente, dirigentes socialistas moderaron sus críticas y adoptaron una postura más cautelosa.

Muchos dentro del partido creen que la investigación terminará en nada por falta de pruebas, dijeron altos funcionarios, aunque otros empiezan a contemplar la dolorosa posibilidad de que Zapatero pueda ser culpable.

El paso de Zapatero por el poder terminó con una aplastante derrota electoral en 2011, con los votantes golpeados por el estallido de la burbuja inmobiliaria y el aumento del desempleo.

Sin embargo, con el tiempo muchos españoles pasaron a valorar las políticas sociales que impulsó durante sus siete años de gobierno, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo y medidas contra la violencia hacia las mujeres, además del fin de la actividad armada del grupo terrorista vasco ETA.

Los ministros valoraban su presencia en actos de campaña porque sabían que atraía público y les quitaba presión, dijo un ministro. Cuando Sánchez atravesaba dificultades antes de las elecciones de 2023, Zapatero lo llamó para ofrecerle ayuda y su aparición pública contribuyó a revitalizar la moral dentro del partido. “Su papel fue decisivo”, escribió Sánchez en sus memorias.

Pero Zapatero también genera el rechazo de sus adversarios, especialmente por su rol como intermediario con el gobierno de Venezuela.

Aunque el exmandatario ayudó a lograr la liberación de presos políticos, la oposición venezolana lo acusa de colaborar con el régimen de Caracas. Él describió a Delcy Rodríguez, quien sucedió a Nicolás Maduro tras su captura por parte de EE.UU. en enero, como una “amiga personal”.

También es uno de los principales defensores de estrechar vínculos con China, una postura que Sánchez ha promovido dentro de la Unión Europea. El opositor Partido Popular suele referirse a él como el verdadero ministro de Relaciones Exteriores de España.

“El panorama ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura”, afirmó Esteban, líder nacionalista vasco. “No hay proyecto, no hay rumbo”.