Caputo arma un rescate contrarreloj para pagar el vencimiento de deuda de enero

Deuda garantizada en deuda. Así es la estrategia que se sondea en el Ministerio de Economía para cumplir con el compromiso financiero del próximo 9 de enero, cuando habrá que pagar unos US$ 4.344 millones correspondientes al cupón de los bonares y globales reestructurados en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. La idea es aplicar los US$ 1.000 millones obtenidos la semana pasada a través del flamante Bono de la Nación Argentina (Bonar), como garantía de una nueva colocación de un Repurchase Agreement (REPO) con bancos internacionales (fundamentalmente norteamericanos). La intención es una operación fugaz y concretada antes que termine 2025 o en la primera semana de 2026, y conseguir entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, para terminar de cerrar la suma de divisas que se debe obtener para pagar el 9 de enero del año próximo los US$ 4.300 millones por el cupón de los bonares y globales emitidos en agosto de 2020 durante la reestructuración de deuda.

Hasta acá, y en las últimas operaciones financieras oficiales, el Gobierno logró obtener los 1.000 millones del Bonar, unos 800 millones por las licitaciones de cinco represas patagónicas, unos 300 millones por compras de divisas de cierre del año y otros 500 millones disponibles. Faltaría obtener unos US$ 2 mil millones para cerrar la cuenta y poder acercarse al monto final del pago del próximo año. 

En el Ministerio de Economía se transmite confianza y se espera que esta semana se terminen de desarrollar las alternativas posibles. Y de no concretarse la operación REPO (por el tiempo de ejecución, más que por problemas de confianza de los potenciales financistas), queda la alternativa siempre vigente de activar el swap pactado con los Estados Unidos y habilitar las líneas aplicadas al facilidades extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una vez explicada la manera en que se conseguirán los US$ 3.400 millones restantes para cumplir con el pago del vencimiento de enero, comenzará el debate sobre el próximo cumplimiento de pagos: el del 9 de julio, cuando se deban liquidar otros US$ 4.200 millones por el segundo vencimiento anual de los bonares y globales. Luego habrá una réplica de 2026 en 2027. En total, aproximadamente, Caputo deberá pagar por estos compromisos unos US$ 18 mil millones. En total, el Gobierno deberá conseguir, al menos, unos US$ 17 mil millones en dos años. La intención de Economía es volver en 2026 al mercado voluntario de deuda, pero cuando se perfore la frontera del riesgo país de los 600 puntos básicos y, en lo posible, se llegue por debajo de los 400 pb.

La estrategia original de Caputo diseñada con el JP Morgan sufrió en realidad un impasse técnico por los tiempos de elaboración de garantías del Tesoro de los Estados Unidos. Algo para lo que ahora hay más tiempo, ya que se abre la ventana del cronograma del lapso que va del 10 de enero al 9 de julio de 2027. En esas semanas se intentará reflotar el acuerdo con los bancos internacionales, sobre la base del buen cumplimiento argentino al haber cancelado la deuda del primer mes de 2026, más la posibilidad de instrumentar, ahora sí, un programa de pagos con el aval del Tesoro de EE.UU. Dependerá de la velocidad burocrática del gobierno de Washington.

Para el primer semestre de 2026, se espera también un cambio radical en la política oficial. El abandono, sí o sí, de la muy fallida estrategia de este año de no comprar dólares hasta que la divisa llegue al piso; durante ese tiempo el Tesoro podría volver a sumar dólares a las reservas propias. Luego, enfrentar el vencimiento del 9 de julio por más de US$ 4 mil millones, sin recurrir aún a la ayuda.

Si igualmente se necesitara de todo o parte del dinero de Donald Trump durante 2026 para cumplir con el vencimiento de enero, el mecanismo podría tener dos opciones. O un simple swap de monedas (mecanismo de recambio de pesos por dólares sin registro en la cuenta de pasivos monetarios) o una recompra de bonos en poder del Estado nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Lo importante de las dos alternativas es que, según la visión oficial (y la de la mayoría de los analistas del mercado), no necesitaría una ley que respalde la operación, ya que, técnicamente al menos, no se trata de incorporar nueva deuda, sino de recambiar vencimientos cortos por largos.