El presidente Javier Milei en su campaña electoral insistió en denunciar a la “casta” como principal responsable de los problemas y las crisis en el país y se comprometió a acabar con ella. Con el andar del Gobierno se descubrió que cuando el Presidente se refería a la casta no solo eran los partidos políticos y sus integrantes, sino que también eran muchos grupos, incluso los jubilados y sus reclamos. Así se conoció que quienes se oponían y diferían con el Gobierno eran considerados integrantes de la “casta”. Dentro de esta forma de llamar a ciertos grupos o personas implicaba aludir a una metodología de actuar que carece de transparencia y que es no solo oscura sino también sin normas. Por eso era señalada como algo que se debía acabar y eliminar. Después de la elección de octubre de este año, el Gobierno mejoró su representación en la Cámara de Diputados y el Senado, sin embargo, no tiene el número suficiente para poder imponer su voluntad sin ninguna necesidad de negociación. Frente a esto es elemental que debe ampliar sus apoyos y esto requiere negociar con sectores de las provincias y de legisladores que responden a sus gobernadores. La negociación ocurrió y está ocurriendo, pero no en forma transparente y visible para todos, sino que nuevamente la opacidad, el sigilo y la falta de transparencia están presentes, solo que ahora es el propio gobierno y sus integrantes los que la practican. Dice el refrán: “el pez por la boca muere” y parece que esto se aplica al Gobierno, solo que no le interesa, solo quiere obtener la mayoría para aprobar el presupuesto 2026, la reforma laboral y otras leyes de menor importancia, pero que son en respuesta al pedido de algunos sectores para aprobar el presupuesto. La reforma impositiva se postergó y no será incluida en las sesiones extraordinarias. Veamos cómo está ocurriendo todo esto. En primer lugar, el Gobierno planteó a los gobernadores aprobar y avalar el “Consenso de Mayo”, que incluye diez ítems claves, para lograr el cambio que desea implementar. Luego integró el llamado “Consejo de Mayo”, con uno en representación de los gobernadores firmantes, uno por cada sector del Parlamento: la Cámara de Diputados y el Senado, uno en representación de las organizaciones sindicales y otro de las entidades empresariales y el ministro Sturzenegger. Este grupo mayoritariamente integrado por afines al Gobierno produjo el proyecto de reforma laboral que solo tuvo la oposición del representante de las organizaciones sindicales Germán Martínez. Así es como llega al Senado este proyecto que la senadora Patricia Bullrich promueve y acumula consensos, en forma poco clara. Indirectamente el Gobierno Nacional aprobó el pago de algunos ATN que casualmente benefician a provincias “amigas” como Misiones, Chaco entre otras pocas. Además, y simultáneamente, se negocia en Diputados la ley de presupuesto 2026 que logró el apoyo en general, en base a negociaciones que implican compromisos explícitos o no, como la ley de glaciares o la promesa del pago de la deuda a la Ciudad de Buenos Aires, que en forma muy imprecisa se incorporó. Entre los votos a favor en general, existían objeciones en particular, especialmente por la incorporación en el artículo 75 de la abolición de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, que si bien fueron vetadas por el Poder Ejecutivo Nacional –PEN–, fue rechazado en el Parlamento y las leyes quedaron firmes. Pero, hasta ahora, el PEN no las reglamentó y menos aún les asignó presupuesto. A pesar de esto, el PEN incorporó el articulo 75 en el presupuesto con la eliminación de ambas leyes, tal vez para lo que ahora hizo, excluirlo como una forma de negociación para lograr el apoyo. Sin embargo, tanto estas dos leyes, como el apoyo a la atención pediátrica, incluido el Hospital Garrahan y otros reclamos básicos, ahora en el presupuesto aparecen muy reducidos e incluso con asignaciones que no garantizan su efectivo desarrollo. Por eso este presupuesto que todos: Gobierno y oposición quieren, es en realidad, un arma muy poco convincente. Mantiene la discrecionalidad de su ejecución en el criterio del Jefe de Gabinete y no en el Parlamento, que entre otros motivos, lo relativizan. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, no hubo presupuesto explícito, se prorrogó el del 2023 con la capacidad del Gobierno de modificar y reasignar partidas y sin la participación del Parlamento. La discrecionalidad fue muy grande y mientras el “no hay plata” era una respuesta a los reclamos, por otro lado, se aumentaron muy significativamente los fondos para la SIDE, la Secretaria General de la Presidencia y el sistema de información, todas áreas manejadas por el Gobierno Nacional con un fuerte interés en manejar los asuntos del Gobierno sin discutir y con gran poder político para negociar y armar la estructura partidaria que la LLA no tenía. Ahora el ministro del Interior consiguió que se le habilitara un fondo de $ 200 a 250 millones para poder responder algunos de los reclamos que le hicieron los gobernadores, frente al pedido para aprobar tanto el presupuesto 2026, como la ley de reforma laboral. Si bien no permitirá grandes aportes sí logra eliminar algunas objeciones. En esas conversaciones del ministro del Interior no sabemos bien qué, y cuánto se habló, pero suponemos en todos los casos que el reclamo era de fondos. Ahora esta asignación ayuda a generar el apoyo de los gobernadores, especialmente los más refractarios. Nuevamente las negociaciones no son transparentes, pero ahora las maneja el Gobierno Nacional. ¿Dejaron de ser atribuibles a la “casta” por eso?
