La designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa es un evento de relevancia en la arquitectura civil-militar de la Nación. Presti se convierte en el primer uniformado en encabezar el Ministerio desde la recuperación de la democracia en 1983.
Organismos de DD.HH., como Abuelas de Plaza de Mayo, señalaron que se trata de una “provocación” a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Exministros de Defensa se sumaron a la crítica: Agustín Rossi lo consideró un “enorme retroceso”, señalando que la designación involucra a las FF.AA. en el destino del Gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política. Oscar Aguad, exministro de Macri, cuestionó la designación de un militar en actividad, señalando –de manera inexacta– que “la ley no lo permite”.
La medida contó con apoyos dentro del espectro libertario, y aun fuera de él. El propagandista Agustín Laje sostuvo, sin apego a la evidencia histórica: “Qué lindo ver a un militar como ministro de Defensa (…) Pensar que el kirchnerismo te ponía en ese cargo a la montonera Nilda Garré”. Por su parte, el Tte. General (R) César Milani, exjefe del Ejército (2013-2015), afirmó que el nombramiento de un militar no es un retroceso, sino una decisión que el peronismo “debió haber tomado hace décadas”.
La controversia se agrava por el estatus castrense con el que Presti asumió el cargo, dado que no pasó a situación de retiro y lo hizo en condición de “disponibilidad”, lo que está contemplado en la Ley 19.101 de Personal Militar por un período de hasta seis meses.
El punto, más allá de lo administrativo, reside en la calidad de la conducción civil sobre el estamento militar y en la previsible politización de las FF.AA. La impronta militar en áreas que demandan una lógica de conducción civil conlleva el riesgo consecuente de que las FF.AA. entren a jugar en las internas del Gobierno (e incluso agudicen sus propias internas).
Las últimas semanas ofrecen ejemplos. El 30 de noviembre, durante la conmemoración del 50° aniversario del copamiento del RIM 29 de Formosa, se produjo un cruce entre Presti y la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuando el primero le transmitió que no debía efectuar un discurso; y Villarruel le contestó: “Usted es un subordinado mío, no me quiera dar órdenes”.
Otra escena de politización tuvo lugar el 6 de diciembre, cuando, tras el aterrizaje en Río Cuarto de los primeros cazas F-16, un militar le adhirió a uno de ellos una calcomanía de un león. Acto seguido, Milei se subió a la aeronave, todo ello en abierta contradicción con el Decreto 1084/2024, que prohíbe “la exhibición (…) de imágenes, símbolos (…) o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política”.
El malestar dentro de las FF.AA. se hizo sentir el día de la asunción de Presti. La ceremonia del 12 de diciembre estuvo marcada por las notables ausencias de quienes todavía eran jefes del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. (Brig. Xavier Isaac) y de la Armada (Alte. Carlos Allievi), ambos eyectados de sus cargos algunas horas después.
La designación de Presti se produce en un contexto de ofensiva negacionista del Gobierno. Su apellido está ligado a lo que Milei denomina “la demonización de las FF.AA.”, en referencia al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura (1976-1983). El padre del nuevo ministro, coronel Roque Presti, fue acusado de crímenes de lesa humanidad contra 44 víctimas y murió impune en 1993.
Aunque Carlos Presti no tuvo participación en dichos crímenes, su encumbramiento como ministro se materializa sin que haya manifestado ninguna autocrítica institucional (como hizo, por ejemplo, Martín Balza) sobre el rol del Ejército en los crímenes de la última dictadura. El nombramiento se produce, además, cuando la Argentina votó en la Asamblea General de la ONU en contra de una resolución condenatoria de la tortura “en todo momento y lugar”.
El test de los autogolpes. Ante intentos de autogolpe, como el asalto al Capitolio en Estados Unidos (enero de 2021) o al Planalto en Brasil (enero de 2023), la lealtad democrática y el profesionalismo de las FF.AA. resultan cruciales.
En Brasil, Bolsonaro fue condenado por liderar una conspiración que incluía planes para asesinar al presidente electo Lula da Silva. La investigación judicial concluyó que el golpe fracasó, en parte, debido a la falta de apoyo de los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea. En Estados Unidos, el politólogo Steven Levitsky (Harvard) sostuvo que el asalto al Capitolio fue un “intento de autogolpe incitado por Trump”, que fracasó porque el magnate fue “incapaz de conseguir el apoyo de los militares”.
La clave para la supervivencia democrática es que las FF.AA. permanezcan leales al poder constitucional. Una de las preocupaciones centrales de las relaciones civiles-militares en la Argentina actual es si Presti será el representante del Presidente ante las FF.AA. o el representante corporativo de las FF.AA. ante el Presidente. Incluso en un país como los Estados Unidos, admirado por Milei, un militar no puede ser nombrado como secretario de Guerra –salvo excepcionalísimas circunstancias– a menos que haya estado fuera del servicio los últimos siete años.
El riesgo es que la designación de Presti, impulsada por Karina Milei, conduzca a la situación que la sociología militar define como “control civil informal”. Este enfoque, de gran utilidad para estudiar el caso de Bolivia bajo los gobiernos del MAS, da un peso preponderante a la confianza personal entre líderes políticos y autoridades castrenses. Aunque el gobierno de Evo Morales descansó en el “pacto pragmático de coexistencia civil-militar” basado en la buena relación con los oficiales, el control se reveló endeble, facilitando el golpe de Estado de 2019.
Desnacionalización estratégica. Más allá de la reconfiguración del equilibrio civil-militar que supone la asunción de un uniformado, la designación profundiza la “desnacionalización estratégica” del gobierno de Milei, consistente en:
1. La conversión de las FF.AA. en una “Guardia Nacional” que cumpla el “mandato” estadounidense de adaptarse al modelo Crime Fighters, con funciones antidrogas y antiterroristas.
2. La ruptura del “consenso básico” de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, lo que conduce a la desprofesionalización castrense, con efectos perniciosos en materia de defensa nacional, particularmente en áreas de vital importancia como el Atlántico Sur.
3. La sumisión dogmática a los Estados Unidos: Argentina se posiciona como “correa de transmisión” de decisiones adoptadas en la Casa Blanca, subordinándose de modo irrestricto a la política de seguridad internacional de Washington en su pugna global con China.
Crisis interna y falta de estrategia
Presti hereda una profunda crisis interna. La obra social Iosfa está en situación de colapso, con una deuda acumulada de 250 mil millones de pesos, que ha derivado en la suspensión de tratamientos esenciales para pacientes oncológicos, trasplantados y personas con patologías severas.
A ello se suma la “sangría” de personal, con más de 19 mil bajas voluntarias debido a los sueldos insuficientes. El completamiento del proceso de jerarquización y equiparación salarial con las Fuerzas de Seguridad, implementado en sus primeros tramos por el gobierno anterior, ha sido abortado por la “motosierra de Milei”. Este es el contexto institucional en el que se inscribe la muerte de un granadero de 21 años en la Quinta de Olivos, quien –según lo informado por diversos medios– estaba angustiado por una deuda de 2 millones de pesos con entidades financieras.
Finalmente, en el plano estratégico, el Ministerio de Defensa no ha logrado aún –¡en más de dos años de gestión!– redactar su Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), documento que explicita la estrategia nacional de defensa. La carencia de este decreto clave implica el reconocimiento explícito de que la orientación defensivo-militar se instruye directamente desde Washington.
En definitiva, el nombramiento de Presti –según la información descrita– hace prever una politización creciente de las FF.AA. y una agudización indeseable del proceso de “desnacionalización estratégica” en curso desde diciembre de 2023.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Profesor de Relaciones Internacionales (UBA, UNQ, Unsam, UTDT). Exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).
