¿Cómo es el proyecto kirchnerista de quita de la deuda argentina para implementar en 2027?

Dicen los cercanos que es el capítulo sobre el que más se concentra hoy Cristina Fernández de Kirchner. Incluso más profundamente que en las cuestiones políticas que tienen que ver con la interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Aseguran que la ex presidenta consultó a varios expertos tanto en deuda como en acciones jurídicas, para saber qué tan cierta y posible es la alternativa que tiene en mente. Y que cada tanto frena a su hijo Máximo, que busca una salida aún más revolucionaria que la que Cristina tiene en mente y diseña en sus largas horas de condena en su domicilio de prisión.

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia de normalización financiera y busca recuperar el acceso pleno al crédito internacional, en el principal espacio opositor comienza a tomar forma una propuesta de sentido exactamente contrario: revisar el origen de parte de la deuda externa argentina y dejar de pagar aquellos compromisos considerados de naturaleza “política” o “ilegítima”.

Obviamente no se trata de ningún proyecto de ley ni, aún, de una plataforma formal. Pero sí de una línea de trabajo dictada por la ex presidenta, para que dirigentes del kirchnerismo y sectores del peronismo afines estén al tanto. Y que eventualmente respeten como las tablas sagradas de la propuesta de gobierno para el 2027. La idea parte de una premisa: distinguir entre la deuda tomada para financiar al Estado o inversiones y aquella contraída, según esta visión, por razones geopolíticas o para sostener gobiernos específicos. Por ejemplo, los de Mauricio Macri y Javier Milei.

Un planteo similar fue propuesto recientemente por el exdirector de Aduanas y exsecretario de Política Tributaria, Guillermo Michel, uno de los principales referentes económicos del peronismo para la campaña de 2027. Michel sostuvo que una futura administración debería dejar de pagar la parte “política” de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, argumentando que el organismo violó su propio estatuto cuando otorgó el préstamo récord concedido durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Sus declaraciones se apoyan en cuestionamientos que distintos economistas vienen realizando desde hace años respecto de la legalidad y los objetivos de aquel programa.

La discusión gira originalmente alrededor del préstamo “stand by” por US$ 57.000 millones aprobado en junio de 2018, del cual finalmente se desembolsaron cerca de US$ 44.000 millones. Para el kirchnerismo ese crédito tiene un origen ilegal: el objetivo eminentemente político de sostener financieramente al gobierno de Mauricio Macri antes de las elecciones presidenciales de 2019 y evitar una crisis cambiaria que acelerara su derrota electoral. A ese dinero hay que sumarle los otros U$S 20.000 millones adicionales aprobados por el FMI en el acuerdo cerrado en abril del año pasado con el gobierno de Javier Milei, y que implican un acuerdo de Facilidades Extendidas del que ya se desembolsaron unos U$S 15.000 millones.Ese argumento fue reforzado incluso por la Oficina de Evaluación Independiente del propio FMI, que años atrás cuestionó el programa por considerar que se apartó de procedimientos habituales y que sus objetivos resultaron demasiado optimistas. Sin embargo, el organismo nunca declaró inválido el préstamo ni reconoció irregularidades que habiliten jurídicamente su desconocimiento. Por otro lado, el crédito ampliado durante el gobierno de Milei nunca fue siquiera debatido.

Sobre esa base, el kirchnerismo propone separar conceptualmente la deuda en dos partes. La primera correspondería a obligaciones financieras normales, que deberían seguir siendo honradas, y que se relacionan directamente con el porcentaje de deuda que le hubiera correspondido a la Argentina por su nivel de sociedad con el organismo financiero internacional. Concretamente, ese número no debería superar los U$S 25.000 millones. La segunda parte de la deuda sería aquella vinculada a decisiones políticas extraordinarias del Fondo y que, según esta interpretación, podría ser objeto de una renegociación mucho más agresiva o incluso de un desconocimiento parcial. Concretamente, a los planes de ayuda extra que se le otorgaron a la Argentina durante el gobierno de Macri y de Milei, y que excedan la cuota original y avalada que le hubiera correspondido al país por ser socio del FMI y por su nivel de aportes. Concretamente, serían unos U$S 40.000 millones que Argentina debería desconocer. O, por lo menos, replantear. O, como mínimo, renegociar tanto en plazos como en intereses. Y más allá de los 10 años de máximo que autorizan los estatutos del FMI en las únicas dos variables de créditos: stand by y facilidades extendidas.La doctrina de la “deuda ilegítima” es una idea que dentro del peronismo tiene sus años. Desde hace décadas distintos sectores sostienen que existen deudas “odiosas”, “ilegítimas” o contraídas en violación de normas nacionales o internacionales. La novedad consiste en que ese concepto vuelve a instalarse en un contexto político completamente distinto, con una deuda con el FMI que continúa siendo la mayor exposición crediticia de la historia del organismo y con un nuevo programa firmado por la administración Milei en 2025.

En esta visión, el eventual desconocimiento no abarcaría toda la deuda pública argentina sino únicamente aquella parte cuya génesis pudiera demostrarse como política.Los conomistas cercanos a esta postura sostienen que el propio estatuto del FMI prohíbe utilizar sus recursos para financiar salidas masivas de capitales o intervenir con fines políticos, por lo que consideran que existen fundamentos para discutir la legitimidad de parte de los préstamos de 2018 y de 2025. Ambos otorgados durante la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

Especialistas en derecho internacional y finanzas advierten, sin embargo, que trasladar esa idea a una decisión concreta sería extremadamente complejo. A diferencia de una sentencia judicial, los préstamos del FMI se encuentran respaldados por acuerdos internacionales aceptados voluntariamente por los Estados miembros. Argentina, además, continuó reconociendo esas obligaciones durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei mediante nuevos acuerdos y refinanciaciones, lo que fortalece la continuidad jurídica de la deuda. En consecuencia, un eventual desconocimiento unilateral difícilmente pudiera limitarse a una discusión técnica.La discusión todavía se desarrolla en el plano conceptual y político. Sin embargo, anticipa uno de los ejes que probablemente dominarán el debate económico de cara a las elecciones presidenciales de 2027: si Argentina debe seguir honrando íntegramente los acuerdos firmados con los organismos internacionales o si existe margen para impugnar una parte de esos compromisos sobre la base de su origen político o de eventuales irregularidades en su concesión.

Como novedad, desde el kirchnerismo se considera que la deuda privada no es pasible de negociaciones. Y que se debe mantener el esquema de renegociación planteado en el acuerdo cerrado en octubre de 2020, en el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. Se considera que esa deuda es manejable, y que deshonrarla sería ruinoso para la cantidad de acreedores locales que tienen estos bonos. Incluyendo ANSES.El foco es el FMI. Para el kirchnerismo, ahí está el enemigo. Y ya lo dijo hace un tiempo el propio Máximo Kirchner, en un acto en Parque Lezama en junio pasado: “No hay manera de que la mayoría de los argentinos vivan mejor si la deuda externa argentina no es reestructurada. No hay manera de hacer frente a los vencimientos externos y al mismo tiempo prometerle a la gente que tendrá mejor educación, salud, acceso a la tierra y a la vivienda”. La sola existencia de esta frase implica que la deuda argentina que vence en 2027 valga tres puntos porcentuales menos que la que debe liquidarse en octubre de 2028. Y eso que aún no es pública la propuesta en la que trabaja Cristina Fernández de Kirchner en su arresto domiciliario.