Meta pagará hasta 17.100 millones de dólares y limitará el uso de Instagram y Facebook para los adolescentes

Meta acordó el miércoles 26 de agosto pagar hasta 17.100 millones de dólares y modificar el funcionamiento de Instagram y Facebook para sus usuarios adolescentes, ante una coalición bipartidista de 51 fiscales generales. La negociación puso fin al juicio civil que se tramitaba ante la Corte de Distrito para el Distrito Norte de California, en Oakland.

No se trata de una condena. El texto es una propuesta que requiere aprobación judicial mediante una sentencia por consentimiento, y establece que Meta no admite responsabilidad ni la comisión de ilícito alguno. El documento agrega que no puede ser interpretado como fijación de un estándar de conducta ni como precedente en ningún estado no participante ni en ninguna jurisdicción internacional, y que las partes renuncian a apelar.

La coalición reúne a los fiscales generales de 47 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. Quedaron fuera Florida, Nuevo México y Texas, que litigan por su cuenta.

El origen es una investigación conjunta iniciada en 2021 sobre el diseño de las plataformas dirigidas a chicos y adolescentes. El 24 de octubre de 2023, 29 estados demandaron a Meta ante el fuero federal de California; otra decena de jurisdicciones lo hizo en tribunales estaduales, hasta sumar 42 fiscalías. La acusación central sostiene que la empresa diseñó funciones para inducir el uso compulsivo de menores con el objetivo de aumentar sus ingresos publicitarios, que documentó internamente los daños a la salud mental que eso provocaba y que engañó a usuarios, familias y público sobre la seguridad de sus productos. El caso invoca la ley federal de privacidad infantil COPPA y las leyes estaduales de prácticas comerciales desleales y engañosas.

El entendimiento se cerró al día siguiente de la declaración de Adam Mosseri, jefe de Instagram. Mark Zuckerberg figuraba en la lista de testigos y no alcanzó a declarar.

El monto y su condición

La cifra de 17.100 millones es un techo. Meta pagará a los estados al menos 12.100 millones a lo largo de diez años, y los 5.000 millones restantes quedan sujetos a que las otras grandes plataformas asuman las mismas obligaciones. California recibirá entre 1.500 y 2.100 millones de dólares; el Distrito de Columbia, entre 90,4 y 129,4 millones. Dentro del total, 459,3 millones corresponden a un reclamo distinto y anterior: el que cuatro jurisdicciones mantenían por el caso Cambridge Analytica.

El acuerdo identifica a las tres empresas que deben adherir. Las llama "miembros centrales de la industria" y son Snap, TikTok y YouTube. Para que se libere el dinero condicionado no alcanza con que adopten medidas equivalentes: además deben someterse durante cinco años a una auditoría independiente, aplicar sistemas de verificación de edad no menos estrictos que los de Meta, y aquellas con ganancias anuales superiores a 10.000 millones de dólares deben asumir obligaciones monetarias equiparables ante los mismos estados.

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La condición no se limita al dinero. Si esas tres plataformas adhieren, el régimen de Meta pasa a una segunda fase: el límite diario de uso deja de ser de dos horas combinadas y pasa a sesenta minutos por aplicación, con un tope conjunto de dos horas, y el bloqueo nocturno se amplía de la franja de medianoche a seis de la mañana a la de diez de la noche a siete de la mañana.

El mismo día del anuncio, Meta publicó una carta abierta dirigida a sus competidores. Su director legal, C.J. Mahoney, presentó lo firmado como un nuevo conjunto de reglas para el uso adolescente de las redes sociales acordado con un grupo bipartidista de fiscales.

Las medidas

Las obligaciones alcanzan a los usuarios de entre 13 y 17 años, la franja que el acuerdo define como adolescente. Los menores de 13 no deben estar en las plataformas: Meta se compromete a desarrollar un modelo para detectarlos y removerlos, con metas anuales de remoción fijadas junto al auditor.

El límite diario es de dos horas de uso acumulado entre Instagram y Facebook, con reinicio a la medianoche según el huso horario del dispositivo. No computan dentro de ese tope el tiempo de mensajería, el acceso a configuración ni el consumo de contenido largo, definido como videos o audios de más de 22 minutos que no hayan sido estirados artificialmente.

El bloqueo nocturno rige entre la medianoche y las seis de la mañana, con las notificaciones silenciadas desde las diez de la noche hasta las siete. Durante el bloqueo, el adolescente conserva el acceso a los mensajes. En horario escolar, de 8 a 15 los días hábiles entre el 15 de agosto y el 15 de junio, se desactivan las notificaciones, aunque no el acceso.

A los cuatro meses de entrada en vigencia deben funcionar las pausas: un aviso tras cada quince minutos de uso continuo y pausas a los sesenta y a los noventa minutos de uso diario acumulado.

Se agregan la prohibición de mostrar a los adolescentes la cantidad de "me gusta" y reacciones, la desactivación de los filtros que simulan procedimientos estéticos, y la opción de elegir un feed cronológico sin algoritmo de recomendación, que la plataforma debe ofrecer al detectar una cuenta adolescente y volver a ofrecer cada noventa días.

Todos esos parámetros vienen por defecto y solo pueden flexibilizarse con autorización de un adulto vinculado por el sistema de supervisión parental, que además deberá fijar por cuánto tiempo rige la excepción.

En materia de contenidos, Meta deberá responder el 90 por ciento de los reportes de contenido potencialmente dañino dentro de las seis horas, en inglés y en español. La supervisión parental incluirá alertas cuando un adolescente realice búsquedas reiteradas de términos vinculados a conductas autolesivas o trastornos alimentarios.

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El cumplimiento queda a cargo de un auditor independiente elegido de común acuerdo entre la empresa y un comité bipartidista de hasta seis fiscalías, con acceso a datos, documentos internos y personal, y sin límites para comunicarse con los fiscales generales. Emite informes anuales, y ante cada falla detectada Meta debe presentar un plan de corrección. Una cláusula específica le prohíbe a la empresa hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre la eficacia de estas funciones.

La primera fase del régimen dura cinco años; la vigencia total del acuerdo, diez.

El costo para la empresa

Meta facturó 201.000 millones de dólares en 2025 e informó que registrará unos 10.000 millones de gasto legal en el tercer trimestre por este concepto. Su acción subió alrededor de 1,5 por ciento el día del anuncio. Antes del juicio, la compañía había señalado que los estados demandantes reclamaban hasta 1,4 billones de dólares en multas; los estados estimaron que la cifra realista se ubicaba cerca de los 200.000 millones.

El antecedente de marzo

La decisión de negociar llegó cinco meses después del primer veredicto adverso en esta materia. El 25 de marzo, un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles encontró negligentes a Meta y a Google por el diseño de sus plataformas, en una demanda iniciada en 2023 por una joven californiana identificada por sus iniciales, K.G.M. Los daños fijados fueron de seis millones de dólares, con un componente punitivo. Snap y TikTok habían llegado a acuerdos confidenciales en enero, en la víspera del juicio, sin admitir responsabilidad. Meta y Google fueron a veredicto. Zuckerberg declaró en ese proceso.

El punto jurídico central fue el encuadre de la demanda. Desde 1996, las plataformas se amparan en la Sección 230 de la Communications Decency Act, que las exime de responsabilidad por los contenidos que publican sus usuarios. La demandante no reclamó por contenidos sino por el diseño de los productos: el desplazamiento infinito, las notificaciones, los sistemas de recomendación que encadenan una reproducción con la siguiente. Ese encuadre buscaba sortear el escudo legal, y el jurado le dio la razón.

En Nuevo México, en paralelo, un jurado condenó a Meta a pagar 375 millones de dólares y a comienzos de agosto un juez la obligó a aportar 567 millones a un fondo de reparación.

Lo pactado en Oakland tampoco cierra el frente judicial. Siguen en trámite miles de demandas de particulares, distritos escolares y comunidades originarias, concentradas en el litigio multidistrital que tramita ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, la misma que debe aprobar este entendimiento.

Sin intervención legislativa

Las restricciones pactadas, límites horarios, bloqueos nocturnos y eliminación de funciones específicas, constituyen el tipo de regulación que en otros países fija una ley. En Estados Unidos no la fijó el Congreso, que discute reglas para las plataformas desde hace dos décadas sin haber sancionado una norma general. El resultado llegó por vía judicial, a partir de demandas individuales y de acciones de los fiscales de cada estado.

La diferencia de instrumento está escrita en el propio texto: el acuerdo aclara que no constituye precedente ni estándar de conducta fuera de los estados firmantes, no es admisible como prueba en otros juicios contra la empresa y no habilita a terceros a exigir su cumplimiento. Su vigencia depende del monitoreo pactado y del eventual regreso al tribunal.

El debate argentino

En la Argentina no existe una ley que regule el acceso de niños, niñas y adolescentes a las plataformas digitales. La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, abrió el debate el 2 de junio con una primera reunión informativa, con el objetivo declarado de unificar en un dictamen común los proyectos presentados por distintos bloques.

Entre ellos, el expediente 1114-D-2026, de la diputada María Jimena López, prohíbe la creación de cuentas para menores de 13 años, exige consentimiento parental entre los 14 y los 16 años y establece la verificación de edad a cargo de las plataformas como condición para operar en el país.

La vía elegida en Estados Unidos se apoya en condiciones institucionales específicas: jurados civiles con facultad de fijar daños punitivos, una industria del litigio masivo y fiscalías estaduales con recursos para sostener procesos de años contra empresas de escala global.