Asesores detenidos, carpetazos y doble vara: la guerra entre el PJ y la UCR paraliza el recinto de sesiones

La Legislatura sigue atrapada en la guerra de carpetazos y pases de factura entre el PJ y la UCR, que amenaza con prolongar la parálisis del recinto. El conflicto tiene como epicentro el reclamo peronista para que Alejandra Ferrero se aparte de su banca mientras se esclarece la causa judicial que involucra a un empleado legislativo. La respuesta radical fue cerrar filas y redoblar la apuesta: Rodrigo de Loredo y los 18 legisladores del bloque la ungieron como presidenta de la bancada.

La designación, adelantada por Perfil Córdoba y oficializada en la Casa Radical, cayó pésimo en el oficialismo. Mientras el PJ insiste en que Ferrero debe tomar licencia, la UCR interpreta la presión como una maniobra para condicionar a la bancada opositora. La pulseada desplazó la agenda parlamentaria y dejó a la Cámara sin actividad en el recinto.

Aunque hay contactos reservados para bajar la tensión, no existen garantías de que el hemiciclo vuelva a abrirse el próximo miércoles. La fecha que gana terreno es el 28 de octubre, lo que supondría más de un mes sin una sesión efectiva. Un interlocutor fue terminante: “Está todo roto y va a seguir tensionando”.

Ferrero, en el centro de la pulseada

Tras la decisión judicial de dictarle prisión preventiva al empleado legislativo Omar Ludueña, asignado al despacho de Ferrero, en una causa por supuesto abuso sexual, el PJ sostiene que la deloredista debe apartarse temporalmente hasta que se esclarezcan los hechos.

Leonardo Limia es una de las voces más firmes de esa postura. En el oficialismo califican el caso como “grave” y reclaman que la UCR aplique el mismo criterio que exigió cuando el ahora exlegislador Ramón “Cañito” Flores quedó envuelto en el escándalo por sus asesores con antecedentes penales graves.

La acusación de “doble vara” es uno de los ejes del enfrentamiento. Para el PJ, Ferrero y los halcones radicales no pueden exigir a otros una conducta que ahora rechazan asumir. La UCR, en cambio, considera que existe una persecución contra la legisladora y que el oficialismo busca forzar una concesión que no consiguió por la vía de los votos.

Una voz boina blanca describió el malestar por la designación: “Les cayó mal… Ellos están tratando de que se vaya y nosotros la nombramos presidenta de bloque”. En el radicalismo interpretan que el PJ pretende intervenir en la definición de sus autoridades. La respuesta fue cerrar filas detrás de la deloredista y sumó el respaldo de toda la oposición: 35 voluntades.

Cruces públicos y conversaciones subterráneas

La confrontación se trasladó a las redes sociales. Matías Gvozdenovich, que dejó la jefatura del bloque radical para asumir la conducción partidaria, acusó al peronismo de ocultar sus divisiones internas y apuntó contra el gobernador. “Para (Martín) Llaryora el Parlamento es mala palabra”, fustigó, antes de responsabilizar a Facundo Torres Lima y a Juan Manuel Llamosas por cerrar las puertas de la Cámara.

El jefe oficialista respondió con una chicana sobre la salida de Gvozdenovich de la titularidad de la bancada: “Te corrieron. Decí las cosas como son”. Después lo acusó de buscar “un golpe de efecto para seguir generando polémicas, sin importar toda la mugre que intentan esconder debajo de la alfombra”.

El radical Miguel Nicolás se sumó al fuego cruzado: “Facundo, no sesionando la Legislatura, ¿cuál es la mugre que no querés que se vea?”. Enumeró causas judiciales y controversias vinculadas con la excúpula policial y funcionarios provinciales, además de volver sobre el caso de Río Seco.

“Las causas, sin embargo, llegan hasta unas determinadas líneas de responsabilidades. Algo raro sucede con todos estos casos... las autoridades políticas quedaron fuera del expediente”, sostuvo. Y remató: “¿Hay impunidad para algunos? La Fiscalía Anticorrupción, bien gracias”.

En paralelo, el diálogo entre bloques no arroja resultados. Dentro del PJ también hay diferencias sobre la estrategia de no sesionar: mientras los sectores más duros sostienen el reclamo contra Ferrero, otros advierten sobre el costo político de paralizar el recinto. Las espadas legislativas evalúan cómo seguir y mantienen contactos con la vicegobernadora.

Del lado radical, la discusión incluyó una advertencia más extrema. Una fuente consideró “no descabellado” persistir en la denuncia de un bloqueo institucional, en sintonía con Gregorio Hernández Maqueda, quien planteó una eventual intervención federal. “Guarda. Puede ser que tenga conversaciones con el de arriba”, deslizó el boina blanca, en alusión al poder libertario. Por ahora, es fuego de artificio, no una acción formal de la oposición.

La agenda legislativa, rehén de la disputa

La última sesión con desarrollo fue la del 22 de septiembre, aunque terminó con el portazo del PJ. La reunión prevista para el 7 de octubre se interrumpió a los tres minutos, sin tratar la agenda. Desde entonces, se acumulan pliegos, pedidos de informes y otros proyectos.

Nicolás insiste en descontar el 12% de la dieta a los oficialistas que dejaron sin quórum a la Cámara. Oscar Agost Carreño, por su parte, advirtió sobre el bloqueo y depositó expectativas en una iniciativa del Ejecutivo: “Espero que este proyecto sea la llave para que se vuelva a abrir. Hay que salir de las peleas políticas para volver a legislar para los cordobeses”.

Se refirió así al proyecto para unificar el marco normativo de fomento industrial, presentado en comisión por el ministro Fernando Sibilla, que tuvo una recepción favorable entre los bloques opositores. La conducción de Verónica Navarro Alegre permitió encauzar la discusión sin imponer un despacho cerrado.

Sin embargo, el avance en comisión no despeja la incógnita: cuándo llegará la iniciativa al recinto. Algunos opositores destacan la voluntad de receptar propuestas; otros sospechan que la demora también responde a la decisión de no abrir la Cámara mientras siga trabada la pulseada por Ferrero. El proyecto aparece como una de las pocas iniciativas capaces de ofrecer una salida parlamentaria.

Una tregua incierta

El escenario más extremo es que la Legislatura no vuelva a sesionar hasta debatir el Presupuesto 2027. Eso supondría casi dos meses sin actividad. “La semana que viene no tenemos temas para tratar”, advirtió un opositor, salvo que el PJ acelere el dictamen del proyecto industrial para habilitar una sesión.

La pelea por los asesores, sus antecedentes judiciales y la responsabilidad política desplazó el debate parlamentario. Hay un puente tendido entre el PJ y la UCR, pero el diálogo no madura. Mientras ambos sectores miden fuerzas, la incógnita es cómo salir de esta encerrona sin que parezca una derrota. Por ahora, la pulseada sigue en primer plano y el recinto continúa paralizado.