Córdoba buscará bajar la imputabilidad a los 14 años y dar más rol a las víctimas

La Unicameral cordobesa abre el debate sobre un proyecto que representa una reestructuración operativa de la norma provincial 11.035. Con las firmas de legisladores de distintos bloques, la iniciativa busca adecuar el esquema procesal local al nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso de la Nación y, en paralelo, incorporar garantías procesales inéditas en la legislación subnacional.

El texto tiene como eje de mayor impacto político la baja en la edad de imputabilidad: de aprobarse, el fuero especializado procesará a adolescentes desde los 14 años, dejando atrás la barrera histórica de los 16. La modificación responde a la Ley Nacional N° 27.801 y sitúa a Córdoba a la vanguardia de las provincias que apuran su sintonía fina normativa antes de la entrada en vigencia plena del ordenamiento federal, prevista para septiembre.

La propuesta llega respaldada por un alto nivel de consenso político e institucional. Surgió del trabajo técnico de una mesa interinstitucional en la que confluyeron el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Senaf, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, especialistas universitarios y representantes de diversos espacios políticos.

El titular de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, confirmó que el debate formal arrancará de manera conjunta con la comisión de Niñez: “Hay un trabajo previo de una mesa interinstitucional donde participaron oficialismo, oposición, el Poder Judicial y la Senaf. Este proyecto tomó estado parlamentario tras meses de labor y es una base muy sólida que nos permitirá avanzar en las próximas semanas”, destacó el oficialista.

En la misma sintonía, la legisladora radical Brenda Austin valoró el consenso técnico alcanzado y puso el foco en la ejecución territorial: “La iniciativa tiene el respaldo de expertos que abordan a diario la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal”. 

“El cambio nacional obliga a Córdoba a prepararse, tener una buena ley y garantizar que la Senaf cuente con los recursos para intervenir, tanto en las medidas previas como en los centros de detención cuando esta sea el último recurso”, declaró a Perfil Córdoba.

Otra clave de la reforma

En el plano procesal, el proyecto introduce un cambio de paradigma para las víctimas de delitos cometidos por menores. En concordancia con la “Ley Joaquín”, se les otorga el derecho explícito a contar con asistencia jurídica gratuita, recibir información en lenguaje claro y ser escuchadas en instancias clave, como la concesión de salidas transitorias o el cese de medidas cautelares.

A su vez, la reforma consolida el principio de que la privación de la libertad debe ser una medida de último recurso. Fija como tope punitivo la escala correspondiente a la tentativa (reduce la pena del delito consumado de un tercio a la mitad) e institucionaliza herramientas alternativas, tales como el acompañamiento comunitario, las reglas de conducta en territorio, la mediación penal, los dispositivos de monitoreo remoto y pautas claras de conexidad cuando en el delito intervengan adultos y menores.

Con la apertura del trabajo en comisiones durante la jornada del miércoles —al que se sumarán otras instancias de análisis—, el Poder Legislativo proyecta tratar la ley de 29 artículos en el recinto el próximo 26 de agosto.