El fogoneo del juecismo de llevar sobre tablas la denominada Ley Fede detonó uno de los momentos de mayor tensión de la sesión de este miércoles en la Legislatura de Córdoba. La iniciativa impulsada por la legisladora Nancy Almada, que establece un abordaje integral y capacitación obligatoria en Condición del Espectro Autista (CEA), abrió un frente de fricción con el oficialismo. Se abrirá una nueva instancia en comisión para avanzar con un dictamen de mayoría.

La discusión escaló más allá del debate legislativo. Hubo reproches cruzados, cuestionamientos por el manejo político del proyecto y hasta insultos desde las gradas dirigidos a legisladores oficialistas. "Ratas", fue uno de los epítetos que se escucharon en el recinto y que terminaron interrumpiendo el desarrollo de la sesión.

El clima se recalentó al punto de que hubo amagues de retirar a quienes protagonizaban los incidentes. Sin embargo, esa alternativa podía convertir el episodio en un escándalo todavía mayor. La salida fue un prolongado cuarto intermedio para que los presidentes de bloque volvieran a sentarse y reevaluaran la situación.

El conflicto tenía un trasfondo político que ya había comenzado a tomar temperatura antes de la sesión. Almada había cuestionado en distintos medios que el proyecto no avanzara y demandó incluirlo en el temario para solicitar su debate sobre tablas y sin despacho de comisión, mediante una nota parlamentaria. Desde el juecismo sostuvieron que existía un compromiso previo del PJ para avanzar con la iniciativa y reclamaron que el oficialismo fijara una fecha concreta de tratamiento.

La presencia de familiares y representantes de organizaciones vinculadas a la temática en las gradas también formó parte de la escena política. Desde la oposición impulsaron que el oficialismo asumiera ante ellos el compromiso de poner fecha al debate. Sin embargo, en el PJ la presencia fue leída como una forma de presión sobre los legisladores, una interpretación que agregó otro componente de malestar a una discusión que ya había desbordado el plano estrictamente parlamentario.

Desde el oficialismo, en conversaciones de pasillo, acusaron a Almada de haber "mentido" en sus declaraciones públicas y negaron que existiera una decisión de bloquear la iniciativa. El legislador Marcelo Eslava buscó marcar esa posición en el tramo final de la sesión al plantear una cuestión de privilegio por las agresiones verbales que retumbaron en el recinto. 

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"Es una ley muy importante y la posición de nuestro bloque no es que estamos en contra. Solicitamos la posibilidad de dialogar cuando hay leyes de suma importancia, para tratar de sacar la mejor ley. Queremos volver a tratarla en comisión y abordarla conjuntamente con un proyecto de nuestro bloque", argumentó el oficialista.

El peronista también cuestionó el clima que se había generado en el recinto y apuntó contra los insultos desde las tribunas: "Yo mañana traigo 100 personas y hago un tumulto acá. Tiene que haber una discusión política, pero siempre respetándonos".

"Este bloque no va a votar nunca una ley que vaya en contra de la discapacidad", cerró. La advertencia buscó desmarcar al oficialismo de las acusaciones de obstrucción y devolver la discusión al terreno legislativo.

Cuarto intermedio en la sesión por la Ley Fede

Dos proyectos, una misma discusión

Detrás del cruce también hay una puja por el contenido y el alcance de las iniciativas. El proyecto de Almada propone una formación obligatoria, permanente y adaptada en TEA para agentes estatales de todos los niveles, profesionales de distintas áreas y personal de atención al público de empresas y entidades privadas.

La versión impulsada por la legisladora juecista va bastante más allá de la capacitación. Busca aprovechar las estructuras existentes del Estado provincial, evitar nuevas burocracias y garantizar respuestas concretas a las personas con autismo y sus familias. 

Entre sus principales puntos contempla un equipo móvil de crisis disponible las 24 horas, la continuidad de prestaciones y medicamentos, un sistema de cuidadores remunerados para familiares que debieron abandonar sus empleos y mecanismos de acceso automático a prestaciones ante la falta de respuesta estatal dentro de los plazos establecidos.

También incorpora medidas de inclusión en seguridad, justicia, educación y ámbitos privados, además de identificadores viales, facilitadores policiales y judiciales, incentivos y sanciones.

Por su parte, el oficialismo ingresó durante la sesión una iniciativa de autoría de Julieta Rinaldi, con el objetivo final de compatibilizar ambos proyectos. La propuesta establece capacitación obligatoria y gratuita en CEA para el personal de los tres poderes del Estado, con especial atención al sistema educativo y sanitario. También incorpora exigencias de formación certificada para quienes prestan servicios de atención directa a personas con discapacidad a través de APROSS.

Rinaldi y otros legisladores oficialistas vienen trabajando el tema con consultas a organismos provinciales que intervienen en la materia. La intención del PJ es que ambas iniciativas puedan confluir en un texto común, aunque la decisión de incorporar un proyecto propio también alimentó las suspicacias opositoras sobre los tiempos y la voluntad política del oficialismo.

Ley Fede: La oposición cerró filas y reclama al oficialismo que el proyecto llegue al recinto

La negociación después del escándalo

La salida al conflicto llegó con un compromiso de continuidad parlamentaria. Según confirmaron fuentes legislativas, el proyecto será tratado la próxima semana en comisión, donde se buscará compatibilizar la iniciativa de Almada con la presentada por Rinaldi.

La oposición había reclamado que el PJ fijara una fecha y asumiera ese compromiso frente a los familiares presentes. El oficialismo, en tanto, consiguió evitar que la discusión se resolviera sobre tablas y preservó su planteo de que la ley debe salir de un trabajo conjunto.

"La ley va a salir", aseguró una importante voz del oficialismo a Perfil Córdoba. La previsión es que el texto llegue al recinto durante alguna de las sesiones de diciembre que restan para completar el período legislativo, posiblemente el 9 o el 22. 

Al reanudarse el plenario luego de levantarse el cuarto intermedio, el jefe de la bancada oficialista Facundo Torres Lima calificó lo ocurrido como una "acalorada sesión". La Legislatura retomó entonces el tratamiento de los demás proyectos incluidos en el temario acordado, entre ellos la ampliación de varios radios municipales.

La discusión por la Ley Fede dejó, de todos modos, una señal política. El juecismo consiguió poner el tema en el centro de la escena y forzar al oficialismo a explicitar un compromiso de tratamiento. El PJ, por su parte, evitó una votación sobre tablas y logró encauzar la discusión hacia una instancia de negociación entre proyectos.

En el medio quedó expuesta una tensión que excede las diferencias técnicas sobre la redacción de la ley y se trasladó al plano político. Los insultos desde las gradas terminaron de recalentar los ánimos en el recinto. La promesa de que la ley saldrá funcionó como un principio de distensión, aunque el acuerdo definitivo todavía deberá construirse en comisión.