Justicia y Política

El fiscal General Carlos Lezcano negó que vaya a renunciar: “Eso no está en mi mente”

Así respondió a la consulta sobre los rumores de su alejamiento del cargo. Sostuvo que está trabajando a pleno con los fiscales adjuntos. Desde El Panal aseguraron que "no hay pérdida de confianza del gobernador". El Ministerio Público Fiscal está en una etapa de reacomodamiento.

. Foto: Cedoc Perfil

El fiscal general de Córdoba, Carlos Lezcano, desmintió las versiones sobre una eventual salida de su cargo, asegurando que continúa trabajando y al mismo tiempo negó conocer presiones políticas o internas hacia el interior del Ministerio Público Fiscal que motiven su remoción. Sostuvo que no está en su mente dejar la función.

Las declaraciones de Lezcano surgieron ante la consulta de Perfil CÓRDOBA y allí negó de manera categórica que tenga previsto renunciar a su cargo y salió al cruce de las versiones que circulan en las últimas semanas de un posible alejamiento. “No tengo pensado renunciar, eso no está en mi mente ni nunca estuvo”, dijo textualmente.

También afirmó que quienes hicieron trascender que podía dimitir antes de que se cumpla un año de su asunción en la Fiscalía General “no me consultaron”. “Son operaciones que hacen; juegan al gato y al ratón para ver cómo es mi reacción, si realmente estoy compenetrado con el trabajo”, sostuvo restándoles credibilidad.

Lezcano insistió en que continúa al frente de la Fiscalía General y que, hasta el momento, no recibió ningún pedido para abandonar su puesto. “Yo sigo trabajando”, afirmó. Y agregó que si “algún día, el gobernador quiere que yo renuncie, él me lo hará saber”. También remarcó que no está cansado ni enfermo. “Gracias a Dios estoy muy bien”, afirmó.

Este medio también consultó a fuentes de El Panal, quienes descartaron de plano la posibilidad de que Lezcano renuncie, “salvo que lo exprese él abiertamente, pero acá no hay pérdida de confianza del gobernador ni otras cuestiones”. Inclusive, los funcionarios consultados sostuvieron que una eventual salida del Fiscal General a propuesta del Ejecutivo sería “pagando un alto costo político”.

Además, ponderaron el aval que logró en la Unicameral, ya que a los votos positivos del oficialismo, sumó el apoyo del Frente Cívico. En ese sentido, Walter Nostrala, presidente de la bancada juecista, sostuvo en ese momento que entendían que Lezcano “no era un militante del peronismo” y que no hacían una valoración de la pelea que tuvieron el designado fiscal General y Luis Juez en 2003, cuando los exsocios del estudio jurídico rompieron y Lezcano entró a Tribunales como juez de Control.

Por su parte, un alto funcionario de uno de los ámbitos gubernamentales que tienen contacto directo con los operadores judiciales aseguró que la relación con Lezcano es “permanente, diaria”, y que el gobernador Martín Llaryora apoya al fiscal General y que así se lo hicieron saber.

El rol que desempeña Lezcano no es menor, ya que está a la cabeza de la trinchera judicial. De él dependen las fiscalías de toda la Provincia y las políticas criminales de persecución penal. Ese fuero tiene un protagonismo decisivo en la investigación del delito para evitar la impunidad, con un impacto directo en la percepción ciudadana de la inseguridad.

Lezcano asumió el 1 de abril pasado, a un mes de la implementación de la última gran reforma del Ministerio Público Fiscal: la creación de dos Unidades Fiscales de Flagrancia (UFF) que investigan con un protocolo que exige productividad y oralidad en los procesos con detenidos por ese tipo de delitos. Se sumó al Plan de Gestión Territorial, que se viene implementando en forma gradual desde hace tres años.

Todavía falta que se comuniquen los datos y estadísticas que midan si esta nueva organización mejoró o no el rendimiento del trabajo de las Fiscalías, si las UFF descomprimieron la acumulación de expedientes en las territoriales, que deben abocarse a los delitos de mayor complejidad que la simple flagrancia.

Un combo complejo

Los últimos femicidios, como el de Agostina Vega en Córdoba y de Rocío Gómez en Santa María de Punilla —que pusieron la lupa sobre el accionar judicial por condenas o denuncias previas— potenciaron la preocupación por la “diligencia” con que actúan los fiscales especializados en Violencia de Género. ¿Hay que mejorar los parámetros para medir la peligrosidad de un potencial femicida? ¿Son revisados los que están vigentes?  

El cúmulo creciente de causas por violencia familiar y de género motivó que la Fiscalía General decidiera, meses atrás, descomprimir a las Fiscalías especializadas en la materia. Se cambiaron los criterios para asignar los expedientes. Muchos hechos de violencia familiar pasaron a las Fiscalías Territoriales. Eso genera malestar en no pocos funcionarios de Tribunales 2. 

El cuadro se ve agravado por una contingencia: el conflicto salarial de los trabajadores judiciales, que este año se prolonga sin una salida a la vista y adquirió mayor densidad por la visibilización del malestar de funcionarios de la Justicia.

Las Unidades Judiciales son los ámbitos donde más se sintieron los paros y la afectación del servicio. A tal punto, que la Fiscalía General emitió un memorando durante los días de medidas de acción directa, rechazado por el gremio. Por algunas semanas la tensión está contenida. La Secretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria y el gremio la acató, pero el gobierno debe liberar más fondos para que el Tribunal Superior haga una oferta que pueda destrabar el conflicto.


Carlos Lezcano

-Nació en Córdoba el 30 de octubre de 1959.
-Es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal en Córdoba.
-Asumió como Fiscal General el 1 de abril de 2026 en reemplazo de Juan Manuel Delgado, con un mandato constitucional que se extiende hasta el año 2031.
-Es abogado desde 1992, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó un ejercicio libre de la abogacía entre 1993 y 2003, y fue empleado legislativo (asistente de bloque) entre 1994 y 1999. Se desempeñó como juez de Control y Faltas N° 5 de la ciudad de Córdoba (desde julio de 2003) y también trabajó como director en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba entre los años 2000 y 2003.
-Su pliego fue propuesto por el Poder Ejecutivo provincial y aprobado por la Legislatura a fines de 2025.