La Justicia de Córdoba dio un paso decisivo al certificar como proceso colectivo la demanda promovida por la Asociación Civil Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) junto a un grupo de asistentes contra las firmas productoras Jiménez Records SAS (que gira comercialmente como Universo Jiménez), U J S.A. y FEG Entretenimientos SA (Fénix Entertainment Group). La causa busca resarcir a miles de espectadores por la prestación incompleta del recital brindado por la cantante colombiana Shakira en el Estadio Mario Alberto Kempes en diciembre del año pasado.

La resolución judicial, dictada por el juez Civil y Comercial de 5a, Nominación. Ricardo Guillermo Monfarrell, encuadró el expediente en la categoría de derechos de incidencia colectiva por la existencia de intereses individuales homogéneos.

El show comenzó con un retraso de 40 minutos y se interrumpió antes de terminar.

Alertas meteorológicas, demoras y evacuación caótica

El desencadenante del conflicto judicial ocurrió la noche del 14 de diciembre de 2025, en el marco de la gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes, actividad eléctrica y granizo, voceros de la organización —entre ellos Carli Jiménez— informaron en redes sociales que el espectáculo no se suspendería por lluvia.

El concierto, cuyo inicio estaba anunciado para las 21:00 hs., comenzó con unos 40 a 45 minutos de demora. Cuando restaban cerca de cuarenta minutos para la finalización prevista, los organizadores interrumpieron de forma intempestiva el show aduciendo razones climáticas y encendieron los reflectores.

Carli Jiménez hizo un descargo al día siguiente del show.

La suspensión impidió el cierre artístico, narrativo y escenográfico del espectáculo, donde se concentraban los temas más esperados de la cantante, el despliegue de la "loba gigante" y los fuegos artificiales.

Tras el anuncio del corte del espectáculo, cerca de 40 mil asistentes debieron abandonar el predio bajo una intensa tormenta en un ambiente de desorden y sin guías o personal de asistencia adecuado, demorando entre una hora y hora y media en evacuar.

Al día siguiente (15 de diciembre), la productora ofreció vía correo electrónico entradas para una segunda función únicamente a un grupo reducido de compradores, omitiendo brindar respuesta o compensación uniforme al resto del público.

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Devoluciones, daño punitivo y daño moral

La demanda colectiva fijó un abanico de reclamos resarcitorios y punitivos para las personas que compraron su entrada o la tuvieron de cortesía/gratuitas.

Piden la devolución del 50% del valor abonado por la entrada para quienes la adquirieron de forma onerosa, y una compensación equivalente respecto a un valor de referencia para los accesos gratuitos o de cortesía.

También solicitaron una sanción ejemplar por obrar doloso e indiferencia manifiesta hacia la seguridad de los usuarios, solicitándose una multa equivalente a 10,5 canastas básicas totales para un hogar tipo 3 del INDEC a favor de cada consumidor alcanzado.

Por último solicitaron que se imponga a las  empresas organizadoras protocolos estrictos de prevención, información, seguridad y evacuación para futuros espectáculos masivos.