Ni fusilamientos ni debate real: por qué la pena de muerte es un "fantasma" que ya no puede volver
Luis María Bunge Campos publicó Historia de la pena de muerte en la Argentina, un valioso trabajo que analiza historia, debates y actualidad de una pena que, afortunadamente, se aplicó poco y nada en el país.
Aunque el debate sobre la pena de muerte parece una pieza de museo en la historia argentina, cada tanto aparece algún trasnochado legislador con necesidades de llamar la atención pública de algunos sectores y mantiene el tema bajo cierta luz de actualidad, aunque más no sea de forma simbólica.
Mientras en la Cámara de Diputados persiste la presentación solitaria de proyectos que buscan reinstaurar el máximo castigo, surge una pregunta inevitable: ¿es jurídicamente viable desandar el camino de los derechos humanos en el país? La respuesta no solo se encuentra en la letra fría de la ley, sino en la identidad que hemos construido como sociedad a lo largo de casi un siglo.
Este interrogante es el punto de partida del libro "Historia de la pena de muerte en la Argentina", donde su autor, Luis María Bunge Campos, cuenta los distintos casos de sentencias a muerte en juzgados y también explica el blindaje constitucional y los tratados internacionales que actúan como un cerrojo democrático contra esta práctica.
A través de un recorrido que va desde la última ejecución legal en 1935 hasta la derogación definitiva de 2008, Bunge Campos analiza por qué hablar hoy de fusilamientos es una anacronía similar a imaginar una ciudad Buenos Aires de calles angostas y tiempos de Carlos Gardel: un retorno al pasado que la estructura institucional y la memoria histórica de la nación ya no permiten.
Compartimos un fragmento de libro, que publicó Eudeba.
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Cuando miramos los proyectos de ley en trámite en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, podemos encontrar con un diputado que solitario brega por la reinstauración de la pena de muerte y presenta un proyecto por año.
¿Sería posible esa reimplantación?
La respuesta negativa se impone, por dos razones muy simples.
En primer lugar, se debe reformar la Constitución Nacional que ha incorporado a su texto a los tratados con jerarquía constitucional.
En segundo lugar, aunque se reformara la Constitución, quedaría la responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones contraídas con la comunidad americana tanto por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como por el Protocolo de Asunción.
No obstante ello, al revisar los proyectos en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, observamos que en solitario hay un diputado que presenta año tras año un proyecto para reinstaurarla. Es evidente que esto es inviable, por lo que únicamente ha de estar inspirado en propósitos electoralistas.
Podemos hacernos la pregunta acerca del alcance de la derogación de la pena de muerte en el año 2008, cuando no se aplicaba desde 1935. Para mí la respuesta trasciende el valor simbólico. Son las leyes las que nos definen como sociedad, mantener en nuestra legislación vigente una norma que permite quitar la vida de un ser humano, es toda una definición acerca de lo que somos. Eliminarla también lo es.
La pena de muerte ha desaparecido definitivamente de nuestro orden jurídico, hecho del que debemos mostrarnos orgullosos, es jurídicamente imposible su restauración por las razones que se expusieron, pero además hay una realidad histórica. Estamos hablando de una pena que no se aplica en forma legal desde 1935 en el caso del cabo Paz, las aplicaciones posteriores y alguna anterior fueron totalmente ilegales. Cuando se fusiló al cabo Paz no existía el obelisco. Por eso, hablar hoy de pena de muerte es lo mismo que hablar de Corrientes angosta, de Carlos Gardel vivo, nos remonta a noventa años atrás.
cp