La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó la aprobación de la nueva Ley de Biocombustibles para impulsar las inversiones, el empleo y el desarrollo de las PyMEs agroindustriales, pero el proyecto continúa atravesado por las diferencias políticas sobre el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil .
El pedido de la entidad, realizado el 18 de noviembre, quedó seguido por una sesión frustrada en la Cámara de Diputados, donde los legisladores alineados con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe no dieron quórum. La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, enfrenta así nuevos obstáculos para avanzar hacia su aprobación definitiva.
El pronunciamiento de CAME se conoció antes de una sesión en Diputados que terminó frustrada este jueves 19 de noviembre, cuando los legisladores alineados con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ingresaron al recinto, pero permanecieron de pie. A las 12.31, con 126 diputados sentados y tres bancas pendientes de cubrir, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por caída la convocatoria.
Aunque el proyecto de biocombustibles no figuraba en el temario, las diferencias sobre su tratamiento se sumaron a los desacuerdos por el Presupuesto 2027 y el Consejo de la Magistratura.
Para la entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas, la sanción de la ley permitiría agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y fortalecer las cadenas agroindustriales.
En su comunicado, CAME sostuvo que contar con reglas claras y previsibilidad resulta indispensable para aprovechar la disponibilidad de materias primas del país, ampliar mercados e incorporar tecnología. También destacó que el desarrollo de los biocombustibles puede generar nuevas oportunidades laborales y contribuir a una matriz energética más diversificada.
Ley de Biocombustibles: la disputa por el corte del gasoil que frena su aprobación
Uno de los principales obstáculos para avanzar con la reforma es el porcentaje de biodiésel que deberá incorporarse obligatoriamente al gasoil y la participación que tendrán las plantas productoras independientes. El proyecto aprobado por el Senado establece mantener inicialmente el corte vigente del 7,5% y elevarlo al 10% un año después de la sanción. Sin embargo, distintos bloques de Diputados impulsan modificaciones que profundizaron las diferencias entre los sectores involucrados.
El PRO, la UCR y el MID propusieron aumentar el corte obligatorio al 11% y extender hasta 2038 el cupo reservado a las plantas no integradas, mientras que desde el peronismo plantearon elevarlo al 12,5% y preservar la participación de esas empresas. La diferencia tiene consecuencias directas sobre el volumen de biodiésel que deberán adquirir las mezcladoras: por cada 1.000 litros de gasoil, el contenido actual es de 75 litros, pero pasaría a 100, 110 o 125 litros, según la alternativa que finalmente se apruebe.
En declaraciones al medio Surtidores, el diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, vinculó la falta de quórum con las diferencias entre las provincias y el Gobierno nacional. "Hubo una serie de provincias que habitualmente acompañaban al Gobierno, que en este caso no lo hicieron", señaló. El legislador también cuestionó la distribución de los recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, una discusión relacionada con los reclamos provinciales de financiamiento para obras viales.
La reforma también contempla un sistema de subastas para las compras de biocombustibles destinadas a cumplir con las mezclas obligatorias. Sin embargo, el impacto que los nuevos porcentajes podrían tener sobre el costo de reposición del gasoil dependerá de los precios que paguen las mezcladoras y de cuánto trasladen los proveedores a las estaciones de servicio. En ese escenario, CAME insistió en que los consensos alcanzados entre las provincias, las industrias y los distintos actores de la cadena productiva deben traducirse en una legislación que acompañe el desarrollo de las economías regionales.
Biocombustibles: el proyecto que sigue en comisión y las diferencias por el Presupuesto
La discusión también involucra al proyecto 1828-D-2026, presentado por el diputado cordobés Carlos Gutiérrez y acompañado, entre otros, por Gisela Scaglia, Juan Schiaretti y Juan Brügge. La iniciativa busca modificar el régimen establecido por la Ley 27.640, que regula los porcentajes mínimos de bioetanol en las naftas y biodiésel en el gasoil, además de los mecanismos de asignación de volúmenes y precios. Su objetivo es establecer condiciones de previsibilidad para atraer inversiones a una actividad con fuerte presencia productiva en Córdoba y Santa Fe.
El proyecto propone modificar los porcentajes obligatorios de mezcla, incorporar el autoconsumo de biocombustibles y cambiar las condiciones para habilitar empresas. También plantea reformular los mecanismos de fijación de precios y volúmenes, junto con la creación de un sistema único de licitaciones. La iniciativa permanece en comisión desde julio, con giro a Energía y Combustibles, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, sin haber obtenido todavía un dictamen.
La falta de avances legislativos se produce en medio de las diferencias entre el Gobierno nacional y los legisladores vinculados con las provincias productoras, que también mantienen reclamos relacionados con el Presupuesto 2027. Aunque la reforma de biocombustibles no integraba el temario de la sesión frustrada, el desacuerdo sobre el futuro de la actividad se sumó a las negociaciones políticas que impidieron alcanzar el quórum necesario para avanzar con otros proyectos.
En este escenario, CAME volvió a reclamar que el Congreso transforme los consensos entre provincias, productores e industrias en una nueva legislación. La entidad considera que un marco regulatorio actualizado permitiría fortalecer a las pymes agroindustriales, generar empleo y ampliar las inversiones en las economías regionales.
Por último, las diferencias sobre los porcentajes de mezcla, la participación de las plantas independientes y las negociaciones presupuestarias mantienen abierta la discusión sobre cuándo podrá avanzar la reforma.
GZ/ lr