Causa YPF: cuáles son los próximos pasos que debe definir la jueza Loretta Preska en Estados Unidos

La jueza Loretta Preska tiene en sus manos los próximos pasos clave en la causa por la expropiación de YPF, un expediente que avanza en Estados Unidos en la etapa de ejecución de la sentencia y que incluye definiciones sobre sanciones, desacato y pedidos de información (discovery) contra la Argentina. En las próximas semanas, el tribunal deberá resolver distintas cuestiones procesales.

Argentina presentó una declaración jurada sobre el oro del BCRA en la corte de EE.UU.

En ese marco, Petersen Energía y Eton Park rechazaron el pedido de la Argentina para suspender el discovery y frenar eventuales sanciones y un desacato en el juicio por la expropiación de YPF. Según el cronograma judicial, la Argentina presentará su réplica el 19 de febrero para rechazar el pedido de sanciones, y luego la jueza Preska quedará en condiciones de decidir. Desde Procuración del Tesoro informaron a este medio que en el caso de no suspenderlo, el país estará en condiciones de realizar uno nuevo y elevarlo a la corte de apelaciones.

Audiencia en abril, desacato y sanciones: las definiciones que vienen

El especialista en el caso, Sebastián Maril, informó a Perfil que “hay varios temas dando vuelta en la corte de Preska”, para luego detallar que uno de los hitos centrales serán las auciencias previstas para el 22 y 23 de abril, en el que se analizará si la República Argentina incurrió en desacato y, en ese caso, qué sanciones corresponden aplicar.

En paralelo, el tribunal también debe definir cuestiones vinculadas al discovery del Alter Ego, que involucra a varias empresas estatales (SOEs): Banco Nación de Argentina, Banco Central de la República Argentina, YPF y Aerolíneas Argentinas. Este proceso apunta a la obtención de información para vincularlos al país, algo que Argentina ya respondió en las últimas semanas señalando que son entes autárquicos, por lo que no pueden ser embargables en esta causa.

Otro de los ejes en discusión es el tema del oro. Maril explicó que estos asuntos, aunque relacionados, no necesariamente se resolverán en un único acto y que la jueza tiene margen para segmentar las decisiones.

Cabe recordar que la semana pasada, en cumplimiento de una orden judicial, el Gobierno presentó una declaración jurada sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ante la corte de la jueza Loretta Preska, allí advirtió en su defensa que, en el caso de revelar la ubicación o movimientos de las reservas, esto podría generar reacciones que afectarían directamente el manejo de las mismas, la gestión de liquidez y hasta el funcionamiento normal del Banco Central. En este caso lo que sostiene la defensa realizada por Procuración, es que no tiene posibilidad material ni legal de entregar esa información porque es confidencial y bajo el manejo del BCRA como ente autárquico.

Maril remarcó que la jueza va a decidir por separado si se suspende el discovery, una definición que no forma parte del juicio de abril. Según su análisis, esa resolución podría llegar en el corto plazo. Desde Procuración señalaron que "Argentina no 'apelaría' si Preska niega la suspensión, no hay instancia de apelación, se eleva un pedido de suspensión pero esta vez a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que es la instancia superior al tribunal de Loretta Preska".

Los antecedentes del juicio por YPF

El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino avanzó sobre la participación mayoritaria que estaba en manos de la petrolera española Repsol. A partir de esa decisión, se abrió un largo proceso legal que derivó en una demanda contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos.

El Gobierno pidió suspender la búsqueda de activos embargables en la causa YPF

Con el paso de los años, los derechos de litigio fueron adquiridos por los fondos Burford Capital y Eton Park, que acusaron al país de haber violado el estatuto de la compañía al momento de la estatización. La causa quedó radicada en la justicia norteamericana y se convirtió en uno de los mayores juicios financieros que enfrenta el Estado argentino.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización superior a los u$s 16.000 millones, a lo que se suman intereses. Desde entonces, el Gobierno apeló la sentencia y busca revertir el fallo en instancias superiores.

GZ / lr