Morosidad: las claves del proyecto del Gobierno que busca cambiar las condiciones de préstamos y tarjetas de crédito

El oficialismo buscará avanzar este miércoles 21 de octubre en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley sobre endeudamiento familiar, que propone nuevas reglas para los préstamos personales, las tarjetas de crédito y las operaciones de financiación. La iniciativa apunta a mejorar la transparencia de los costos, reforzar la protección frente a fraudes digitales y facilitar el cambio de acreedor. Sin embargo, su votación dependerá de que se mantenga el quorum necesario en el recinto, por lo que su tratamiento no garantiza que llegue a aprobarse durante la jornada.

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El texto forma parte del Orden del Día 433/2026, elaborado por las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. El dictamen de mayoría propone una Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores, que reúne iniciativas legislativas vinculadas con el acceso al crédito y el endeudamiento de los hogares.

El proyecto alcanzaría a bancos, entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito, billeteras virtuales, proveedores no financieros de préstamos y otras empresas que otorguen o intermedien créditos de consumo. El objetivo es que los usuarios puedan conocer las condiciones de financiación antes de contratar y comparar distintas alternativas sin que los costos relevantes queden ocultos.

Créditos y tarjetas: qué cambiaría con el proyecto de endeudamiento

Uno de los puntos centrales es la obligación de informar de manera clara el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), las tasas de interés, la cantidad de cuotas, los cargos adicionales y el monto total a devolver. El texto establece que el costo financiero no podrá presentarse con menor visibilidad que el valor de la cuota o las tasas promocionales utilizadas para ofrecer un préstamo.

También propone que las entidades detallen por separado los impuestos que encarecen el financiamiento, entre ellos el IVA, Ingresos Brutos, Sellos y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Para los préstamos de corto plazo o de difícil comprensión, las empresas deberán mostrar cuánto dinero recibirá efectivamente el cliente, cuánto tendrá que devolver y en qué fecha.

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Otro cambio permitiría que los consumidores consulten gratuitamente su perfil de riesgo crediticio y soliciten una liquidación completa de sus deudas. Esa información deberá identificar el capital original, los intereses aplicados, las refinanciaciones, los pagos realizados y el saldo pendiente. Además, se reconoce el derecho a cancelar anticipadamente los préstamos, bajo las condiciones que establezca la reglamentación.

Fraudes digitales, control de gastos y posibilidad de cambiar de acreedor

En las contrataciones digitales, la iniciativa exigiría doble validación de identidad y aceptación expresa de las condiciones del crédito. El silencio, la inacción o las opciones previamente seleccionadas no podrán considerarse consentimiento. También se establecerán procedimientos diferenciados para reclamar cargos indebidos, operaciones desconocidas y fraudes confirmados.

Las empresas deberán reintegrar los cargos reconocidos como indebidos y, cuando exista una controversia fundada, investigar el reclamo. Durante ese procedimiento tendrán que suspender los intereses y las gestiones de cobro sobre el importe cuestionado, además de informar al usuario sobre el avance y la resolución del caso.

El proyecto incorpora nuevas herramientas para las tarjetas de crédito. Los titulares podrán establecer límites de consumo inferiores a los autorizados por la entidad emisora, mientras que las plataformas que permitan compras de menores de 18 años con cargo a una tarjeta deberán notificar inmediatamente y sin costo al titular por cada operación.

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Otra de las claves es la portabilidad de los créditos de consumo, que permitiría trasladar una deuda a otra entidad que ofrezca condiciones más convenientes. El mecanismo sería voluntario y no obligaría a los bancos o prestamistas a aprobar una nueva financiación. También se prevé un botón digital de arrepentimiento para las contrataciones a distancia, con un plazo de revocación no inferior a diez días hábiles.

El texto establece que, en caso de convertirse en ley, el Banco Central será responsable de reglamentar y supervisar las disposiciones correspondientes a las entidades bajo su competencia. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días desde la publicación de la ley para reglamentarla. Las nuevas condiciones no podrán modificar retroactivamente las tasas, los plazos ni otras condiciones económicas de los contratos vigentes.

GZ/ML