Destrucción cultural: Milei recortó a la mitad el presupuesto para educación y ciencia

La inversión educativa se redujo casi a la mitad desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Los financiamientos para esta partida y para cultura sufrieron un ajuste mayor al del gasto nacional general, lo que les hizo perder participación en el PBI y dentro del presupuesto total. Además, la ciencia del presupuesto nacional retrocedió 46,5% en lo que va de la gestión libertaria, de acuerdo al Grupo EPC. El nivel más alto que alcanzó en toda la última década se registró en 2015.

El reporte “el futuro del financiamiento educativo en debate”, elaborado por investigadores del instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, revela que el retroceso de la inversión en educación alcanzó el 47,7% entre 2024 y 2025.

En 2024 se contrajo significativamente el financiamiento nacional destinado a las políticas educativas. Dentro del presupuesto, la función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su proporción en el PBI en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. “Si bien este comportamiento se produjo en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional, la contracción educativa fue más profunda en términos relativos”, reveló el reporte. Como resultado, la participación de Educación y Cultura dentro del gasto total de la administración pública nacional también cayó al compararse contra los años previos.

El año pasado esta política fue consolidada por el presidente, Javier Milei, quien generó una disminución real del 7,9% respecto de 2024. El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias. Las transferencias destinadas al financiamiento universitario registraron una merma real del 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5%, siempre calculado luego de quitar el efecto de la inflación.

“La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría de Educación”, resaltó el reporte. Por esto, el financiamiento educativo nacional se redujo en términos agregados, pero el ajuste no fue homogéneo entre todos los programas.

Remate a la ciencia argentina. “En el último mes, el Gobierno nacional avanzó hacia la liquidación final del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, advirtió el Grupo EPC en su último estudio. La ejecución de la Función Ciencia del Presupuesto Nacional (FCyT) retrocedió en junio un 2,7% en relación al mismo período del año anterior. El deterioro de esta partida, que concentra la mayor porción de la inversión estatal en el sector, alcanzará el 8,8% en 2026, con lo que totalizará un recorte del 46,5% en lo que va de la administración de Milei. Al igual que la educación, también casi la mitad del presupuesto que tenía asignado en 2023, con el gobierno de Alberto Fernández.

En su último informe de análisis presupuestario, el grupo de trabajo del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) explicó que el golpe ejecutado al presupuesto del sector profundizó la caída de la ciencia a sus mínimos históricos. Lo dejó en torno al 0,151% del PBI actual.

Esto implica que Milei viola la legislación al decidir pasar la motosierra por este sector. “La cifra se encuentra muy lejos del 0,298% alcanzado en 2023 y más aún de la estipulada por la suspendida Ley de Financiamiento de la Ciencia, que obligaba al Gobierno a disponer del 0,52% del PBI para este año”, explicó Nicolás Lavagnino, director del Grupo EPC.

El Gobierno continuó el ajuste al Conicet, al que le ajustó sus partidas cerca del 8% adicional. El organismo, cuyo presupuesto consiste en un 96% en salarios y becas de formación, perderá 34,7% de su presupuesto respecto a 2023 y 37,3% desde 2015. El Grupo EPC aseguró en su informe que “en ningún caso la caída es tan extrema como en el de la Agencia I+D+i, que pierde el 88,6% de su presupuesto, considerando la ejecución real acumulada del primer semestre contra el 2023”.

Los vouchers educativos de Milei. En su informe educativo, la UBA le dedica un capítulo al análisis de la propuesta libertaria de subsidiar a las familias en lugar de a las instituciones, a través de becas, bonos o créditos fiscales. Un financiamiento de la demanda, en lugar de a la oferta, como históricamente sucede en Argentina.

El proyecto de Libertad Educativa, que Milei ha elogiado, establece que las jurisdicciones deberán crear sistemas de transferencias a las instituciones de educación básica privadas. En la ley vigente, el financiamiento a la educación privada se menciona en el marco de la supervisión y, en ciertos casos, subvenciones, pero sin el mandato de “regularidad” que propone la nueva ley. Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, estableciendo igualdad jurídica en el acceso al financiamiento público entre escuelas estatales y privadas, en la práctica, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Estos cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad.

Los alcances de estas políticas enfocadas en la educación de gestión privada tienen un impacto muy acotado en relación al sistema educativo nacional, ya que la matrícula se encuentra altamente concentrada en las instituciones públicas, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que entre los porteños la cantidad de estudiantes que pagan por estudiar se acerca a la mitad del total, a nivel país el número es del 30% para jardín de infantes, 26% para primaria y 28% para secundaria.

El sistema de Milei, entonces, acentuaría la escasez de oportunidades en el interior, con lo que pretende concentrar aún más a la población en la capital nacional. “Estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”, remató el informe.