El Gobierno pidió suspender la búsqueda de activos embargables en la causa YPF
La Procuración del Tesoro advirtió ante la Justicia de Nueva York que el proceso se desvirtuó y denunció pedidos intrusivos que afectan la soberanía del Estado.
El Gobierno nacional pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables en el marco del litigio por la estatización de YPF, al presentar este martes ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un pedido formal para frenar el discovery ordenado por la Justicia estadounidense y el reclamo de desacato impulsado por los demandantes.
La solicitud fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación del Estado argentino, que consideró que el proceso de discovery excedió su finalidad original y se transformó en una herramienta de presión contra la Argentina.
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Desde el organismo remarcaron que el pedido apunta específicamente a suspender un mecanismo que, según el comunicado, se volvió “intrusivo, desproporcionado y desvinculado de la búsqueda de activos ejecutables”, lo que, a criterio del Gobierno, afecta de manera directa la soberanía nacional y las relaciones internacionales.
El planteo oficial ante la Justicia de Nueva York
El país efectuó este pedido —que también incluye los procedimientos por desacato— mientras se resuelven todas las apelaciones pendientes, al sostener que los reclamos más recientes, enfocados en activos del BCRA y en cuentas personales de WhatsApp de funcionarios, resultan cada vez más intrusivos, carecen de sustento jurisdiccional y están desconectados de cualquier perspectiva realista de ejecución, según explicó el especialista Sebastián Maril.
En la misiva oficial, la Procuración del Tesoro sostuvo que el Estado argentino cumplió de manera plena con todas las obligaciones impuestas por el tribunal desde el inicio del actual gobierno, en diciembre de 2023.
“El Gobierno siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa, cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal y realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante que le fue requerida”, señalaron en el comunicado oficial.
Según precisó el organismo, la documentación entregada superó ampliamente las 115.000 páginas, en lo que definió como un volumen de producción “sin precedentes” dentro del proceso judicial en curso.
Pese a esa entrega masiva de información, el Gobierno subrayó que los demandantes no lograron identificar “siquiera un solo activo embargable”, lo que refuerza, según la Procuración, el pedido de suspensión del mecanismo de búsqueda de activos.
Ante ese resultado, el comunicado indicó que los demandantes intensificaron sus reclamos con solicitudes consideradas cada vez más “jurídicamente inaceptables, invasivas, costosas y completamente ajenas al objeto del proceso”.
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En ese contexto, la Procuración del Tesoro apuntó directamente contra Burford, al señalar que en las últimas semanas “escaló la presión mediante una solicitud de declaración de desacato y un pedido sobre las reservas de oro del BCRA”.
Para el Gobierno, el discovery impulsado en la causa “se ha desnaturalizado por completo y transformado en una herramienta de hostigamiento ilegítimo”, con el objetivo de “entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, según advirtió el comunicado oficial.
Por último, la República Argentina reafirmó que continuará utilizando “todas las herramientas legales a su alcance” para frenar pedidos que considera ilegítimos y para proteger su soberanía, en el marco de un litigio en el que el foco inmediato está puesto en suspender la búsqueda de activos embargables ordenada por la Justicia estadounidense.
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