El Gobierno nacional continúa enfrentándose a los embates de la causa por la estatización de YPF, proceso que se tramita en Estados Unidos. En un nuevo episodio, durante la madrugada de este martes 27 de enero del 2026, el Ejecutivo rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas de oro del país.
Los beneficiarios del fallo YPF son quienes realizaron la solicitud a la Jueza Loretta Preska, para que ordenara a la República Argentina a emitir una declaración jurada que indique no solo la ubicación, sino también la cantidad y el uso que se le está dando actualmente al oro del Banco Central.
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Por su parte, la negativa del Gobierno se expresó bajo el fundamento de que “el oro pertenece al Banco Central, y al ser una entidad independiente, el Tesoro Nacional no tiene acceso a dicha información”, según precisó en su cuenta de la red social “X” el especialista en el caso, Sebastián Maril.
Además, sumado al rechazo de la información de la ubicación del oro, el Ejecutivo se negó al pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar y así dar las precisiones pertinentes al caso.
Los antecedentes del juicio por YPF
El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino avanzó sobre la participación mayoritaria que estaba en manos de la petrolera española Repsol. A partir de esa decisión, se abrió un largo proceso legal que derivó en una demanda contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos.
Con el paso de los años, los derechos de litigio fueron adquiridos por los fondos Burford Capital y Eton Park, que acusaron al país de haber violado el estatuto de la compañía al momento de la estatización. La causa quedó radicada en la justicia norteamericana y se convirtió en uno de los mayores juicios financieros que enfrenta el Estado argentino.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización superior a los u$s 16.000 millones, a lo que se suman intereses. Desde entonces, el Gobierno apeló la sentencia y busca revertir el fallo en instancias superiores.
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En paralelo, los demandantes intensificaron sus esfuerzos para identificar activos argentinos en el exterior que puedan ser embargados o utilizados como garantía de pago. Esa estrategia abrió nuevos frentes dentro del expediente y elevó la tensión en torno al alcance real de la condena.
Uno de los puntos centrales de la disputa es la separación jurídica entre el Estado nacional y el Banco Central. La posición oficial sostiene que las reservas internacionales, incluido el oro, pertenecen al BCRA y están amparadas por la inmunidad soberana, por lo que no pueden ser ejecutadas para saldar una sentencia contra el Tesoro.
Desde la otra parte, los fondos demandantes buscan probar que existe una relación funcional entre el Gobierno y el Banco Central que permitiría avanzar sobre ciertos activos. En ese marco, el pedido de información sobre las reservas de oro suma un nuevo capítulo a una causa que sigue escalando en complejidad y riesgo financiero para la Argentina.
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