El presidente de España, Pedro Sánchez, lanzará este martes una “amnistía administrativa” sin precedentes que cambiará la vida de 500.000 personas de un solo golpe. A través de la figura del "Real Decreto", el oficialismo español decidió esquivar el debate en el Congreso para legalizar a todos los extranjeros que hayan ingresado al país antes del cierre de 2025. Esta jugada representa un alivio masivo para la comunidad argentina, permitiendo que miles de ciudadanos que hoy habitan en la informalidad consigan sus "papeles" de residencia y trabajo de manera inmediata.
El acuerdo, sellado este lunes entre el PSOE y Podemos, establece condiciones llamativamente flexibles para los solicitantes. Solo se exigirá acreditar una estadía mínima de cinco meses mediante pruebas simples como un ticket de envío de plata, una factura de luz o una consulta médica. Al facilitar estos requisitos, Madrid busca integrar formalmente a un colectivo que, aunque ya vive y trabaja en sus ciudades, carece de derechos básicos y permanece en las sombras de la economía formal.
Para los miles de argentinos que se radicaron ahí en el último tiempo, el impacto es total. Con una población registrada que ya alcanzó el récord de 415.000 ciudadanos en 2024, la irregularidad sigue siendo el principal dolor de cabeza para los que emigraron recientemente desde Latinoamérica. Esta reforma permitirá que quienes llegaron antes del 31 de diciembre pasado blanqueen su situación laboral, accediendo a una autorización de residencia provisional que les dará aire por el término de un año.
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Sin embargo, la movida política encendió la mecha de la discordia en la capital española. Alberto Núñez Feijóo, jefe del Partido Popular, calificó la iniciativa de "disparate" y acusó al presidente de usar la migración para tapar el impacto de una reciente tragedia ferroviaria. Para la oposición, este decreto funcionará como un "efecto llamada" que terminará por colapsar los servicios públicos y desbordará la capacidad del Estado para absorber a los nuevos residentes legales.
La intensidad de la discusión subió aún más con Santiago Abascal, líder de Vox, quien tildó a Sánchez de "tirano" y lo acusó de planear una "sustitución" de la población local. Según el bloque ultraderechista, esta medida promueve una "invasión" programada por un Gobierno que supuestamente desprecia al pueblo español. Mientras la derecha promete batalla política, el oficialismo se mantiene firme en su intención de firmar el decreto este mismo martes para consolidar la iniciativa.
El peso latinoamericano en la informalidad
Según datos del centro de análisis Funcas, actualmente residen en España unas 840.000 personas de forma irregular. De ese total, el 91% proviene de América Latina, con ciudadanos de Colombia, Perú y Honduras a la cabeza. La comunidad argentina, aunque cuenta con una gran base legalizada, representa una parte significativa de los nuevos inmigrantes que todavía no pudieron normalizar su estatus ante las autoridades.
La normativa garantiza que el trámite otorgue una ”autorización provisional” de residencia y trabajo por 12 meses. Además, el decreto establece que se congelarán de inmediato todos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión vigentes por causas administrativas. Al finalizar el primer año de este permiso especial, los beneficiarios podrán gestionar su estadía definitiva bajo los reglamentos ordinarios.
Al elegir esta vía legal, Pedro Sánchez evita la necesidad de buscar apoyos o enfrentar derrotas en el Parlamento español. La alianza entre el PSOE y Podemos permitió cerrar el pacto este lunes bajo un hermético silencio legislativo, dejando a la oposición sin margen de maniobra para frenar la entrada en vigencia de la norma, que busca simplificar drásticamente los trámites que solían trabar estos procesos.
TC/ML
