Chile se ha convertido en un destino clave de migrantes, principalmente de Venezuela.
La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Es la segunda proporción más alta de residentes extranjeros en un país latinoamericano después de Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Venezuela es el principal país de origen de los inmigrantes en Chile (41,6%), seguido de Perú (14,5%) y Colombia (12,3%).
Según estimaciones oficiales, unos 337 mil inmigrantes son indocumentados. La mayoría ingresó al país por la frontera norte con Bolivia y Perú, un área donde el gobierno de Boric desplegó al Ejército a principios de 2022.
El tema es central en la campaña electoral, con una mayoría de chilenos que vinculan el aumento de la delincuencia con la inmigración irregular.
La llegada masiva y acelerada de inmigrantes sudamericanos, y caribeños (principalmente venezolanos y haitianos) a Chile durante la última década ha transformado significativamente la sociedad, la economía y el panorama político del país. Chile, que tradicionalmente fue un país de emigración, se convirtió en un receptor principal de flujos migratorios en la región.
Consecuencias. Entre diciembre de 2014 y el mismo mes de 2018, la población extranjera en Chile se duplicó, pasando de 490 mil a más de 1,25 millones de personas, con un aumento acelerado de venezolanos y haitianos. Este fenómeno ha tenido múltiples consecuencias.
Por un lado, explican los expertos, contribuyó al crecimiento demográfico y rejuveneció la población chilena, aportando un significativo porcentaje al crecimiento total entre 2010 y 2020. Además, los inmigrantes incrementaron la fuerza de trabajo, ocupando a menudo labores de primera línea y puestos esenciales.
A pesar de que una parte importante de la población migrante (especialmente la venezolana) posee altos niveles de educación (con un gran porcentaje de profesionales), muchos enfrentan obstáculos para homologar sus títulos, lo que resulta en subempleo o trabajos en la informalidad con bajos salarios.
Presión sobre servicios. La concentración de la población migrante ha generado una mayor demanda en los servicios públicos, como salud y educación, obligando a municipios a implementar medidas especiales (como intérpretes de creole haitiano en escuelas y hospitales).
También se ha observado un aumento en los asentamientos informales o campamentos en regiones con alta llegada de migrantes, como Antofagasta.
Un impacto social relevante es la creciente hostilidad y xenofobia hacia los migrantes, con una percepción social muy difundida que vincula su llegada con un aumento de la inseguridad pública y la aparición de formas de delincuencia antes menos comunes en Chile.
Esta percepción, a menudo alimentada por discursos políticos, está sustentada en la llegada de algunos grupos delictivos de Venezuela, como el famoso Tren de Aragua, que hizo crecer la delincuencia.
La disputa política. El rápido y desordenado incremento migratorio expuso la ausencia de una política migratoria consistente en Chile durante años. Esto generó una intensa disputa en el plano político.
El debate político se ha centrado en la tensión entre la obligación del Estado de resguardar los derechos humanos de los migrantes (de la izquierda) y la necesidad de ejercer la soberanía estatal para controlar las fronteras y regular el acceso a la residencia y ciudadanía (de la derecha).
La respuesta política, señalan los analistas, osciló entre intentos de mayor apertura (impulsados por la demanda laboral y económica) y presiones de fuerzas domésticas para establecer un control más estricto, priorizando la selectividad de la migración y buscando evitar que los migrantes adquieran rápidamente derechos y ciudadanía.
La migración irregular por pasos no habilitados, especialmente en el norte del país, se ha convertido en un foco de gran polémica en Chile, llevando a los gobiernos a implementar medidas como el aumento de la vigilancia militar en fronteras y planes de expulsión, que son temas de alta controversia política y mediática.
El fenómeno migratorio se instaló como un eje central en la agenda política y electoral, siendo utilizado por diversas corrientes, a menudo desde posturas más conservadoras, para capitalizar el malestar social asociado a la percepción de inseguridad y la presión sobre los servicios.
