Honduras se encuentra inmersa en una profunda crisis política poselectoral, marcada por la demora en la declaratoria oficial de resultados, la mínima diferencia de votos entre los candidatos punteros y un ambiente de alta desconfianza alimentado por denuncias de fraude e irregularidades técnicas. Esta situación revive el fantasma de la crisis de 2017 y expone la fragilidad institucional del país.
Las elecciones generales, celebradas el 30 de noviembre pasado, convocaron a 6.5 millones de hondureños a elegir presidente, vicepresidentes, diputados y alcaldes. A pesar de una participación alta, el proceso se estancó en la etapa de escrutinio, sumiendo al país en días de incertidumbre.
Los resultados preliminares, con cerca del 99% de las actas escrutadas, muestran una contienda presidencial extremadamente cerrada. Nasry Asfura (Partido Nacional, derecha) lidera por un margen muy estrecho sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal), con una diferencia de apenas 40 mil votos. El tema es que no hay balotaje: se gana por diferencia de un voto.
Rixi Moncada (Partido Libre, oficialista), a pesar de ser la candidata de la presidenta saliente Xiomara Castro, fue relegada al tercer lugar, lo que su partido ha interpretado como un voto castigo.
La falta de una declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto con la exigencia de un “escrutinio especial” y un recuento “voto por voto”, mantiene al país paralizado. La Unión Europea y países latinoamericanos llamaron a respetar el proceso y a agilizar el recuento.
La actual crisis es el resultado de la confluencia de fallas sistémicas y profundas divisiones políticas. El principal foco de desconfianza reside en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), manejado por el gobierno.
El sistema sufrió constantes fallas y un “mantenimiento” cuestionado durante el conteo, lo que generó retrasos y alimentó la sospecha de manipulación. Candidatos como Salvador Nasralla han denunciado “tres fallas” en el sistema, incluyendo la existencia de una cifra de “votos nulos superior a la diferencia entre los punteros” y discrepancias entre la huella digital y la información registrada en miles de actas.
La contienda se ha desarrollado en un ambiente de profunda polarización y desconfianza en la institucionalidad electoral, que viene arrastrándose desde el controvertido proceso de 2017, donde la OEA sugirió repetir las elecciones.
El partido oficialista, Libre, exigió “la nulidad total de las elecciones” bajo la acusación de “actos de terrorismo electoral ejecutados a través del sistema”, convocando a movilizaciones.
