Las condiciones de vida de la sociedad argentina no son las mejores. Descripciones adecuadas permiten comprender mejor las cosas. En un momento en que se discute sobre los niveles de pobreza y trabajo no registrado, el tema de las estadísticas no es banal, y diferencias entre fuentes generan confusión.
Los resultados de la política económica del Gobierno y la propuesta de reforma laboral están estrechamente vinculados, por eso el diagnóstico sobre pobreza e informalidad laboral es vital. Mientras la UCA nos habla de un nivel de pobreza de 36 puntos, el Indec la ubica en el 31%. Ambos reconocen una caída en relación con el año anterior, pero la UCA cuestiona que se estén utilizando como variable de evaluación los ingresos vs. una canasta de consumo no actualizada, lo que genera la idea de una fuerte caída. Mientras para el instituto estamos ante una pobreza estructural, difícil de revertir sin una disminución demasiado importante.
Estas discrepancias también las encontramos cuando se hace el cálculo de informalidad laboral. La diferencia se produce entre datos generados por el propio Estado. Unos son del Indec a través de la EPH, que solo refleja la realidad de los grandes centros urbanos. La otra base de información, que es la utilizada por el sector sindical y también por el mundo empresarial, surge de datos generados por Anses –que tiene información de cuántos trabajadores están registrados en relación de dependencia o son monotributistas o autónomos– y datos que emergen de la Secretaría de Trabajo. Sobre esa base se realiza un cálculo del nivel de informalidad.
Nuestro último estudio nacional nos muestra que el 48% no cree que la reforma sirva para generar oportunidades laborales.
Se divulga equivocadamente que la mitad de quienes trabajan están en negro. Incorrecto. La informalidad refiere a los asalariados del sector privado sin aporte jubilatorio.
Para el Indec, estos son el 48%, bajan al 37% si incluimos a los estatales y son el 28% del total de quienes trabajan. En cambio, los datos que emergen de Anses y Secretaría de Trabajo nos dicen que el 41% de asalariados privados están en negro y representan el 16% del total de quienes trabajan. Más allá de la diversidad de las cifras, estas son preocupantes y más cuando la tasa de informalidad viene creciendo a un punto por año desde 2023.
En ese contexto aparece un proyecto de reforma que según el Gobierno generará trabajo, formalizará el empleo en negro y mejorará ingresos. No sabemos qué sucederá en el Parlamento, pero la mitad de la opinión pública piensa que se trata de un proyecto propatronal.
Nuestro último estudio nacional nos muestra que el 48% no cree que la reforma sirva para generar oportunidades laborales, el 52% opina que se trata de perjudicar a los trabajadores, el 50% sostiene que está pensada para beneficiar a los empresarios. Solo para un 26% se trata de generar empleos de calidad. También el 71% está convencido de que afectará a las indemnizaciones y un 57% que afectará a la jornada laboral. Las críticas más fuertes las encontramos entre los que trabajan en blanco y los trabajadores sindicalizados. Hay un 43% entre los que sobresalen los trabajadores en negro que cree que sí servirá para generar oportunidades laborales. Pero para estos también la reforma está pensada a favor de los empresarios y que afectará a gran parte de las condiciones laborales.
La batalla recién comienza. Los sindicalistas tienen la oportunidad de mostrarles a los informales que les preocupa su situación, a la vez de representar adecuadamente a su base sindicalizada.
El Gobierno debe convencer de que se trata de beneficiar al conjunto y no solo al empresariado. Todo esto se da en un contexto en donde no se conoce que una reforma laboral resuelva los problemas de la falta de empleo agravado en este momento por cierre de empresas y despidos.
* Consultor y analista político.
