La Policía Federal Argentina realizó este viernes un allanamiento en una mansión ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, en el marco de una investigación patrimonial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante el procedimiento, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, se secuestraron 45 autos de lujo y/o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. Mientras se realizaban los allanamientos, la Cámara Federal le quitó la causa a Rafecas para trasladarla al fuero Penal Económico.
La finca allanada está ubicada en el barrio Villa Rosa, partido de Pilar, y es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, en el marco de una causa que busca establecer si existe un esquema de ocultamiento patrimonial a través de terceros.
Todos los vehículos hallados se encontraban en un galpón dentro del predio y figuran a nombre de la firma Real Central SRL, según confirmaron fuentes judiciales. El magistrado dispuso su secuestro y posterior tasación, junto con la filmación y el registro fotográfico integral de la propiedad.
Cambio de fuero
Mientras se realizaban los allanamientos, la Cámara Federal resolvió una disputa de competencia entre dos juzgados, y le retiró el expediente a Rafecas. La causa ahora pasa al juzgado en lo Penal Económico 10, que subroga el juez Marcelo Aguinsky, que este lunes se reintegra tras una licencia, según informó Clarín.
Ese juzgado continuará la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte -acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente- según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas con fuentes judiciales.
Rafecas se había declarado incompetente y remitió la causa al fuero penal económico, pero la magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente. La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal. Al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, sostuvieron desde el tribunal superior, la causa debe tramitarse en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero. El tribunal indicó además que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial
El allanamiento
Al predio, registrado formalmente a nombre de Real Central SRL —sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte— ingresaron seis peritos tasadores: tres designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro. Su tarea es determinar el valor real del inmueble y de los bienes suntuarios encontrados.
El procedimiento incluyó el relevamiento completo de todas las áreas de la propiedad y la identificación de objetos de alto valor económico. Fuentes del expediente señalaron que las medidas dispuestas buscan reconstruir el patrimonio involucrado y verificar si guarda relación con los ingresos declarados por los titulares formales.
En las horas previas al allanamiento, la Justicia había ordenado operativos en dos cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, ante la presunción de que allí podrían encontrarse algunos de los vehículos. El resultado fue negativo. Tras ello, Rafecas resolvió avanzar con el allanamiento de la propiedad de Pilar.
Según consta en la investigación, la casa —un predio de más de 105 mil metros cuadrados— cuenta con instalaciones de alto nivel, entre ellas espacios deportivos, pistas de entrenamiento y otras estructuras de gran valor. La Coalición Cívica había denunciado que los titulares formales de la empresa no contarían con capacidad económica suficiente para adquirir una propiedad de esas características.
La Justicia también reconstruyó la cadena de titularidad del inmueble: perteneció al exfutbolista Carlos Tevez, quien la adquirió en 2017; en 2023 fue vendida a la empresa Malte SRL y, en mayo de 2024, pasó a manos de Pantano y Conte a través de Real Central SRL. Malte SRL fue proveedora de la AFA en 2022, con un contrato directo de 500 mil dólares para la implementación del sistema VAR.
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De acuerdo con la información incorporada al expediente, Luciano Pantano estuvo registrado como monotributista, con antecedentes de deudas bancarias, y mantuvo vínculos con el ámbito deportivo: presidió la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa desde 2021 y fue protesorero del club Almirante Brown desde 2022. Ana Lucía Conte, por su parte, fue monotributista hasta 2012, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020 y se jubiló en 2021.
La investigación continúa con el análisis de los bienes secuestrados y de la documentación relevada durante el operativo. El objetivo central es establecer si la propiedad y los vehículos forman parte de un entramado destinado a encubrir patrimonio vinculado a dirigentes de la AFA.
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