Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska que ordene a la República Argentina presentar una declaración jurada detallando la ubicación, cantidad y destino de las reservas de oro del país, en el marco de la causa que tramita en los tribunales de Nueva York.
La información fue revelada por el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el litigio internacional y difundió el pedido presentado ante la magistrada del Distrito Sur de Nueva York.
Según explicó Maril, los demandantes sostienen que, si las reservas de oro pertenecen al Banco Central de la República Argentina y no al Tesoro Nacional, Preska debería convocar a una audiencia probatoria, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, en calidad de testigo.
Juicio por YPF: los demandantes piden declarar a la Argentina en desacato
El planteo apunta a obtener información precisa sobre los activos en oro del Estado argentino, en un intento por identificar bienes potencialmente ejecutables para avanzar en el cobro de la sentencia. En ese marco, los beneficiarios del fallo buscan determinar si el oro forma parte del patrimonio del Tesoro —y, por lo tanto, podría quedar alcanzado por medidas judiciales— o si corresponde exclusivamente al Banco Central, lo que abriría un debate probatorio adicional.
Maril señaló que, en caso de que la Argentina responda formalmente al requerimiento judicial, se espera una presentación defensiva del Gobierno, en la que buscará reforzar la inmunidad de los activos del BCRA y su separación jurídica respecto del Estado nacional.
Los antecedentes del juicio por YPF
El reclamo se inscribe en la causa derivada de la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino avanzó sobre la participación mayoritaria que estaba en manos de Repsol. Años después, los fondos Burford Capital y Eton Park —que adquirieron los derechos de litigio— demandaron a la Argentina en Estados Unidos por violación del estatuto de la compañía.
En septiembre de 2023, la jueza Preska falló contra la Argentina y fijó una indemnización superior a los US$ 16.000 millones, más intereses. Desde entonces, el país viene apelando la sentencia y enfrenta distintos intentos de los demandantes por identificar activos argentinos en el exterior que puedan ser embargados o utilizados como garantía de pago.
Uno de los ejes centrales del litigio es la separación entre el Estado nacional y el Banco Central. El Gobierno argentino sostiene que las reservas internacionales —incluido el oro— pertenecen al BCRA y están protegidas por el principio de inmunidad soberana, por lo que no pueden ser ejecutadas para cumplir una sentencia contra el Tesoro.
Los demandantes, en cambio, buscan demostrar que existe una relación funcional entre el Estado y el Banco Central que habilitaría avanzar sobre determinados activos, una estrategia que ya intentaron en otras instancias del proceso.
El pedido de información sobre las reservas de oro suma un nuevo capítulo a una causa que continúa escalando en complejidad y riesgo financiero para la Argentina. Mientras el Gobierno insiste en que no habrá embargos efectivos sobre activos estratégicos, los beneficiarios del fallo redoblan la presión judicial para acelerar el cobro de la sentencia.
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