La distancia entre lo qu e cobra un trabajador registrado y lo que puede llegar a percibir cuando se jubila es cada vez mayor en la Argentina. Mientras los salarios del sector privado formal lograron recuperar su poder adquisitivo hasta alcanzar niveles similares a los de 2019, las jubilaciones máximas acumularon una pérdida real del 36,6% y las mínimas, sin considerar el bono, retrocedieron un 31% durante el mismo período.
Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analiza la evolución de los haberes previsionales y su relación con los ingresos de los trabajadores activos. El estudio, elaborado por Eduardo Donza y Fernando Gallegos Piderit, comprende el período entre diciembre de 2019 y julio de 2026 para estas comparaciones, y también incorpora datos de octubre para evaluar la situación de las jubilaciones mínimas.
Una de las conclusiones más relevantes es que la pirámide previsional se está achatando. Es decir, la diferencia entre las jubilaciones más altas y las más bajas se redujo. Pero detrás de ese movimiento no aparece una mejora distributiva, sino un deterioro general de los ingresos jubilatorios, que golpeó con mayor intensidad a quienes perciben los haberes máximos.
"La distancia entre el haber máximo y el mínimo con bono se achica, pero no porque el mínimo haber recibido haya mejorado, sino porque los haberes máximos sufrieron una pérdida real aún más severa", advierten los investigadores en la presentación del estudio.
La Dra Florencia Markarian, especialista en temas previsionales, coincidió con la mirada y señaló que el problema no se limita a la pérdida del poder adquisitivo, sino que también compromete la relación entre los aportes realizados durante la vida laboral y el ingreso que finalmente reciben los trabajadores al jubilarse.
Jubilaciones y salarios: la brecha entre trabajadores activos y pasivos es cada vez mayor
La comparación con los salarios del sector privado registrado permite dimensionar cuánto terreno perdieron las jubilaciones.
En diciembre de 2019, el salario medio de un trabajador formal equivalía a 3,8 jubilaciones mínimas. Para julio de 2026, esa relación había aumentado a 5,4 haberes mínimos.
En otras palabras, mientras los trabajadores registrados recuperaron su capacidad de compra hasta niveles similares a los de fines de 2019, quienes cobran la jubilación mínima quedaron cada vez más lejos de esos ingresos.
El estudio identifica una pérdida acumulada del 31% en el poder adquisitivo del haber mínimo sin bono durante ese período. La distancia respecto de los salarios se amplió incluso después de los cambios introducidos en el mecanismo de movilidad jubilatoria.
Sin embargo, el deterioro es todavía más marcado cuando se analizan las jubilaciones máximas.
En diciembre de 2019, el haber máximo equivalía a dos salarios promedio del sector privado registrado. En julio de 2026, esa relación había descendido a apenas 1,2 salarios.
Esto significa que el haber máximo pasó de duplicar el salario medio privado formal a ubicarse apenas un 20% por encima de ese ingreso.
Para los investigadores de la UCA, esta diferencia refleja un deterioro de las prestaciones previsionales respecto de los ingresos de quienes continúan trabajando, especialmente entre los sectores de mayores salarios.
Una jubilación que reemplaza menos de la mitad del salario: la advertencia de Florencia Markarian
El achatamiento de la pirámide previsional también se observa al analizar los montos que efectivamente perciben los jubilados.
Según los datos aportados por Markarian, el haber promedio se ubicó en $804.186 en octubre de 2026, mientras que la jubilación mínima de ese mes fue de $435.749, sin considerar el bono.
Esto significa que el ingreso promedio equivalía a apenas 1,85 jubilaciones mínimas, una relación que muestra hasta qué punto buena parte de los haberes previsionales se concentra cerca del piso del sistema.
Para noviembre, la jubilación mínima con el aumento del 1,93% y el bono de $70.000 alcanza los $514.158,46, de acuerdo con los valores señalados por la especialista.
El fenómeno tiene consecuencias directas para quienes están próximos a jubilarse. Markarian advierte que "la tasa de sustitución al momento del retiro no representa un número mayor al 45%". Es decir, según su estimación, el ingreso jubilatorio reemplaza menos de la mitad del salario que percibía el trabajador durante su etapa activa.
Este dato abre otro interrogante: qué capacidad tiene el sistema para garantizar una continuidad razonable del nivel de vida una vez que una persona deja de trabajar.
A juicio de la abogada, uno de los factores que explican las dificultades del sistema es la composición del empleo registrado y las diferencias entre los aportes que realizan los trabajadores.
"Si bien es cierto que hay cada vez más trabajadores que ingresan al trabajo registrado, no es menos cierto que muchos lo hacen en calidad de monotributista", señala.
La especialista explica que los aportes de los monotributistas no son equivalentes a los de los trabajadores en relación de dependencia, una diferencia que obliga a revisar cuántos aportantes activos se necesitan para financiar las prestaciones de quienes ya están jubilados.
Se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio
El problema, por lo tanto, no pasa solamente por la cantidad de trabajadores registrados, sino también por el volumen de recursos que ingresan efectivamente al sistema previsional.
Las jubilaciones máximas perdieron 36,6% y se achica la pirámide previsional
El deterioro de las jubilaciones más altas constituye uno de los hallazgos centrales del informe de la UCA.
Entre diciembre de 2019 y julio de 2026, los haberes máximos sufrieron una pérdida del 36,6% de su poder de compra. La caída fue más profunda que la registrada por las jubilaciones mínimas sin bono, que retrocedieron un 31% en términos reales.
Como consecuencia, la distancia entre ambos extremos del sistema se redujo.
En diciembre de 2019, una jubilación máxima representaba el equivalente a 7,3 haberes mínimos. En julio de 2026, esa relación había bajado a 6,7.
A primera vista, la reducción de esa diferencia podría interpretarse como un acercamiento entre los ingresos previsionales. Sin embargo, el informe advierte que se trata de un proceso de nivelación hacia abajo.
Los haberes más bajos no recuperaron su poder adquisitivo y los más altos acumularon pérdidas todavía mayores.
La investigación identifica un momento particularmente crítico entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, cuando los haberes máximos registraron una caída pronunciada.
Según la UCA, ese deterioro respondió a la combinación de tres factores: la devaluación de diciembre de 2023 y el salto inflacionario posterior, el rezago de la anterior fórmula de movilidad jubilatoria y la ausencia de un bono compensatorio para las prestaciones más altas.
Con la implementación del DNU 274/2024, que estableció actualizaciones mensuales según la inflación de dos meses anteriores, los haberes máximos lograron estabilizarse y recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, no volvieron a alcanzar sus niveles históricos de poder de compra.
Del deterioro de los haberes a la Justicia: por qué crecen los reclamos previsionales
Para Markarian, el deterioro acumulado de los haberes previsionales tiene otra consecuencia: la judicialización de los reclamos de jubilados y pensionados que buscan recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
La especialista sostiene que las sucesivas modificaciones de las fórmulas de movilidad y los efectos de la inflación sobre las prestaciones obligaron a numerosos beneficiarios a recurrir a los tribunales.
"Con las distintas fórmulas de movilidad que se han ido aplicando y la pérdida del poder adquisitivo, han obligado tanto a jubilados como a pensionados a iniciar los reclamos judiciales correspondientes", explica.
En particular, Markarian identifica un período de fuerte deterioro durante la pandemia, cuando los aumentos jubilatorios fueron establecidos mediante decretos de necesidad y urgencia.
Según su análisis, una vez finalizada esa etapa no se retomó el esquema anterior y los porcentajes de actualización posteriores tuvieron efectos diferentes sobre los haberes más altos y los más bajos.
Este proceso, agrega, dio lugar a planteos de inconstitucionalidad de la Ley 27.609, la fórmula de movilidad previsional sancionada en 2020.
La abogada señala que distintas cámaras federales del interior del país, entre ellas las de Mendoza, Salta y Bahía Blanca, hicieron lugar a cuestionamientos vinculados con esa normativa.
Estos antecedentes judiciales muestran que el debate previsional ya no se limita a la discusión económica sobre cuánto deben aumentar las jubilaciones. También involucra la protección jurídica de los derechos de los beneficiarios y la razonabilidad de los mecanismos utilizados para actualizar sus ingresos.
El bono de $70.000 también profundiza el deterioro de las jubilaciones mínimas
Aunque los haberes máximos muestran la pérdida más pronunciada desde diciembre de 2019, la situación de quienes cobran la jubilación mínima tampoco presenta una recuperación sostenida.
El informe señala que en octubre de 2026 la jubilación mínima era de $435.749 y ascendía a $505.749 con el bono de $70.000.
Sin embargo, ese ingreso total había perdido un 4,7% de su poder adquisitivo durante los últimos doce meses.
La explicación está vinculada con el congelamiento del bono, que no se actualiza mediante la fórmula de movilidad previsional.
Mientras el haber básico recibe aumentos mensuales de acuerdo con la inflación, el refuerzo permanece fijo y representa una proporción cada vez menor de los ingresos de los jubilados.
En marzo de 2024, el bono equivalía al 34,2% de la jubilación mínima total. Para octubre de 2026, esa participación se había reducido al 13,8%.
La UCA realizó además una simulación para determinar cuánto debería valer el bono si se hubiera actualizado según la inflación. El resultado es significativo: en octubre de 2026 tendría que haber alcanzado los $201.591, casi tres veces el monto efectivamente pagado.
En ese escenario hipotético, la jubilación mínima con bono habría sido de $637.340, es decir, $131.591 más que el ingreso recibido.
El cálculo permite cuantificar cuánto perdió el refuerzo por no acompañar la evolución de los precios.
El desafío previsional: más aportantes, jubilaciones deterioradas y una brecha que sigue creciendo
El informe de la UCA y las observaciones de Markarian coinciden en un punto central: el sistema previsional enfrenta dificultades tanto para preservar el poder adquisitivo de quienes ya se jubilaron como para garantizar una relación razonable entre los salarios de los trabajadores y sus futuras prestaciones.
Por un lado, la pérdida de poder de compra afecta a los actuales beneficiarios, especialmente a quienes dependen de la jubilación mínima y del bono congelado.
Por otro, el deterioro de los haberes medios y altos reduce la diferencia entre las prestaciones de personas que realizaron aportes sobre remuneraciones distintas durante su vida laboral.
A este escenario se suma la discusión sobre la sostenibilidad del sistema, en un mercado de trabajo donde la incorporación de nuevos aportantes no necesariamente implica un aumento proporcional de los recursos previsionales.
El resultado es una combinación de menores ingresos relativos, reclamos judiciales y un desafío de financiamiento que trasciende las actualizaciones mensuales.
Las jubilaciones se acercan entre sí, pero se alejan de los salarios. Una convergencia que no refleja una mejora de las prestaciones más bajas, sino las consecuencias de años de pérdida del poder adquisitivo y de modificaciones en las reglas de actualización previsional.
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