El financiamiento del sistema previsional enfrenta una presión creciente. Como se observa en el Gráfico 1, el 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de trabajadores que no realizan aportes previsionales. Entre quienes sí contribuyen, aumenta la participación del monotributo, un régimen con una capacidad contributiva muy inferior a la del empleo asalariado registrado. En consecuencia, la sostenibilidad del sistema ya no depende solo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan.
Actualmente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios. De los aportantes, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia, y el 26% restante corresponde a independientes. Dentro de ellos, 2,2 millones corresponden al régimen de monotributo.
La participación del monotributo dentro del total de aportantes se duplicó en casi tres décadas: pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. En términos absolutos, la cantidad de monotributistas con aportes al sistema aumentó de 513 mil a 2,2 millones, un incremento del 331%.
Si bien este cambio amplió la cantidad de trabajadores que realizan aportes, también modificó la estructura de financiamiento del sistema. El monto de los aportes difiere significativamente entre los distintos regímenes. Expresados como porcentaje del ingreso promedio de un trabajador en relación de dependencia, el aporte previsional promedio equivale al 11,2% para los asalariados, al 5,2% para los autónomos y apenas al 1,1% para los monotributistas (Gráfico 2).
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En términos nominales, mientras que el aporte previsional de un trabajador asalariado registrado del régimen general promediaba en marzo 2026 los $187.098, el aporte promedio de un monotributista es casi 10 veces menor, rondando apenas los $19.215 mensuales.
La magnitud de esa diferencia queda en evidencia al comparar cuántos aportantes son necesarios para financiar una jubilación (Gráfico 3). Para cubrir un haber medio se requieren aproximadamente 3,5 trabajadores asalariados registrados, pero casi 34 monotributistas. Incluso para financiar una jubilación mínima con bono hacen falta 2,4 asalariados registrados, frente a casi 23 monotributistas.
La baja contribución del monotributo responde, en buena medida, a la composición de sus inscriptos. Más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA se encuentra en la categoría A y casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, los escalones de menor facturación y, en consecuencia, los que realizan los menores aportes previsionales (Gráfico 4).
Estos resultados no implican que el monotributo sea un problema en sí mismo. El régimen permitió incorporar al sistema previsional a millones de trabajadores independientes que, de otro modo, probablemente permanecerían fuera de la formalidad. Sin embargo, el escenario cambia cuando su creciente participación se combina con una elevada informalidad y con el envejecimiento de la población. En ese contexto, el sistema no solo enfrenta menos aportantes en relación con la cantidad de jubilados, sino también una mayor proporción de trabajadores que realizan aportes de menor magnitud.
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En el marco de una transición demográfica, Argentina envejece y al mismo tiempo nacen cada vez menos niños. Según las proyecciones del INDEC, la población de 65 años y más pasará de representar el 12% del total en 2022 al 17% en 2040. Este cambio también se refleja en el índice de envejecimiento, que mide la relación entre la cantidad de adultos mayores y la población infantil. En 2022 había 55 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, para 2040 esa relación ascenderá a 115. En otras palabras, habrá más adultos mayores que niños, una realidad muy distinta de la que existía cuando se diseñó el sistema previsional de reparto.
Este cambio demográfico implica que habrá cada vez más adultos mayores en relación con la población en edad de trabajar. Si, además, aumenta la proporción de aportantes que contribuyen con montos más bajos las tensiones sobre el financiamiento del sistema serán mayores y profundizarán un desequilibrio que ya existe. De hecho, en la actualidad los ingresos provenientes de aportes personales y contribuciones patronales no alcanzan para cubrir el gasto previsional del SIPA (régimen contributivo, moratorias, bonos y PUAM), que registra un déficit cercano al 2% del PIB y requiere transferencias del Tesoro Nacional para financiarse.
No obstante, las consecuencias no se limitan al resultado fiscal. Cuando los recursos del sistema no crecen al ritmo deseado, las tensiones terminan trasladándose al nivel de las jubilaciones. En los últimos tres años, el haber medio perdió un 13% de su poder adquisitivo y la jubilación mínima con bono cayó un 20%. Al mismo tiempo, cerca de un millón de personas de 65 años o más continúan trabajando, lo que representa el 4,6% del total de ocupados. Aunque esta situación responde a múltiples factores, para muchos adultos mayores el trabajo sigue siendo una fuente necesaria de ingresos.
La reforma previsional pendiente deberá abordar la edad de retiro, las trayectorias laborales, los requisitos de acceso, la determinación de los haberes y el envejecimiento de la población. Pero también deberá revisar las bases de financiamiento del sistema. La informalidad y la creciente participación de aportantes con contribuciones reducidas cambiaron la estructura del mercado laboral sobre la que fue construido. Reconocer esa transformación ampliará el diagnóstico y contribuirá al diseño de una reforma más consistente y sostenible.
