Mientras se espera que mañana se reincorpore a sus actividades el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin, persiste el agudo conflicto salarial que aúna en forma inédita a trabajadores, funcionarios y magistrados.
En una asamblea de delegados realizada en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), este martes se decidieron nuevas medidas de acción directa. Mañana miércoles 29 y el viernes 31, habrá abandono de tareas. El jueves los trabajadores de tribunales realizarán una movilización.
La situación adquirió tal densidad que a tres días de que finalice julio, todavía no hay información sobre el blanqueo del monto del primer tramo no remunerativo que el personal percibe desde el año pasado, cuando se modificó el escalafón y se estableció que la equiparación salarial con los trabajadores de la Justicia Federal llegaría al 90%, en cuatro tramos, hasta completarse en 2028.
Este mes también debería haberse ejecutado la segunda cuota de la mentada equiparación y eso no sucedió. El cuadro se torna patético por el temor y falta de información oficial sobre los descuentos por los más de 25 días de paro desde marzo a la fecha.
Los judiciales siguen esperando una nueva oferta salarial que no llega. Fuentes vinculadas al gobierno señalaron a Perfil CÓRDOBA que se analizan alternativas.
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Crisis de representatividad
A la par del conflicto, se advierte una profunda crisis de representatividad de las organizaciones gremiales, tanto de la magistratura como del personal judicial, que se ven superadas por sus propias bases.
Si bien la Asociación de Magistrados y Funcionarios, como la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) vienen sosteniendo reuniones con el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior, en cada estamento surgieron referentes inorgánicos que impulsan protestas, medidas de acción directa y reclamos. Algunos jueces y funcionarios no descartan iniciar acciones judiciales.
Dos ejemplos bastan para graficar la situación.
Por lo menos 1.100 jueces, fiscales, defensores y funcionarios iniciaron reclamos administrativos para que se cumpla la ley de equiparación salarial con sus pares federales, vigente desde 2012. Hasta hoy no hay respuesta, las autoridades tienen plazo hasta septiembre para admitir o rechazarlos.
En la última asamblea extraordinaria de la Agepj, el oficialismo y las agrupaciones opositoras propusieron aceptar la oferta salarial puesta sobre la mesa de negociación. Sin embargo, la mayoría integrada por empleados de las Unidades Judiciales y del interior la rechazaron. Hoy no hay mesa de conciliación en la Secretaría de Trabajo.
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Incumplimiento de la Ley de Equiparación Salarial
El “enganche” de los magistrados provinciales con sus pares federales venía cumpliéndose hasta 2023. Ese año del 90% bajó al 85%. Por efecto de la Ley de Equidad Jubilatoria, este año cayó al 77%. Si se suman los incrementos de aportes a la Caja de Jubilaciones con los de Apross, en conjunto los descuentos representan el 32,5% del sueldo.
Uno de los voceros del movimiento gestado en forma autónoma por magistrados y funcionarios es el camarista civil Walter Simes. En diálogo con este medio afirmó: “El argumento oficial de la falta de fondos se cayó; la Provincia ha recibido excedentes millonarios que no se han traducido en mejoras, ni siquiera en la reducción de los aportes extraordinarios”.
En realidad, la Provincia viene aplicando los incrementos que resuelve la Corte Suprema, pero la pérdida se produce por la licuación del poder adquisitivo o "efecto Milei" que se arrastra desde 2023, que se potenció a fines del año pasado por la suba de aportes a la Caja y a Apross en la Provincia.
Más allá de lo estrictamente salarial, el reclamo de los magistrados apunta al corazón de la independencia judicial. Simes opinó que hay "injerencia de la política en la justicia" y falta autonomía económica del Poder Judicial. Actualmente, la Justicia debe pedir autorización al Poder Ejecutivo incluso para cubrir vacantes en el interior debido a la falta de presupuesto, lo que genera retrasos en las respuestas a los ciudadanos.
