Solamente cuatro de cada cien mujeres viven en economías con igualdad legal

Dos tercios de los derechos legales de los hombres: es lo que tendrían las mujeres en el mundo si se aplicaran en su totalidad las leyes diseñadas para garantizar la igualdad económica. Sin embargo, eso tampoco sucede: si bien en los últimos años existen avances significativos en varios países, esas normativas se aplican a medias o directamente no se aplican. Solamente cuatro de cada cien mujeres viven en un país en donde la igualdad legal es “casi” plena.

En los últimos dos años, según el análisis que hace periódicamente el Banco Mundial, 68 economías introdujeron 113 reformas legales positivas en la mayoría de las áreas de la vida económica de las mujeres. “Los avances más significativos corresponden a las áreas de empresariado y seguridad frente a la violencia. Siete países también ampliaron la licencia por paternidad para ayudar a redistribuir las tareas de cuidado y apoyar el empleo de las mujeres”, afirmaron. Los mayores cambios se dieron en África subsahariana: se implementaron 33 reformas, entre ellas la de levantar prohibiciones que impedían a las mujeres trabajar en sectores como la construcción, las manufacturas y la agricultura.

“Egipto fue el país del mundo que más reformas ha introducido en los últimos dos años, y ha mostrado un aumento de casi 10 puntos en la calificación de la igualdad legal. Con las reformas recientes se amplió la licencia parental remunerada de 90 a 120 días para las madres y se estableció un día de licencia remunerada para los padres, se exigió la igualdad salarial y se permitió solicitar modalidades de trabajo flexibles”, detallan.

En 2026 el estudio decidió incorporar, por primera vez, un diagnóstico sobre la aplicación efectiva de estos cambios. La conclusión principal es que las economías cuentan, en promedio, con menos de la mitad de las políticas y servicios necesarios para hacer cumplir las normas.

Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, afirmó, en la presentación del informe, que si bien en el papel la mayoría de los países muestran un panorama positivo, ya que obtuvieron en promedio un puntaje de 67 sobre 100, “en lo que respecta al cumplimiento de las leyes, el puntaje promedio cae a 53. Y cuando se evalúan los sistemas necesarios para ejercer esos derechos, la calificación es de solo 47”. Las cifras, agregó, “reflejan enormes brechas de oportunidad”.

Uno de los ejemplos más concretos de esa brecha es el acceso a los fondos necesarios para hacer una inversión: “Si bien en casi todas las economías las mujeres pueden poner en marcha negocios en las mismas condiciones legales que los hombres, solo en alrededor de la mitad se promueve la igualdad en el acceso al crédito”.

La política de cuidados también presenta una traba: ya se ha dicho y documentado ampliamente sobre la diferencia en cantidad de horas que hombres y mujeres dedican a estas tareas. Sin servicios asequibles y confiables las mujeres difícilmente puedan ocuparse en empleos de mayor productividad. Pero, “menos de la mitad de las 190 economías analizadas en el informe cuentan con leyes que proporcionan apoyo financiero o tributario a las familias. Y en ellas, solo se ha implementado el 30% de las políticas necesarias para respaldar servicios de cuidado infantil”, afirmaron desde el organismo.

En Argentina muchos de estos avances normativos están en riesgo o retroceso. Así lo determinó, al menos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw).

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó punto por punto las observaciones de este comité. Entre otras cosas, señalan la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la caída presupuestaria en las partidas destinadas a prevenir la violencia y promover la igualdad: en los papeles, tal como define el Banco Mundial, Argentina tiene un puntaje alto (supera el 80), pero no cuenta con un presupuesto adecuado para atender esas normas.

Con respecto a la aplicación de las leyes el Comité también manifestó su preocupación por el debilitamiento de la implementación de la Ley 27.499 (Ley Micaela) “y por el avance de discursos públicos que niegan o relativizan las desigualdades estructurales”.

La reforma laboral aprobada en el Congreso, finalizaron, podría implicar un retroceso normativo en sí mismo: según la ONU, tendrá un impacto desproporcionado.