Chile: el gobierno de Kast y un desgaste repentino

En política, la coherencia ideológica puede ser una fortaleza. Aunque cuando se transforma en rigidez, suele convertirse en un problema. Algo de eso hemos visto en las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast. Su adhesión estricta a la ortodoxia económica fue puesta a prueba y, lejos de ayudar a consolidar su proyecto, está debilitando su capital político y tensionando la viabilidad de su programa legislativo, a pesar de que cuenta con mayoría en las dos Cámaras del Congreso.

La ortodoxia económica (concepto central para entender el momento actual chileno) refiere a un enfoque que privilegia la disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica y la no intervención del Estado en los mercados. Bajo esta lógica, los precios deben reflejar las condiciones reales de oferta y demanda, evitando distorsiones como subsidios generalizados o mecanismos de contención artificial. Es decir, para los ortodoxos cualquier intervención excesiva en materia económica termina generando desequilibrios que, a la larga, pagan los propios ciudadanos.

Si bien este enfoque tiene fundamentos técnicos sólidos y ha sido clave en la estabilidad macroeconómica de varios países, su aplicación no es neutra en términos políticos y sociales, especialmente en contextos de alta sensibilidad.

La decisión del gobierno chileno de traspasar el alza de la gasolina y el diésel a las personas, derivado del alza del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente, generó un verdadero terremoto político que puso cuesta arriba la agenda legislativa del gobierno. Y aunque desde la lógica ortodoxa, la medida es coherente, toda vez que evita presiones fiscales y mantiene señales de precios claras; desde la lógica política, como era de esperarse, está teniendo consecuencias.

Es un error considerar el alza en los combustibles como un simple dato económico, pues debe ser uno de elementos que mayor efecto tienen en el bolsillo de las personas, dada su consecuencia en cadena en la canasta de precios. Y cuando ese impacto es percibido por la gente como resultado de una decisión deliberada (que se podría haber evitado), el costo político puede ser muy complejo, como lo demuestra la caída de más de 20 puntos a poco más de un mes de haber asumido el gobierno y la creciente crítica de los parlamentarios oficialistas. 

La ortodoxia económica, aplicada sin matices por el gobierno, ha desatendido la dimensión política que debe tener toda decisión económica. La mayoría de los chilenos esperaba, con el cambio de un gobierno, que la economía comenzara a caminar mejor y el shock de precios que se generó con el alza de la bencina (de casi medio dólar por litro de bencina y diésel) generó un cambio brutal en las expectativas de los chilenos y una fuerte crítica ciudadana y política que apela a la desconexión que esto ha generado con las prioridades ciudadanas, tensionando la legitimidad de la agenda económica y debilitando su viabilidad política en un contexto de creciente presión social y fragmentación del debate público.

La caída en la popularidad del gobierno de Kast no es un fenómeno aislado. Tiene implicancias estructurales. En sistemas presidencialistas como el chileno, el capital político es el principal instrumento para ordenar coaliciones, disciplinar mayorías y sostener agendas legislativas. Sin ese activo, incluso un gobierno con mayoría en el Congreso enfrenta dificultades crecientes para avanzar en su agenda legislativa.

En este contexto vuelve a emerger la amenaza del parlamentarismo de facto que tensionó el sistema político tras la revuelta de octubre de 2019 y la pandemia. En Chile, a medida que el Ejecutivo pierde respaldo, los parlamentarios oficialistas comienzan a desmarcarse y actuar según sus propios intereses, poniendo cuesta arriba la gestión política y legislativa del gobierno. Esto se traduce en agendas propias, votaciones impredecibles y una creciente fragmentación interna. Los legisladores dejan de actuar como bloque y comienzan a desplegarse como actores individuales que responden a sus territorios y a sus propias proyecciones electorales. 

En paralelo, la oposición se ve tentada a caer en la estrategia obstruccionista que niega la sal y el agua. Algo de eso también hemos visto en las primeras semanas del nuevo Congreso. Si bien la oposición no tiene los votos para frenar y/o torcer el programa de gobierno, en la medida en que el parlamentarismo de facto se vaya asentando, tendrá apoyos oficialistas en las soluciones populistas que siempre surgen en este contexto. 

Un ejemplo que vimos en el pasado reciente, y que comienza a sonar de nuevo como propuesta, son los retiros de los fondos de pensiones, pretexto de resolver un problema económico, y que terminó horadando los fondos de pensiones y generando un efecto inflacionario que generó un desbalance entre los ingresos y los gastos de todas las familias chilenas. 

El resultado es un Congreso más conflictivo, menos predecible y con mayores costos de transacción para cualquier iniciativa. El programa legislativo del gobierno –por ambicioso que sea– comienza a enfrentarse a un terreno cada vez más adverso.

Pero quizás el elemento más delicado es el clima social que empieza a configurarse. Cuando decisiones económicas percibidas como injustas se combinan con un sistema político que no logra canalizar demandas, el malestar tiende a buscar otras vías de expresión.

Tal vez es muy aventurado apostar a que volverá la conflictividad social que vimos en 2019 y que llevó a Chile al borde de un quiebre institucional, pero no hay que olvidar que el sistema político, económico y social que hoy está puesto bajo tensión es el mismo que había previo a la revuelta que terminó por desbordar a las instituciones y a la larga llevó a muchos chilenos a una situación mucho peor.

Hoy, aunque el contexto es distinto, algunos patrones comienzan a repetirse. La agresión a la ministra de Ciencias en la Universidad Austral no puede leerse como un hecho aislado. Es una señal de deterioro en las formas de convivencia política y de una creciente disposición a la confrontación.

Cuando estos episodios comienzan a multiplicarse, el riesgo es que la violencia vuelva a instalarse como herramienta política, especialmente si sectores movilizados perciben que no existen canales efectivos para procesar sus demandas.

En este escenario, la ortodoxia económica puede terminar siendo un factor de aceleración del conflicto. No porque sea incorrecta en sus fundamentos, sino porque su aplicación carece de una dimensión política que permita gestionar sus efectos.

El gobierno de Kast enfrenta, entonces, una disyuntiva crítica que tiene que ver con persistir en una ortodoxia sin matices que puede reforzar su identidad ideológica, pero al costo de seguir erosionando su capital político; o introducir flexibilidad, administrando las tensiones internas, lo que podría abrir espacio para recomponer apoyos y estabilizar el escenario.

La gobernabilidad no depende únicamente de tener razón en lo técnico. Depende, sobre todo, de la capacidad de leer el momento político. Y hoy, todo indica que ese momento exige algo más que disciplina económica. Exige inteligencia política que devuelva la confianza y mejore las expectativas de los chilenos.

Porque, en definitiva, el mayor riesgo no es el alza de los combustibles. Es que, en nombre de la ortodoxia, el gobierno termine perdiendo la capacidad de gobernar.

*Director Comsulting.