La seguridad nacional de Milei: un combo de extravagancia, improvisación e ignorancia

Cuando Javier Milei asumió su mandato presidencial decretó su reglamentación de la Ley de Ministerios, es decir conformó su gabinete según su saber y entender. En este acto determinó la existencia del cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos estableciéndole funciones en materia de seguridad nacional. Hasta el día de hoy este secretario es el funcionario responsable de “coordinar las áreas de seguridad, defensa e inteligencia, y de entender en el establecimiento, identificación, análisis y seguimiento de los asuntos estratégicos y prioritarios para el desarrollo nacional”. En la página web institucional de esta secretaría dice: “Desarrollamos y evaluamos estrategias de seguridad nacional y documentos conceptuales, coordinando con las áreas del Estado Nacional para fortalecer la protección y estabilidad del país”. Y además clarifica de forma contundente: “Asistimos al jefe de Gabinete en temas de seguridad, defensa e internacionales, evaluando información estratégica y coordinando con las áreas competentes para tomar decisiones efectivas”. Es indubitable lo que tienen que hacer. 

Sin embargo, Milei va rumbo a cumplir tres años de gobierno y con ello tres secretarios de Asuntos Estratégicos han pasado por este cargo y ni uno de ellos fue lo suficientemente competente para elaborar y publicar la política y estrategia de seguridad nacional del Presidente Milei. No cumplieron con su propósito. Es decir, no desarrollaron ni evaluaron estrategias de seguridad nacional y documentos conceptuales, tal como tienen establecido como responsabilidad.

Esta secretaría depende del jefe de Gabinete de Ministros según lo dispuesto en el diseño del organigrama. Guarda cierta lógica porque según la Constitución Nacional (artículo 100), el jefe de Gabinete de Ministros tiene funciones establecidas conformándolo como el responsable “de la administración general del país” y ejercer “las funciones y atribuciones que le delegue el Presidente de la Nación”, entre otras cuestiones. Y en el campo de la seguridad nacional, el decreto reglamentario mencionado le asigna como responsabilidad general y aplicable a este ámbito, desde el día uno de esta administración a la actualidad: la coordinación “de las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo, realizando la programación estratégica con el fin de obtener coherencia en el accionar de la administración e incrementar su eficacia”. La figura de un ministro jefe y coordinador de ministros no la tiene el gobierno de los EE.UU. Hete aquí una diferencia fundamental para tenerla en cuenta.

Además Milei le otorgó tres funciones adicionales específicas en materia de seguridad interior que están vigentes al día de hoy: “Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo integral de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia”; “participar en la aplicación de la Ley N° 22.352 en todo lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera en el área de su competencia” y; “colaborar con los entes nacionales, provinciales o privados para proteger a la comunidad frente a desastres naturales o causados por el hombre y a ilícitos que por su naturaleza sean de su competencia”.

El presidente Milei tuvo hasta ahora cuatro jefes de Gabinete de Ministros. Ninguno presentó (asesorado y asistido por su secretario de Asuntos Estratégicos) la política y estrategia de seguridad nacional de su gobierno. Es decir, no sabemos concretamente hasta ahora cuál es la política y estrategia de seguridad nacional de Javier Milei.

Pero para complejizar aún más las cosas en este ámbito, en julio de 2024, cuando el presidente Milei volvió a llamar al órgano de inteligencia de la Argentina como Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) creó dentro de ella, entre otros organismos desconcentrados que la componen, a la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Y qué hace esta agencia? Advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos y amenazas contra el orden constitucional dentro del territorio argentino. ¿Es esto seguridad nacional? No. De ninguna manera. Solo tiene un nombre que no se corresponde con lo que hace.

Pero esto no fue lo único. Hay más. Un tiempo más tarde, el Presidente Milei dispuso llamar a un clásico ministerio de seguridad interior como Ministerio de Seguridad Nacional. Dos ministras pasaron por este cargo así designado hasta ahora. ¿Y este ministerio hace seguridad nacional? La respuesta es no. Hace seguridad interior. Cumple con casi las mismas funciones que tenía la entonces Secretaría de Seguridad Interior dependiente del Ministerio del Interior (allá por los 90) y por ende también con aquellas que tiene su actual par estadounidense: el Department of Homeland Security. Pero aquí, parece que alguien confundió el significado en español de “homeland” (interior) con el de “national” (nacional) y así salieron las cosas cuando quisieron copiar. Por supuesto, nadie se anima a cambiar hoy este papelón institucional que alguien promovió en febrero de 2025 y que todavía continúa así. Cabe destacar que esto no fue ninguna modernización ni transformación del Estado.

Entonces, tenemos un Ministerio de Seguridad Nacional, una Agencia de Seguridad Nacional, una Secretaría de Asuntos Estratégicos y un jefe de Gabinete de Ministros pero, a diferencia de Donald Trump, Javier Milei –tras tres años de gobierno, repito nuevamente– no tiene una política y estrategia de seguridad nacional todavía. La extravagancia, la improvisación, pero sobre todo la ignorancia son tremendas. Es evidente que este Presidente no tiene asesores y funcionarios con suficiente “seniority” aunque sea solo para simplemente conocer que la seguridad nacional es a la seguridad lo que la macroeconomía es a la economía. Una cuestión básica que no necesita más que un simple documento que diga que se propone hacer en el campo de la seguridad y cómo lo van a hacer. Esto es –en definitiva– lo que hacen los gobiernos norteamericanos cuando asumen. Donald Trump publicó la suya el 4 de diciembre de 2025, un poco más de diez meses después de asumir su segundo mandato.

Con la visión de esta especie de “macroseguridad” establecida en un documento oficial de gobierno, una administración gubernamental puede definir lo que va a hacer y cómo va a hacer lo que se propone en todos los campos de la seguridad. Igual que lo que sucede en la economía cuando se explaya cuál será la política y estrategia macroeconómica que se va a seguir, lo que permite definir a partir de esto todas las políticas económicas que le son subsecuentes en todo el campo del quehacer económico del país. Esto se suponía que un Javier Milei lo sabía perfectamente si simplemente hubiera tenido la capacidad de extrapolar lo que sabe de economía a la seguridad, más cuando él ha mostrado además una inclinación personal por emular lo que hacen los gobiernos norteamericanos. Se han copiado hasta los logos de los organismos y algunas de sus formas de comunicación con tal de simular ser parecido a los EE.UU. Pero no pudieron copiar lo más importante. Lo fundamental para la seguridad de la Argentina. Una política y estrategia de seguridad nacional.

Por supuesto, que el contenido de una política y estrategia de seguridad nacional de un gobierno norteamericano no es igual al de un argentino. Su contenido y alcance son absolutamente diferentes e incomparables en todo sentido, pero esta mecánica permite hacer un gobierno más eficaz en todo el campo de la seguridad (independientemente del país que se trate) porque allí se establece, entre otras cuestiones, los intereses y objetivos que se persiguen y con ello también las prioridades. 

Esto permite orientar la participación del país en la seguridad regional e internacional que se considere necesaria porque determina los aliados y las alianzas que se creen convenientes para una administración. Permite determinar la política y estrategia de defensa nacional, la política y estrategia de seguridad interior y la política y estrategia de seguridad institucional. Esto ordena todo el sector Seguridad del Estado, en especial a los órganos de éste que están en el poder ejecutivo y al mismo tiempo da señales claras a los componentes del Poder Legislativo y del Judicial que forman parte también del sector Seguridad del Estado Nacional. Por supuesto, también permite orientar de igual modo a los gobiernos y sectores Seguridad de los Estados provinciales por ser Argentina un país organizado de manera federal. Al definirse prioridades ordena la organización más conveniente de todo el sector Seguridad del país y sobre todo la obtención de medios para la defensa, la seguridad interior y la inteligencia. Este tipo de documento y esta mecánica institucional permite generar medidas de confianza mutua hacia terceros países. Es una señal de transparencia y de buena gobernanza para todos, dentro y fuera del país.

Cuando no se tiene una línea de gobernanza de la seguridad clara y definida no se puede saber qué es lo prioritario y esta falencia puede observarse muy claramente en la administración Milei. 

¿Qué es prioritario para él? ¿La frontera norte o el Atlántico Sur? ¿Cuál es la inversión número uno a realizar? ¿Un muro en la frontera con Bolivia o un submarino? ¿Dónde potencializó el despliegue aéreo militar de apoyo a la custodia de la frontera? ¿Qué equipamiento necesito y qué despliegue destaco de las fuerzas de seguridad? ¿Con qué actor limítrofe realizo una alianza regional de seguridad fronteriza o de defensa común? ¿A quién le compro primero armas y vehículos? ¿A la Gendarmería o al Ejército? ¿Qué tipo de vehículo se necesita como prioridad? ¿Uno blindado o uno también anfibio? ¿Para selva o para meseta? ¿Qué tipo de buque priorizo? ¿Fluvial o marítimo? ¿De patrullaje marítimo o uno de proyección de poder naval? ¿Qué me solicita un aliado principal? ¿Una fragata para acompañar un despliegue naval o un submarino convencional? ¿Qué tipo de avión necesito con urgencia? ¿Un caza supersónico de cuarta generación o uno de ataque para la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué despliegue militar, naval y aéreo necesito? ¿El de una Guardia Nacional con presencia en todas las provincias o uno de un ejército profesional concentrado en fuertes? ¿Cuántas bases aéreas y navales necesito? ¿Dónde las necesito? 

¿Cuál es el perfil de personal que se requiere? ¿En qué cantidad? ¿Qué necesito para tener un elemento de fuerza para negociar Malvinas? ¿Un buque de desembarco de tropas u otra cosa? ¿Qué es necesario para tener control del mar? ¿Un submarino o un buque portadrones? ¿Necesito fuerzas perfiladas con el empleo masivo de drones o con el clásico uso intensivo de recursos humanos? ¿A qué le doy prioridad? ¿A misiles o artillería convencional? ¿Al espacio o al ciberespacio? ¿Dónde hacer inteligencia? ¿A quién? ¿Con quién? ¿Cuál es la logística que se necesita? ¿Una como la que se tiene ahora o una moderna como tiene, por ejemplo, Mercado Libre? ¿Se puede seguir con el esquema de industria estatal de defensa o hay que capitalizarla al estilo YPF? ¿Con qué socios? ¿Con cuál grado de apertura al capitalismo? ¿Qué es urgente? ¿Qué es indispensable? ¿Qué debo mantener y qué debo cambiar? 

Estas son algunas de las tantas preguntas indispensables que necesitan tener respuesta en una visión determinada y en una buena gobernanza bajo un método que nadie discute en el mundo para alcanzar calidad del gasto en los ministerios de defensa y seguridad interior y en la secretaría de inteligencia, por lo menos, entre otras carteras que también necesitan de este insumo fundamental, tal como por ejemplo la Cancillería, entre otros. Cuando esto no está establecido el resultado es una pésima gobernanza de la seguridad del país. Ese es –a casi tres años de gestión– el resultado que ofrece el gobierno del presidente Milei que ya no tiene tiempo para cambiar. Son él y su gobierno una oportunidad de cambio absolutamente desperdiciada para la seguridad argentina.

Cuando él asumió redujo toda la seguridad del país al control de los piquetes y de las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires a un problema de seguridad ciudadana que no es competencia de un gobierno nacional, sino de los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, para este caso específico. Y bajo esta distorsión de origen continuó una mala gobernanza de la seguridad en todo su amplio espectro bajo eslóganes políticos y un reduccionismo intelectual nunca antes visto en un gobierno argentino, poniendo a una alianza con EE.UU. e Israel como un paraguas que le permitiera no tener una definición de su política y estrategia de seguridad nacional y mantener en todo este tiempo transcurrido este déficit de gobernanza que, por supuesto, trajo consecuencias que su mismo gobierno paga con ineficacia y mayores costos aunque él haya reducido el presupuesto del sector seguridad y lo haya intentado maquillar con compras de armas que no responden a una lógica técnica porque ésta nunca fue definida ni conducida desde un liderazgo presidencial. Además, como él debería saber perfectamente como el economista que es, los costos pueden ser visibles o no, pero aquellos que no se pueden percibir en una planilla de Excel, tarde o temprano, se pagan también. 

Se perdió en este tiempo transcurrido una oportunidad para cambiar ya que había una necesidad de cambio en este sector del Estado porque la Argentina, con el retorno de la democracia, luego de una dictadura, llevó a la seguridad nacional a la demonización. A ser un concepto prohibido. Políticamente incorrecto. Entendible (en parte) por los hechos históricos ocurridos y sufridos traumáticamente por la sociedad. Veníamos de una militarización de la seguridad nacional; desde un extremo del péndulo fuimos directamente y sin escalas al otro extremo. Es decir a quitar la seguridad nacional de la seguridad haciéndonos un país extravagante en comparación con la comunidad internacional. No obstante, esto se completó con algunos atisbos de racionalidad y de sano criterio institucional. Entre ellos, la separación de los asuntos de la defensa nacional de los de seguridad interior. Llevó tiempo hacerlo pero finalmente se logró. Lo mismo ocurrió con la inteligencia que pasó a ser de un mal necesario a un instrumento de la mala política sin que nadie pudiera acertar como pasar de un aparato de inteligencia de una dictadura a otro de una democracia. No obstante, se llegó a una solución que no fue efectiva, pero es lo que pudo dar el sistema político argentino hasta que llegó Milei quien intentó hacer un benchmarking del sistema de inteligencia norteamericano con un resultado –por ahora– dudoso, en todo sentido.

¿Y por qué él era una oportunidad de cambio? 

Porque él no venía del tradicional sistema político argentino y prometía una modernización y transformación del Estado que en el sector Seguridad finalmente no se dio tal cual se esperaba, y peligrosamente Milei acercó al péndulo otra vez hacia un extremo en vez de llevarlo al centro; es decir, al lugar razonable bajo una gobernanza indiscutible por su solidez técnica y su solvencia política para que sea aceptado por la amplia mayoría del espectro político de la Argentina. No se supo. No se quiso. Se copió mal. Y otra vez tenemos el péndulo que se mueve a un extremo, para que nuevamente otro Presidente siguiente lo lleve hacia el otro extremo, en un ir y venir interminable, como ocurre con muchas cosas en la Argentina. Esperemos alguna vez haya madurez política y abandonemos los desaciertos continuos que cometemos con la seguridad estratégica del país.

Pero esta madurez no se refleja precisamente en la gobernanza del presidente Milei cuando instala un populismo militar en su gobierno al nombrar un general en actividad como ministro de Defensa o cuando nombra militares retirados o en actividad en cargos políticos o de dirección técnica en otras reparticiones del Estado, tal como ocurrió recientemente en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología o cuando hasta militariza, ya no funcionarios, sino también empleo público reemplazando personal civil de maestranza, cocina y jardinería con personal militar subalterno en la Quinta de Olivos. Esto es llevar innecesariamente el péndulo hacia un extremo comprometiendo a las fuerzas armadas y a su personal en tareas y funciones que no les corresponden.

Pero esta pérdida de oportunidad claramente puede observarse también, sin ninguna duda, en el reciente proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por el presidente Milei titulado bajo el rimbombante título de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

Todo indica que este Presidente no tuvo nadie que le dijera que si la seguridad nacional argentina necesitaba una ley era sólo para establecer un mecanismo institucional como el que tiene los EE.UU. con la Ley Goldwater-Nichols de Reorganización del Departamento de Defensa de 1986 (en inglés, Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act of 1986, Ley Pública 99-433) la cual en su sección 603 le establece a los presidentes dentro del primer año de gobierno presentar ante el Congreso de los EE.UU. la Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy) para los cuatro años de su mandato estableciendo formalmente la visión, objetivos y políticas del poder ejecutivo en materia de seguridad y defensa con un análisis detallado de los intereses, compromisos y el uso de los recursos dispuestos para el sector Seguridad de los EE.UU. 

Precisamente la Argentina no tiene una guía como sí lo tiene los EE.UU. para su seguridad. Esto es indispensable, necesario y urgente. Es lo que debe ser tenido en cuenta por cualquiera que aspire ser Presidente de la Nación. Debe tener un cronograma establecido por ley, y una vez que asuma el cargo, un tiempo de seis meses para presentar, tal como se hace en los EE.UU., la política y estrategia de seguridad nacional de su gobierno y una vez hecho esto, las carteras responsables deben presentar las políticas y estrategias de defensa nacional, seguridad interior y seguridad institucional; es decir, hoy en día, los Ministerios de Defensa y de Seguridad (Interior) y la Secretaría de Inteligencia del Estado, respectivamente. Entonces, en un año de gobierno, con ley de presupuesto propio para su segundo año, una administración nacional podrá tener todos los componentes necesarios para una buena gobernanza de la seguridad del país, tal como hace la mayoría de los países de la comunidad internacional y los EE.UU. en particular.

Pero esto no es lo único para cambiar. Argentina tiene una trilogía de leyes (de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia) que tienen muchas cosas positivas de distinto orden y, entre ellas, una de la más importante es la separación de la defensa nacional de la seguridad interior, tal como tiene los EE.UU., con la Ley Posse Comitatus (Posse Comitatus Act), de 1878, que prohíbe explícitamente que el personal militar del Ejército, la Armada, los Marines y la Fuerza Aérea de los EE.UU. ejecute leyes civiles o detenga ciudadanos en territorio estadounidense, evitando así que estas fuerzas actúen como una policía nacional o se involucren en la gobernanza y el orden interno cotidiano, consagrando el principio de subordinación militar a la autoridad civil. Por supuesto, esta norma no es absoluta ya que existen excepciones a su aplicación como la Ley de Insurrección (Insurrection Act de 1807), que permite al presidente de los EE.UU. desplegar tropas en casos de rebelión, invasión o cuando las autoridades locales no pueden mantener el orden. Tampoco aplica a la Guardia Nacional mientras permanezca bajo el mando de los gobernadores de cada Estado (salvo que sea “federalizada” por el presidente).

Los países deben aprender de su historia y no volver a cometer errores del pasado. Más cuando hubo sangre y dolor derramados. Los EE.UU. aprendieron y por ello esta ley nacida al finalizar el período de la reconstrucción posterior a la Guerra de Secesión que tiene una vigencia de 148 años. Nuestro período democrático actual tiene 43 años. No se puede tirar por la borda lo aprendido ni forzar lo legislado con nuevos criterios ambiguos que rompa lo que los EE.UU. no se permiten romper tras un siglo y medio. Si se copia tanto, esto lo deberían copiar.

Pero la trilogía legal mencionada tiene asuntos que son errores que hay que corregir. Cuestiones que claramente no funcionan y que no dan los resultados esperados. Entre ellas, la generación de una burocracia inútil de consejos y comités de crisis y un enredado y complejo sistema para el planeamiento de la defensa, la seguridad interior y la inteligencia. Si por ejemplo se hace foco especialmente en la Ley de Defensa Nacional, hasta tiene una reglamentación de la ley que establece un método de obtención de medios por capacidades militares contrario a lo que la ley establece en su letra. Un disparate que está vigente desde el año 2006 que le permite a los militares comprar sin un respaldo técnico sólido y una lógica política que lo respalde (es decir, sin un para qué y un contra quién), dejando un libre albedrío para comprar a las fuerzas armadas lo que quieran sin ningún control civil (o con uno de baja calidad). No como tiene institucionalizado los EE.UU. y otros países de la comunidad internacional.

Entonces, todo un entramado de leyes vigentes le pone a la cabeza de la Presidencia del Estado argentino un Consejo de Defensa Nacional, un Consejo de Seguridad Interior y hasta un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, entre otros. Sobran Consejos en el poder ejecutivo argentino que casi nunca se han reunido. Que están pero rara vez son convocados. Milei nunca convocó a ninguno en sus casi tres años de gobierno. Son inútiles y a nadie en su sano juicio se le ocurriría crear otro nuevo.

Entonces, bajo el pretexto de recuperar las Islas Malvinas (cuestión que este artículo no trata) el presidente Milei intenta forzar el péndulo hacia un extremo opuesto al que estaba, perdiendo una enorme oportunidad para la seguridad nacional, tergiversándola y en este nuevo proyecto de ley antes mencionado ¿Qué hace Milei? Se propone crear un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Sí. Otro nuevo consejo. No hay sano juicio. Ni en él ni en quienes lo asesoran.

Pero esto no es lo único. También establece un procedimiento secuencial para intervenir frente a aeronaves irregulares u hostiles (una especie de regreso al derribo de aviones); un nuevo procedimiento para controlar buques y proteger el mar y los ríos (como una especie de autorización al hundimiento o avería de buques por medio del uso de la fuerza); una nueva confusa definición de seguridad nacional que precisamente la distorsiona; un cambio en la definición de la defensa nacional que poco suma pero cambia el papel de las fuerzas armadas hacia roles que no les corresponden hacer ni para los cuales son los más idóneos para llevarlas a cabo; un nuevo régimen de protección de infraestructura crítica, energía, comunicaciones y centros de datos y un nuevo documento inútil que se suma a todos los que existen y no se aplican denominado Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas el cual dará lugar a otro documento que será un Plan Nacional que determine pautas de protección que se quieren establecer. Todo esto mechado en una ley de 83 páginas que además establece un régimen mucho más amplio para proteger los recursos naturales de las Islas Malvinas; nuevas multas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años; un bloqueo de activos y aranceles de hasta 75% frente a amenazas externas; nuevos límites a la influencia extranjera en elecciones y decisiones políticas; una puerta de salida para quienes abandonen las actividades cuestionadas y; la elevación a un rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera (hoy dependiente del Ministerio de Justicia) acompañado también por un endurecimiento del régimen contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Javier Milei: ¿haría algo similar con la macroeconomía? La respuesta es obvia. No. No propondría una Ley de Defensa de la Macroeconomía Nacional. Sería ridículo. Entonces, ¿por qué lo hace insensatamente con la seguridad nacional? Esperemos que en el Congreso Nacional y en la mayoría de la política argentina exista un poco de sensatez y no den cabida a gran parte de lo que aquí está establecido porque muchas cuestiones se pueden resolver con instrumentos legales de menor orden que una ley, con aplicar conocimiento técnico idóneo y –sobre todo– con que el jefe de Gabinete de Ministros y el secretario de Asuntos Estratégicos, entre otros, cumplan con sus funciones y responsabilidades en tiempo y forma. Es simple. No es necesario complejizar más las cosas.

El resultado de lo que han presentado como puede verse es una ensalada de temas en un solo cuerpo de un proyecto de ley (Malvinas, seguridad nacional, defensa, política exterior, inteligencia, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo) que solo trae más confusión y un daño tremendo a la seguridad nacional del país. En pocas palabras: un combo de extravagancia, improvisación e ignorancia. Evitémoslo. Miren el espejo de los EE.UU. que tanto admiran. Ellos no hacen estas cosas. Aprendan y aunque sea por una vez copien bien.

*Ingeniero, Magister en Defensa Nacional.