Brasil emprende una gran operación contra el narcotráfico

El Primer Comando de la Capital, más conocido por su sigla PCC, es la mayor organización delictiva de Brasil. Fundada en 1993, en una prisión paulista, actuó primero como un “simple” distribuidor de drogas en territorio de San Pablo. Con el tiempo, se extendió a todo el país y finalmente, es ahora una multinacional sudamericana, con actividades en Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela. Contra semejante grupo de poder, que cuenta nada menos que con 30.000 integrantes, el gobierno de Brasil acaba de emprender una razzia. La mega operación lleva adelante por la Policía Federal, en conjunto con el Ministerio de Economía y el de Justicia, pone de relieve las múltiples ramas de actividades que fueron montadas por la cúpula del PCC, además de las drogas.

Más de 1.400 agentes están involucrados en las acciones, que apuntan a despojar de bienes y empresas a esta mafia brasileña. Es que el Primer Comando está hoy infiltrado en sectores sensibles de la economía del país: combustibles, inversiones, lavado de dinero, fraude fiscal y estafas. La red de firmas con las que cuentan movió en lo que va de este año nada menos que 5.000 millones de dólares, tan solo en territorio brasileño.

Para desarmar ese vasto esquema del crimen organizado, se montaron dos procedimientos. Uno de ellos, llamado Quasar, apunta a desarticular la red de sociedades financieras y fondos de inversión, que actuaban en otras instituciones legales. La justicia federal autorizó el secuestro integral de los fondos utilizados en movimientos ilegales. Otra de las actuaciones, bautizada como Operación Tank, apunta a quebrar una de las redes de lavado de dinero, en el estado provincial de Paraná, que contaba hasta ahora con más de un centenar de empresas y que iban desde distribuidoras de combustibles y estaciones de servicio, a holdings, firmas para cobro de servicios e incluso instituciones de pago autorizadas por el Banco Central.  En San Pablo, el acoso policial llegó a las usinas productoras de alcohol combustible, y nada menos que 5 administradoras de fondos de inversión, además de empresas transportadoras de cargas, y dos terminales portuarias. 

El gobierno federal está tan decidido a avanzar en el desmembramiento del PCC que no tuvo inconvenientes en afectar las actividades del centro financiero más importante del país: la avenida Faría Lima, de la capital paulista. Dos bancos están públicamente intervenidos: el BK Bank y el Reag Inversiones.

Como suele suceder con las organizaciones delictivas, los asesinatos están a la orden del día, sobre todo si se trata de miembros del sistema judicial. Es el caso del fiscal Amauri Silveira Filho, que desde hace meses conduce una investigación sobre el PCC y el tráfico de drogas más el lavado de dinero. Uno de los grandes capos de ese cártel de las drogas, Sergio Luiz de Freitas, conocido por su seudónimo Mijao, fue quien montó  el aparato y la operatoria para matar al fiscal. Buscado intensamente en Brasil, la policía cree que en realidad del hombre está escondido en algún lugar de Bolivia.

En una conferencia de prensa, ofrecida hoy por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el ministro de Economía Fernando Haddad, en conjunto con el titular de la Policía Federal, se dijo que el nivel de refinamiento del Primer Comando de la Capital “hoy exige la colaboración de todos los organismos involucrados”. Según Haddad, “se precisa de la inteligencia de los auditores que van a investigar los fondos de inversión y entender así de dónde viene y a dónde va el dinero. O sea, se trata de descifrar el camino es esos recursos”. Reveló también, que hay más de 1.000 estaciones de servicio que venden combustible, encima adulterado.

Gi