Malvinas: el Tribunal del Mar fijó las fechas para tratar el reclamo argentino contra la explotación petrolera

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) estableció el 10 y 11 de noviembre de 2026 como las fechas para las audiencias orales por la demanda que Argentina presentó contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur. A través de una orden firmada este martes por su presidente, el juez Maurice Kamga, el organismo con sede en Hamburgo dio inicio a una nueva etapa del proceso para determinar si corresponde suspender el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, hasta que se conforme el tribunal arbitral que resolverá la disputa de fondo.

La decisión llega una semana después de que el gobierno de Javier Milei presentara su solicitud de medidas provisionales, el 13 de octubre. La rapidez de la respuesta se enmarca en los plazos acotados que caracterizan este tipo de procedimientos de urgencia.

Según el comunicado oficial del ITLOS, las audiencias se celebrarán en la sala principal del organismo, serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del ITLOS. Los miembros del cuerpo diplomático, la prensa y el público en general pueden registrarse con anticipación para asistir de forma presencial.

Durante las jornadas del 10 y 11 de noviembre, los jueces analizarán si existe una base inicial para asumir jurisdicción sobre el caso, si la urgencia amerita la intervención del organismo y si las medidas cautelares solicitadas resultan proporcionales.

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Si el tribunal falla a favor de Argentina, las medidas que disponga serán de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido. Una vez constituido, el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas.

El pedido argentino y los plazos del tribunal

Lo que Argentina pide es que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.

La orden del juez Kamga —registrada como caso número 37 en el tribunal— formaliza un procedimiento que comenzó el pasado 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y notificó formalmente a Londres. La advertencia fue clara: si en dos semanas no se frenaba la explotación, Argentina acudiría a Hamburgo.

El 12 de octubre venció el plazo sin que el Reino Unido modificara su postura. Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno presentó formalmente el pedido de medidas provisionales ante el ITLOS, al amparo del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). La norma contempla la posibilidad de solicitar medidas urgentes antes de la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver el conflico. 

El Gobierno británico ya había rechazado la solicitud el 11 de octubre. En el documento presentado ante el tribunal, Argentina calificó esa respuesta como “una mera repetición de argumentos previamente planteados”. La presentación, de 49 páginas, fue firmada por el embajador Mario Oyarzábal, en su carácter de agente argentino ante el ITLOS, y elaborada con la participación de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal.

Sea Lion: las empresas a cargo y el plan de explotación

El yacimiento en disputa se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de Malvinas, sobre un área de 541,40 km² dentro de la licencia PL032. La operación está liderada por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron como meta el inicio de la producción en el primer trimestre de 2028.

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De acuerdo con el reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, la campaña de perforación de la fase 1 de Sea Lion “se espera que comience a principios de 2027”. El reporte de flota de julio de 2026 de Noble Corporation registraba que la plataforma semisumergible Noble Endeavour iniciaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027.

El desarrollo completo contempla 23 pozos terminados distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina anclada al lecho dentro de una zona de exclusión de 500 metros y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) con una zona de exclusión de 1.275 metros de radio.

Estrategia ambiental y soberanía

Uno de los principales argumentos de Argentina es el ambiental, ya que permite reclamar el cumplimiento de las obligaciones del Reino Unido sin importar quién tenga la soberanía sobre las islas. Para respaldarlo, el escrito cita el fallo del arbitraje del Mar del Sur de China, que sostiene que las normas de protección del medio marino “se aplican a todos los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas” y que, por lo tanto, “las cuestiones de soberanía son irrelevantes” para aplicar esas normas.

Esa lógica le permite al ITLOS actuar sin pronunciarse sobre la titularidad del las Malvinas.  Argentina sostiene que tiene la obligación de proteger el medio marino en la zona, que el Reino Unido le impide ejercer esa función regulatoria al operar de manera unilateral, y que los daños ambientales son por definición irreversibles, lo que refuerza el requisito de urgencia que exige el artículo 290.

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La presentación se basa en documentos de las propias empresas involucradas. En abril de 2015, se registró una falla en el pozo Isobel Deep, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Sea Lion.

Además, el Plan de Contingencia para Derrame de Petróleo que Premier Oil presentó ante las autoridades de facto de las islas advierte: “Existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días”. Para un crudo más liviano, el mismo documento estima “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días”.

Por otra parte, el escrito argentino dedica un capítulo a cuestionar la capacidad técnica de las operadoras. El documento afirma que ni Navitas Petroleum ni Rockhopper Exploration tienen experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción.

Las licencias petroleras y la respuesta del Reino Unido

El escrito sitúa al proyecto Sea Lion en un contexto más amplio. El 21 de septiembre de 2026 —siete días antes de que Argentina iniciara formalmente el arbitraje—, las autoridades de facto de las islas extendieron por cinco años todas las licencias de producción hidrocarburífera. Las licencias en juego son PL001, PL032, PL033, PL004a, PL004b y PL004c, en las que participan los grupos Eco, Navitas y Rockhopper con porcentajes que varían de un bloque a otro.

El cuarto pedido cautelar busca impedir precisamente ese tipo de expansión unilateral. La presentación también argumenta que la disputa se enmarca en el proceso de descolonización supervisado por las Naciones Unidas y que las resoluciones de la Asamblea General son parte del marco jurídico que los jueces deberán considerar.

Ante la Cámara de los Comunes, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, confirmó que la embajada británica en Buenos Aires entregó el 11 de octubre la respuesta formal al arbitraje y que el Reino Unido participará del proceso.

“La notificación no constituye una sentencia de un tribunal internacional. No invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas. No altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”, aclaró

Sobre las medidas provisionales, la ministra sostuvo que la posición establecida del Reino Unido es que “son vinculantes para las partes” y que el país “cumple con sus obligaciones internacionales”.

En paralelo, el Departamento de Negocios y Comercio y la Cancillería del Reino Unido anunciaron la aplicación de la ley de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests). La norma permite al Gobierno británico impedir que empresas y ciudadanos del país sean obligados a cumplir regulaciones extraterritoriales impuestas por otros Estados.

El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, dijo que el gobierno “actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos” y afirmó que el apoyo británico a las islas es “inquebrantable”.

Kumaran advirtió que el gobierno está preparado para tomar “medidas adicionales” si la situación continúa. “Serán legales, serán proporcionales y, se lo aseguro, serán contundentes”, dijo ante los comunes.

La estrategia jurídica de Argentina tiene un antecedente en el propio tribunal. En abril de 2015, el ITLOS dictó medidas provisionales en la disputa entre Ghana y Costa de Marfil y ordenó a Ghana suspender nuevas perforaciones petroleras en la zona marítima en conflicto, aunque autorizó que continuaran las operaciones que ya estaban en marcha.

Sin embargo, ambos casos presentan una diferencia central: mientras que el litigio entre Ghana y Costa de Marfil se refería a la delimitación de las fronteras marítimas entre países vecinos, el reclamo argentino se vincula con una disputa de soberanía territorial en el contexto del proceso de descolonización.

Otro referente es el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción judicial de acreedores de la deuda argentina. La Cancillería inició entonces un arbitraje por la Convemar y solicitó medidas provisionales al ITLOS. Entre el pedido y la resolución transcurrió aproximadamente un mes. El tribunal ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.

Un dato de contexto relevante es que la vicepresidenta del ITLOS desde el 1 de octubre es la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, elegida junto con el presidente Kamga para el período 2026-2029. Armas Pfirter integra el tribunal desde 2023 y se desempeñó previamente como conciliadora y árbitra de Argentina en el sistema de solución de controversias de la Convemar. Su nacionalidad no impide que participe en el caso (el Estatuto del tribunal no prevé la recusación automática por nacionalidad).

RM/AF