La Corte Suprema confirmó la condena de cuatro años de prisión a Julio De Vido y deberá presentarse el jueves 13 ante la justicia
Los magistrados rechazaron los recursos presentados por la defensa, que buscaba reducir la condena por administración fraudulenta en la causa por la tragedia ferroviaria de Once. Además, el fallo confirmó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de afrontar las costas.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a cuatro años de prisión contra Julio De Vido, exministro de Planificación Federal en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por su participación en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado vinculado a la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que dejó 52 muertos y 789 heridos. Además, el fallo dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impidiéndole ocupar cualquier función dentro de la administración estatal, y estableció la obligación de afrontar las costas.
Al aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos de la defensa, que buscaba anular o reducir la pena, y del Ministerio Público Fiscal, que pretendía aumentarla. De este modo, la condena quedó firme y ejecutable, por lo que el exministro podría ser detenido próximamente, ya que nunca estuvo preso por esta causa.
De Vido deberá presentarse mañana a las 8:30 en los tribunales de Comodoro Py para ser trasladado a una unidad penitenciaria. Sin embargo, solicitó cumplir la condena de cuatro años de prisión en prisión domiciliaria en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate, alegando sus 75 años —la ley permite este tipo de arresto a partir de los 70— y problemas de salud que, según él, le impedirían permanecer en una cárcel.
La investigación judicial sobre la tragedia de Once comenzó en 2013, cuando el juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral contra 28 imputados, entre ellos el maquinista Marcos Córdoba y exsecretarios de Transporte, por defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. A lo largo del proceso, que se extendió por dos años, la Justicia condenó a varios funcionarios, empresarios y al conductor del tren por su responsabilidad.
A partir de diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 2 dictó sentencia condenatoria contra Córdoba, los dueños y directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio, y los exsecretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Determinó que la tragedia fue consecuencia del mal estado del tren, la falta de mantenimiento pese a los fondos asignados y una conducción negligente, y ordenó investigar la responsabilidad del entonces ministro.
Tres años después, en 2018, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no cumplió con el control sobre el uso de fondos públicos destinados a TBA. Sin embargo, fue absuelto del delito de estrago culposo, figura penal directamente vinculada a las muertes y lesiones provocadas por el accidente ferroviario.
Julio de Vido, su exsubsecretario y un empresario fueron condenados en la causa del Gas Licuado
La lectura del fallo del Tribunal Oral Federal 4 dejó una frase contundente: “Entre De Vido y el maquinista del tren chapa 16 se determinó una cadena de responsables, todos ellos más cercanos que el exministro a los ámbitos de gestión operacional del servicio ferroviario de la línea Sarmiento”. Además, destacó que "el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero, a pesar de que informes públicos alertaban sobre el mal funcionamiento de los trenes".
La Cámara de Casación Penal ratificó la condena y la defensa de De Vido apeló ante la Corte Suprema
La Corte Suprema, en un primer fallo, había confirmado la absolución del exministro kirchnerista por el delito de estrago, pero en agosto de 2024 ratificó su responsabilidad penal por defraudación y ordenó dictar una nueva sentencia para ajustar la pena. Ahora, la decisión, adoptada por mayoría con los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Mariano Borinsky —en disidencia con Horacio Rosatti y la conjueza Marina Cossio—, argumentó que no correspondía imponerle una sanción más severa que a otros condenados por ambos delitos.
Al ser devuelto el caso a la Cámara de Casación, el tribunal fijó en abril de 2025 una pena de cuatro años de prisión tras una audiencia y, pese a ello, tanto la fiscalía, que pretendía elevar la condena, como la defensa, que buscaba reducirla, apelaron la resolución. Finalmente, este martes la Corte Suprema rechazó los recursos de ambas partes y confirmó la pena de cuatro años de prisión, dejando sin efecto un último intento de la defensa para declarar la prescripción del caso.
Qué ocurrió en la tragedia de Once, el accidente ferroviario que conmocionó al país en 2012
En el momento del accidente era hora pico y el tren estaba muy cargado de pasajeros, en su mayoría trabajadores en ruta al empleo
Los primeros tres vagones del tren se aplastaron, causando lesiones graves y muertos
La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, cuando un tren de la línea Sarmiento (formación 3772, chapa 16) no logró frenar al llegar a la estación terminal Once, en Buenos Aires. A partir del impacto, la formación chocó contra los paragolpes de contención del andén 2 y los tres primeros vagones se aplastaron, atrapando a decenas de pasajeros, en su mayoría trabajadores que se dirigían a sus empleos en hora pico.
El accidente dejó 52 víctimas fatales y alrededor de 789 heridos, muchos trasladados de urgencia a hospitales porteños. El impacto fue tan fuerte que provocó una explosión interna, rompió vidrios y generó una onda expansiva dentro de los vagones, que viajaban con cerca de 1.200 personas a bordo. Fue el tercer siniestro ferroviario más grave de la historia argentina y evidenció graves fallas en el mantenimiento y control del servicio.
Detrás de la tragedia estuvo la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), que operaba la línea Sarmiento bajo contrato con el Estado y no realizó el mantenimiento necesario pese a recibir fondos públicos. A lo largo de la investigación, la Justicia determinó responsabilidades y condenó a empresarios, funcionarios, al conductor del tren y al exministro de Planificación Federal por administración fraudulenta en el uso de esos recursos.
MV / EM /TC
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