La economista de FADA, Antonela Semadeni, planteó que el debate sobre la competitividad argentina debe contemplar el aporte de las cadenas agroindustriales y no limitarse a una mirada centrada exclusivamente en la producción primaria. En ese sentido, cuestionó los prejuicios que reducen el empleo agropecuario a las tareas realizadas directamente en el campo. “El agro también sufre un poco con esos mitos. Se piensa a veces que el empleo en el agro es simplemente el tipo que trabaja una cosechadora o una sembradora”, explicó.

La especialista destacó que detrás de la producción primaria existe una estructura productiva mucho más amplia, que involucra distintas actividades industriales y servicios asociados. “En realidad, el agro es la agroindustria, como se la conoce, que son más de 20 cadenas agroindustriales y que realmente generan un montón de empleo”, sostuvo. Además, remarcó que muchos puestos laborales, aunque no se desarrollen presencialmente en el campo, dependen directamente de la producción de carne, leche y granos.

Para Semadeni, esta relación permite comprender que el desarrollo agropecuario y el industrial no necesariamente constituyen actividades contrapuestas, sino que forman parte de una misma estructura económica.

La transición económica y el problema de la competitividad

Al analizar el rumbo económico argentino, Semadeni consideró inevitable avanzar hacia una economía con mayor estabilidad macroeconómica, menor inflación y sin déficit fiscal, brechas cambiarias ni restricciones comerciales. Sin embargo, advirtió que la discusión central pasa por la velocidad con la que se implementan los cambios. “Creo que hay una transición de nuestra economía que era inevitable, o sea, pasar a una economía más sana, con menos inflación, sin déficit, sin brechas, sin cepos, sin restricciones y aranceles tan altos”, señaló.

En ese marco, diferenció el rumbo general del proceso de transformación de la manera en que se está llevando adelante. “El problema no es el rumbo, sino la velocidad”, sintetizó.

Como referencia, mencionó la experiencia de Chile durante los años 2000, cuando el proceso de apertura económica se desarrolló con un tipo de cambio más elevado, una condición que permitió amortiguar los efectos de la transición mientras se ajustaban las variables de competitividad.

También recordó la experiencia argentina de los años 90, cuando las privatizaciones de servicios públicos contribuyeron a mejorar la competitividad logística y compensaron parcialmente otros desequilibrios. “En este caso, nosotros no tuvimos ninguna de esas dos cosas”, advirtió, al explicar por qué el proceso actual resultó particularmente difícil para los sectores productivos.

El desafío de coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios

La economista también señaló que la competitividad no depende exclusivamente de las decisiones del Gobierno nacional. En su análisis, los gobiernos provinciales y municipales tienen un papel determinante, especialmente en materia tributaria.

Semadeni sostuvo que la reducción de impuestos requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado, ya que las modificaciones tributarias repercuten sobre los recursos coparticipables y generan discusiones sobre la distribución de los ingresos. “En la medida en que no haya diálogo entre esos tres niveles de gobierno, es muy difícil bajar impuestos”, afirmó.

Finalmente, advirtió que las diferencias entre Nación, provincias y municipios pueden convertirse en una discusión permanente que dificulta la implementación de medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía argentina. “Y así, esa discusión un poco sin fin, lamentablemente”, concluyó.