Agrotóxicos: ¿Comemos y respiramos veneno?

Están en el aire, en la lluvia y en las frutas y verduras que nos llevamos a la boca. Glifosato, herbicidas, fungicidas e insecticidas: venenos de diferentes tipos que respiramos y comemos a diario. No es necesario trabajar en el campo ni vivir cerca de donde se fumigan las cosechas. En un barrio popular o en una mansión de Barrio Parque, la población está expuesto a estos cócteles de sustancias que se utilizan para eliminar insectos, hongos o plantas.

¿Qué le hacen a nuestra salud? Están probados los problemas respiratorios, neurodegenerativos y hasta los casos de cáncer que generan en habitantes de zonas rurales, pero ¿qué sucede con las pequeñas cantidades a las que estamos expuestos en las grandes ciudades? Esto se preguntó el Proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada enteramente por la Unión Europea y realizada en diez países, entre los cuales se encuentra Argentina.

La científica responsable de estos estudios en territorio argentino es Virginia Aparicio quien, lejos de recibir un reconocimiento, enfrenta un sumario administrativo con pedido de exoneración. Se trata de la sanción disciplinaria más grave para un trabajador del Estado: implica el despido inmediato y la prohibición permanente de volver a ejercer cargos públicos o reingresar a organismos estatales.

El impacto global y las cifras ocultas

Las intoxicaciones con agrotóxicos alcanzan los 385 millones de casos cada año en todo el mundo y provocan 11 mil muertes por intoxicación aguda. Los datos pertenecen a un estudio epidemiológico global publicado en 2020 en la revista científica BMC Public Health.

Sin embargo, informes de la ONU y la OMS advierten que las estadísticas de muertes por agrotóxicos sufren un fuerte subregistro debido a tres factores estructurales. En primer lugar, existe un severo subdiagnóstico en zonas rurales donde la falta de infraestructura médica o de análisis toxicológicos de laboratorio impide catalogar adecuadamente la causa real de un deceso. A esto se suma la brecha de atribución en la medicina, ya que un profesional puede diagnosticar cáncer o falla renal crónica, pero rara vez registra en la causa de muerte la exposición ambiental acumulada durante dos décadas a un paquete de agroquímicos. Por último, influye el denominado "efecto cóctel", ya que las evaluaciones epidemiológicas globales suelen calcular el riesgo de una molécula por separado, ignorando la aceleración del daño biológico cuando coexisten múltiples sustancias en el organismo humano.

Los datos de SPRINT en Argentina

Esta limitación metodológica impide saber con exactitud cuántas personas enferman y mueren por el efecto de los agrotóxicos en el mundo y en la Argentina. No obstante, los resultados de SPRINT acercan números inquietantes sobre la magnitud del problema: de la muestra total analizada (73 personas), el 100% mostró tener en sangre, orina y materia fecal entre dos y diez agrotóxicos. La muestra incluyó a trabajadores rurales, habitantes de localidades cercanas a fumigaciones y residentes de grandes ciudades.

Estos hallazgos desencadenaron el proceso disciplinario contra Virginia Aparicio. El trámite se inició durante la gestión del INTA en el gobierno anterior y continuó en la administración actual. Es decir, tanto los funcionarios nombrados por el gobierno peronista como la gestión libertaria coincidieron en avanzar con el procedimiento sumarial en respuesta a la divulgación de los resultados.

En el expediente tramitado ante la Asesoría Jurídica del INTA y en la notificación formal enviada a Aparicio a mediados de 2023, las autoridades de la entidad expusieron sus argumentos. En primer lugar, plantearon una supuesta ruptura de la cadena de mando. En ese documento oficial, la Presidencia del INTA fundamentó la prohibición de comunicar avances invocando la violación del Reglamento del Personal, que exige contar con el aval institucional previo de la Dirección Nacional antes de difundir datos de proyectos con financiamiento externo.

La palabra de la investigadora

Desde Perfil consultamos a Virginia Aparicio sobre su perspectiva respecto a las imputaciones impulsadas por las autoridades del INTA:

"No puedo atribuir intenciones que no puedo demostrar ni afirmar qué incomodó a determinadas personas o sectores. Sí puedo hablar de los hechos y de la secuencia que viví. SPRINT no fue una investigación clandestina ni una iniciativa personal. Fue un proyecto internacional financiado por la Unión Europea, integrado por instituciones científicas de diez países europeos y Argentina. INTA participó institucionalmente y yo fui responsable del sitio de estudio argentino. El propio organismo había difundido públicamente el proyecto y sus objetivos.

En 2023, cuando llegaron resultados individuales que debían ser comunicados a los voluntarios, esa devolución fue suspendida institucionalmente. Posteriormente, INTA resolvió retirarse del proyecto y se inició un proceso sumarial. Según la información que recibí extraoficialmente a través de APINTA, el Consejo Directivo trató el expediente a fines de agosto de 2026 y se habría avanzado con mi exoneración de la Administración Pública Nacional. Al momento de esta entrevista todavía no he recibido la notificación formal correspondiente. Más que especular sobre las motivaciones, creo que existe una pregunta de fondo que sí merece una discusión pública: ¿qué debe hacer una institución científica del Estado cuando una investigación produce resultados sensibles?"

Si bien se conocieron los argumentos vertidos en el expediente administrativo, el INTA no emitió ningún comunicado público en relación con las sanciones ni sobre los datos de SPRINT. Desde Perfil intentamos comunicarnos con el área de prensa del organismo, pero no obtuvimos respuesta.

Un debate abierto sobre la producción y la salud

La presencia de dos a diez agrotóxicos en el 100% de los organismos analizados abre interrogantes urgentes: ¿Qué efectos tiene en la salud la exposición a este "efecto cóctel" a corto y largo plazo? ¿Qué medidas deben tomarse para proteger a la población rural y urbana?

Reducir la presencia de estas sustancias no exige paralizar el campo ni perder rendimiento, sino aplicar herramientas que la agronomía ya conoce. Existen alternativas viables como el uso de tecnología de precisión para aplicar químicos únicamente donde hace falta, la rotación de cultivos, el control de recetas con trazabilidad estricta y la fijación de zonas de resguardo en escuelas rurales y cursos de agua. A la vez, especialistas sugieren potenciar el uso de insumos biológicos y el manejo integrado de plagas para cuidar la salud sin comprometer la productividad.