El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes puso fin a una larga batalla judicial al dejar firme la condena contra el productor hortícola Ricardo Nicolás Prieto. El empresario fue hallado responsable de la muerte de Nicolás Arévalo, de 4 años, y de las lesiones graves sufridas por su prima, Celeste Estévez, tras la exposición directa a potentes agrotóxicos en una chacra de la localidad de Lavalle, en marzo de 2011.
La resolución rechazó la apelación presentada por la defensa y confirmó la pena de tres años de prisión condicional impuesta en 2020 por el Tribunal Penal de la Segunda Circunscripción de Goya. La condena es por homicidio culposo y lesiones culposas.
“Todos los elementos de prueba valorados han brindado el grado de certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que el hecho se encuentra acreditado y demostrada sin ninguna duda la culpabilidad”, sostiene el fallo.
Un hecho que marcó un precedente
El caso se remonta a marzo de 2011, en el paraje Puerto Viejo. Los niños, de 5 y 4 años, se encontraban en las inmediaciones del campo cuando Nicolás Arévalo cayó en una zanja con barro contaminado con el organoclorado alfaendosulfán, un insecticida utilizado en la fumigación. Al intentar auxiliarlo, Celeste también resultó afectada por el veneno.
Según la sentencia, el producto se encontraba tanto en el barro como en el aire debido a las derivas generadas durante la aplicación.
La investigación determinó que Prieto actuó de manera negligente e imprudente. El tribunal destacó que el productor permitió la fumigación con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que facilitó que los químicos se propagaran por acción del viento hacia las zonas donde se encontraban los menores. Esta exposición provocó en Nicolás un edema agudo de pulmón que le causó la muerte poco después.
El debate sobre agroquímicos
La confirmación de la condena se produce casi 15 años después del hecho y es considerada por organizaciones ambientales y familiares de víctimas como un antecedente relevante en materia de responsabilidad penal por el uso de agroquímicos. También ocurre en un contexto de creciente alerta científica. Recientemente, el estudio europeo Transición Sostenible de Protección Vegetal (Sprint), realizado entre 2020 y 2025 en once países —entre ellos Argentina— detectó la presencia de plaguicidas en aire, agua, suelo y en muestras biológicas humanas, incluso en zonas donde no se aplican directamente.
En Argentina, los muestreos se efectuaron en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Según el informe, todas las personas analizadas presentaban glifosato en su organismo, independientemente de si residían en zonas rurales o urbanas. Además, se registraron niveles elevados de otros compuestos en los suelos como AMPA, 2,4-D, atrazina, metolacloro, clorpirifos, fipronil, imidacloprid, cipermetrina y tebuconazol, entre otros; lo que refuerza el reclamo de organizaciones ambientales por una actualización urgente de las normativas de control.
Los investigadores concluyeron que los estándares actuales de control no resultan suficientes para evitar riesgos para la salud humana y el ambiente y recomendaron una reducción urgente del uso de plaguicidas.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena y dio cierre al proceso judicial iniciado tras la muerte de Nicolás Arévalo, ocurrida en 2011. La decisión consolida un antecedente en la jurisprudencia provincial en materia de responsabilidad penal por el uso indebido de agroquímicos y fija criterio sobre los deberes de cuidado exigibles en la aplicación de sustancias tóxicas en ámbitos rurales.
GD / EM
