Día 709: $LIBRA y Discapacidad, ¿el fin de la defección estratégica de la Justicia?

El rápido avance de la causa ANDIS contra el entorno presidencial, con Javier Milei todavía en ejercicio del poder, obliga a reconsiderar la teoría clásica de la defección estratégica, según la cual los jueces solo avanzan contra el Ejecutivo cuando perciben su debilidad, y que parecería confirmarse, por ejemplo, en el caso de Cristina Kirchner y la causa Cuadernos. O también el hecho de que La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Alberto Fernández, confirmado ayer, en la causa Seguros. 

Sin embargo, con Milei ocurre lo contrario: fiscales y magistrados parecen moverse mientras el oficialismo conserva poder e incluso sale legitimado de las últimas elecciones. ¿Estaremos ante una nueva dinámica en la relación entre el poder Ejecutivo y Judicial? ¿Qué implica esto para la dinámica de la democracia y las instituciones en nuestro país?

Ayer hubo dos hechos relevantes en las dos causas que implican al Gobierno en casos de corrupción. Por un lado, la salida ayer de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los acusados en la causa ANDIS por coimas, tras encontrarse 700 mil dólares en su domicilio. Por otra parte, simultáneamente, la Comisión Libra en Diputados presentó su informe final de la comisión investigadora del caso $LIBRA, acusando a Javier y Karina Milei de una “colaboración imprescindible” en el escándalo de la criptomoneda. 

Los allanamientos que permitieron el hallazgo de los 700.000 dólares en el domicilio de Ornella Calvete, junto con los primeros operativos en la droguería Suizo Argentina, realizados en agosto y donde se secuestraron computadoras, documentación clave y se encontró a uno de sus dueños con importantes sumas de dinero en efectivo, reflejan una celeridad inusual de la Justicia. Lejos de los tiempos extensos y las demoras características de otras investigaciones de corrupción estatal, estos procedimientos fueron ordenados y ejecutados en cuestión de días, apuntando tanto a la ruta del dinero como a la posible estructura empresarial que alimentaba el circuito de retornos.

La política argentina estaría asistiendo a un quiebre profundo en la relación histórica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Las causas ANDIS y $LIBRA no solo exponen tramas de corrupción muy graves dentro de un gobierno que aún está en ejercicio, sino que obligan a preguntarse si está mutando un viejo patrón: la llamada defección estratégica de la Justicia.

ANDIS: renunció una funcionaria de Economía a quien le encontraron USD 700 mil en su casa

La defección estratégica es una teoría que explica por qué los jueces, lejos de actuar aislados del contexto político, ajustan sus decisiones según la fortaleza o la debilidad del Poder Ejecutivo en ejercicio. La idea central es que, en sistemas institucionalmente inestables, los jueces toman decisiones no solo por convicción jurídica, sino también para protegerse frente a eventuales sanciones, presiones o remociones impulsadas por futuros gobiernos.

En su trabajo “La lógica de la defección estratégica”, Gretchen Helmke y Leandro Wolfson analizan históricamente este comportamiento en Argentina, analizando, por ejemplo, la etapa final de la dictadura y la transición democrática; los años del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando el oficialismo comenzó a mostrar debilidad política; y el inicio del gobierno de Carlos Menem, marcado por una mayor fortaleza institucional del Ejecutivo.

Este gráfico muestra cómo, cuando la dictadura de 1976 perdió la guerra de Malvinas, los fallos de la Corte Suprema en su contra crecieron de 20 a 50. Lo mismo sucedió luego con Alfonsín y Menem. 

En términos generales, los jueces apoyan al gobierno mientras perciben que este es fuerte, estable y con capacidad de permanecer en el poder. Pero cuando advierten señales de erosión política, crisis de autoridad o una oposición con alta probabilidad de convertirse en gobierno, comienzan a avanzar rápidamente las causas y dictan fallos contrarios al Ejecutivo. 

Esta lógica plantea desafíos reales para el sistema democrático: si los jueces toman decisiones con un ojo en su supervivencia institucional, podría cuestionarse la pureza de su imparcialidad. A su vez, esto evidencia que la separación de poderes no es un esquema rígido: la Corte y el Ejecutivo se influyen mutuamente, y parte de esa influencia ocurre cuando los jueces deciden “traicionar” al gobierno saliente en función de su futuro político.

El dilema es el siguiente: la división de poderes existe para equilibrar al Ejecutivo, no para paralizarlo. El dilema aparece cuando ese equilibrio se convierte en un antagonismo permanente: si cada decisión judicial frena al gobierno en tiempo real, la gobernabilidad se resiente y la legitimidad democrática se debilita. El sistema republicano no fue pensado para que los jueces funcionen como un “segundo Ejecutivo” que corrige o limita todo lo que hace un presidente mientras ese presidente aún conserva apoyo político y mandato vigente. Lo mismo se podría decir del poder Legislativo, y es lo que en parte explica la capacidad de Milei de haber podido avanzar en leyes clave aún con minoría en ambas cámaras.

En este marco, conviene recordar que los jueces no son elegidos por voto popular, mientras que los presidentes sí. Esa diferencia de origen democrático crea tensiones inevitables: el Poder Ejecutivo gobierna con mandato ciudadano explícito, en tanto que el Judicial gobierna por autoridad institucional y expertise técnica, no por representación electoral. Cuando los jueces intervienen demasiado pronto o con excesiva intensidad, surge la percepción de que un poder no elegido está condicionando a uno que sí tiene legitimidad de origen. 

¿Pero qué ocurre cuando el Ejecutivo está implicado en un escándalo de corrupción visible y viralizado por redes sociales? La Justicia tampoco puede mirar hacia otro lado frente a casos de corrupción o abuso de poder por temor a afectar la estabilidad. Lo novedoso de las causas ANDIS es que parecen invertir ese patrón.

Aunque los escándalos que rodean al gobierno de Milei siguen siendo cuantitativamente menores frente a la magnitud, extensión temporal y volumen económico de las causas que involucraron al kirchnerismo, cuyo entramado de obra pública, retornos sistemáticos, hotelería, lavado y recaudación paralela funcionó durante más de una década y produjo expedientes de gran escala como Vialidad, Hotesur-Los Sauces, Cuadernos y Ruta del Dinero K. Sin embargo, esa “menor” envergadura no implica menor gravedad institucional en el presente, ni menor responsabilidad desde el punto de vista ético moral.

A la vez, resulta particularmente contradictorio que un gobierno que hizo de la denuncia contra “la casta” su identidad fundacional quede ahora salpicado por tramas de corrupción que involucran a funcionarios estrechamente ligados al Presidente, operadores políticos del entorno más íntimo y mecanismos de recaudación opacos que reproducen prácticas históricas de la vieja política. 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó publicar archivos del caso Jeffrey Epstein

Buena parte de la crisis que atraviesa Donald Trump en Estados Unidos tiene que ver con un punto especialmente incómodo para su propio movimiento: el insistente reclamo del universo MAGA para que se haga pública la llamada “lista Epstein”, es decir, el registro completo de figuras políticas, empresariales y culturales que habrían mantenido vínculos con Jeffrey Epstein y sus actividades criminales. Ese choque entre la narrativa anticasta del MAGA y las posibles implicancias institucionales de revelar toda la información, se configura un espejo que también permite leer dinámicas similares en nuestro país: cuando un liderazgo se legitima en la promesa de purificar la política, cualquier sombra de sospecha o encubrimiento se vuelve políticamente explosiva.

Pero lo que aquí queremos señalar es el cambio que se está produciendo en la Justicia. En lugar de esperar a que el oficialismo pierda fuerza, los fiscales y jueces parecen avanzar mientras Milei aún conserva niveles de apoyo y capacidad política considerable. Incluso luego de haber salido legitimado de las elecciones del 26 de octubre.

A dos años de iniciado su gobierno, ya se ventilan escándalos de enorme implicancia institucional, involucrando dinero en efectivo, estafas cripto, coimas en áreas sensibles y funcionarios de primera línea implicados a empresarios narco, como el caso de José Luis Espert. Esto no tiene precedentes recientes: no sucedió ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos.

El contraste con la causa Cuadernos resulta inevitable. Claudio Bonadio actuó rápido, pero el caso explotó públicamente recién cuando el kirchnerismo ya no tenía el poder. El escándalo se hizo conocido en los medios en agosto de 2018, dos años y medio después de que Macri asumiera. La prensa, los servicios de inteligencia y la Justicia se movieron con una sincronía que nunca hubiera sido posible con Cristina Kirchner sentada en el sillón de Rivadavia.

En el caso ANDIS, en cambio, la denuncia se produce con el gobierno Milei aún en pleno ejercicio del poder. Es una diferencia fundamental: implica que ya no existe aquella moratoria tácita que históricamente blindaba a los oficialismos hasta que el ciclo político se agotaba.

Recientemente se revelaron nuevos chats que complican aún más a Spagnuolo. El fiscal determinó, a partir de nuevos chats que se revelaron, que Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz entregaron $5.000.000 en efectivo a Diego Spagnuolo para un viaje que finalmente no realizó, aunque sí viajó su segundo, Daniel Garbellini. Las conversaciones muestran a Calvete organizando la entrega en un “lugar disimulado” y evidencian una relación de extrema confianza. Como prueba clave, Picardi incorporó fotos del 13 de agosto de 2025 donde se ve a Spagnuolo entrando a la casa de Calvete con una mochila, además de registrar al menos cinco visitas previas al country del funcionario, mientras Muñoz cumplía tareas de traslado y manejo del dinero.

El requerimiento fiscal amplía el caso y sostiene que cuatro droguerías habrían recibido $37.000 millones en contratos con sobreprecios de hasta 2000%, en un esquema de cartelización y direccionamiento de licitaciones dentro de la ANDIS. 

Los principales operadores del esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Calvete y Pablo Atchabahian, se negaron a declarar ante la justicia, mientras crece la evidencia de pagos ilegales, sobreprecios y licitaciones direccionadas. La causa también alcanzó a Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, quien debió renunciar a un cargo en el Ministerio de Economía después de que se hallaran 700.000 dólares en su domicilio y salieran a la luz conversaciones que la vinculaban con gestiones irregulares para favorecer a proveedores. 

Aquí mostramos un intercambio de chats de Muñoz, la pareja de Calvete, donde hablan de retirar 5 palos “para el boludo del pelado” (Spagnuolo). El contacto agendado como Carmela Vivaldi es Calvete.

El 10 de septiembre de 2025 Ornella, la funcionaria que renunció ayer, habla con su padre para que intermedie una empresa y él le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras” (Lambo significa Lamborghini). Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

Calvete fue trasladado desde una cárcel contravencional para su indagatoria, debido a que ya tenía una condena previa por favorecer la prostitución de dos mujeres en un departamento que alquilaba. Optó por el silencio, igual que Atchabahian, quien cumple prisión domiciliaria luego de impedir un allanamiento y fugarse momentáneamente. Ambos están señalados como jefes de un sistema de recaudación de coimas, manejo discrecional de pagos y blanqueo de fondos ligados a la estructura de Discapacidad.

El expediente también conecta a los acusados con el narco extraditado Fred Machado. En los cuadernos de Calvete figuran menciones al exmarido de la diputada electa Karen Reichardt, Gustavo Balabanian, quien ya aparecía en una causa en Texas por recibir una transferencia de Machado. Según el fiscal Picardi, parte del dinero ilícito se blanqueaba mediante criptomonedas y mediante la compra de horas de vuelo a la empresa Baires Fly, ligada a Sergio Mastropietro, otro actor vinculado a Machado.

Spagnuolo, extitular de ANDIS, declarará este miércoles y se espera que presente un escrito. Su defensa ha dado versiones contradictorias sobre la autenticidad de audios incriminatorios: primero dijeron que eran generados por IA, luego que eran reales, pero violaban su intimidad. Aunque se especuló con que podría convertirse en arrepentido, todo indica que no habrá acuerdo con el fiscal por ahora, manteniendo la incógnita sobre su eventual colaboración con la causa.

Eduardo Vander Koy indica, en su última columna en Clarín, un llamativo paralelismo entre la causa ANDIS y la causa de los Cuadernos. Así como los registros meticulosos de Oscar Centeno documentaron durante años el circuito de pagos clandestinos ligado a la obra pública en tiempos kirchneristas, en la causa ANDIS, un cuaderno secuestrado en la vivienda de Calvete revela montos, porcentajes y nombres asociados al presunto sistema de retornos dentro de ANDIS. Aunque más caótico y menos sistemático que el de Centeno, el nuevo cuaderno funciona como un espejo distorsionado pero reconocible de aquella matriz de recaudación paralela.

El paralelismo también se observa en el rol de los intermediarios y en la forma en que circulaba la información. Tanto en la trama documentada por Centeno como en la estructura atribuida a Calvete, aparecen figuras secundarias, como choferes, segundos mandos y operadores logísticos, que funcionaban como engranajes necesarios para mover dinero, transmitir órdenes o encubrir jerarquías. Y en ambos expedientes, la posible conexión entre esos operadores y funcionarios de mayor rango sigue siendo un punto sensible que la Justicia intenta desentrañar.

Los cuadernos secuestrados a Calvete, quien antes fue concejal de Cambiemos (2015–2019) y aportó a diferentes campañas políticas desde el sector privado, registraba contrataciones vinculadas a proveedores de insumos médicos y droguerías. Esa estructura revela cómo se armaban sobreprecios y cómo se repartían los retornos entre los involucrados. Las anotaciones incluían nombres de empresas como Expotrauma, Artrobone, IMNOVA, Indecomm y Profarma, que aparecían reiteradamente en los listados y cálculos.

En otro de los cuadernos aparecía un directorio informal de personas que integraban su red: empleados de la ANDIS, dueños o intermediarios de droguerías, operadores administrativos y contactos políticos. También surgían referencias indirectas a figuras del “círculo rojo” mediante iniciales o menciones breves, que revelaban vínculos sensibles y posibles conexiones con otras tramas de poder.

Las anotaciones incluían referencias a vínculos con el empresario narco Machado, mencionado en una aclaración: “Relación entre ex marido de Karen (Fred Machado)”, se lee en una de las hojas, lo que sugiere que Calvete seguía o registraba conexiones entre actores de la causa ANDIS y otros circuitos de dinero ilegal. También aparecían menciones a “KM”, “ML” o “MA”, que los investigadores intentan descifrar para determinar si señalan a funcionarios, operadores o intermediarios con capacidad de incidencia dentro del organismo. Estas iniciales, junto con alguna mención más explícita, abren la hipótesis de una cadena de responsabilidades más amplia que la de los ejecutores directos.

Analicemos una imagen con el cuaderno que se halló en el allanamiento a Calvete, y vamos a repasar las personas mencionadas en las anotaciones.

Estas son las que aparecen explícitamente en los cuadernos, o bien por nombre o por iniciales que la Justicia interpreta como parte de las anotaciones

Gustavo Balabanian – mencionado como beneficiario de un pago de más de US$200.000

Fred Machado – aparece como “ex marido de Karen (Fred Machado)” en las anotaciones.

Karen Reichardt – mencionada indirectamente en relación con Balabanian

“KM” – iniciales anotadas por Calvete. (¿Karina Milei?).

“ML” / “ML” – iniciales usadas repetidamente, sin identificación clara.

“SC” – otra sigla anotada en el cuaderno.

En los cuadernos aparecen mencionados también:

Daniel Garbellini – segundo de Spagnuolo.

Pablo Atchabahian – identificado a través de chats y anotaciones (referido como “Voldemort”)

Lorena Di Giorno – empleada de ANDIS que le pasaba información interna.

Ornella Calvete – su hija, involucrada en chats y mencionada dentro del esquema.

Diego Spagnuolo – titular de ANDIS, aparece anotado bajo alias “Pelado” en chats y relacionado a anotaciones.

Otros nombres que están vinculados en chats o por el funcionamiento del sistema que los cuadernos registran:

Julio César Viera – participa del “operativo limpieza” vinculado al contenido del cuaderno.

Y dueños/empleados de empresas anotadas en el cuaderno: Expotrauma, Artrobone e IMNOVA. 

Coimas en ANDIS: Diego Spagunolo y otro exfuncionario clave declaran esta semana en Comodoro Py

Varias anotaciones se complementaban con chats recuperados en los teléfonos de funcionarios, revelando que contaba con empleados que le entregaban información oficial en tiempo real. Aparecían, además, menciones a pedidos para acelerar pagos, anotaciones de presiones y advertencias sobre investigaciones en curso, lo que muestra que llevaba un control paralelo de la maquinaria burocrática.

Los cuadernos registraban también movimientos posteriores al estallido del escándalo: instrucciones para borrar pruebas, advertencias internas y un “operativo limpieza” destinado a desactivar rastros comprometedores. Al igual que en la causa contra CFK, los cuadernos se convierten en la pieza documental más contundente para reconstruir el funcionamiento del presunto esquema de corrupción dentro de la ANDIS

Es cierto que, en comparación con Cuadernos K, los escándalos de Milei parecen menores. Pero la gravedad política e institucional radica precisamente en que el hecho ocurre durante el ejercicio del poder. 

Por otra parte, aunque todavía no tuvo implicancias en un avance judicial en Argentina (aunque sí en Estados Unidos), ayer, la Comisión Investigadora del Parlamento por el caso $LIBRA concluyó que el Presidente y su entorno tuvieron una participación directa en la criptoestafa, al promover públicamente una memecoin cuyo contrato no era accesible y cuyos creadores mantenían vínculos comprobados con él.

El análisis de la blockchain (flujo del dinero cripto) reveló movimientos de fondos que coinciden con reuniones oficiales y con episodios previos. El informe sostiene que el uso de la cuenta institucional del Presidente para promocionar LIBRA, junto con la magnitud de los perjuicios —más de 114.000 billeteras afectadas— y las ganancias concentradas en unos pocos actores, configura responsabilidad política y un posible intento deliberado de evadir regulaciones.

La investigación también detectó movimientos financieros de alto volumen y relevancia temporal que vinculan a Novelli, Terrones Godoy, Davis, Morales y ahora a Matías Mudry, de la fundación Bitcoin Iberoamérica, cuya billetera virtual recibió más de 1,2 millones de dólares en fechas clave. La Comisión instó al Congreso a evaluar si Milei incurrió en mal desempeño, aunque sin activar formalmente un juicio político.

Quizás esto tenga que ver con que el ecosistema comunicacional actual es radicalmente distinto. Durante décadas, la prensa tradicional tenía el monopolio de las denuncias, los escándalos y los “documentos probatorios” y en alguna medida también se producía otra forma de defección estratégica publicando denuncias al final de cada gobierno cuando ya el poder del mismo menguó. Pero hoy las filtraciones circulan en redes sociales, cuentas anónimas, grupos de Telegram, foros, perfiles pseudónimos en X y espacios digitales imposibles de controlar por un gobierno.

Ese cambio tecnológico erosiona el viejo pacto entre el poder y la información. Antes, muchos escándalos explotaban cuando el nuevo gobierno llegaba al mando de los servicios de inteligencia que entregaba las carpetas al periodismo: pruebas guardadas, grabaciones telefónicas, etc. Hoy los escándalos circulan solos. Los gobiernos ya no controlan el flujo de la información.

Informe final de $Libra: Diputados hablaron de estafa, apuntaron a Milei y denunciaron encubrimiento judicial

Justamente, Ricardo Lorenzetti, extitular de la Corte Suprema, dedica su nuevo podcast a analizar los desafíos del liderazgo en el contexto actual, marcado por la incertidumbre, la fragmentación y la pérdida de confianza en las instituciones. En recientes declaraciones sostuvo que las democracias modernas atraviesan una crisis porque han reemplazado la discusión racional por la imputación permanente, lo que agrava la polarización y paraliza la toma de decisiones. Propone, en cambio, avanzar hacia una “democracia reflexiva”, donde los temas centrales se debatan públicamente antes de decidir, y donde la gobernabilidad se base en la eficacia, la competencia y el uso inteligente de la tecnología.

Lorenzetti advierte que el liderazgo actual debe adaptarse a sistemas complejos que funcionan como redes, sin centros de control rígidos, y que exigen observar, equilibrar y construir consensos. Pero hace foco en recuperar una democracia donde se debatan ideas. "Se da un espectáculo de democracia vacía. Lo que se da en Occidente es una democracia de imputaciones y los argumentos no existen", aseguró el exintegrante del máximo tribunal.  

Paradójicamente, la independencia del Poder Judicial frente al ejecutivo podría considerarse un mérito del propio Milei. Su discurso y su práctica institucional muestran menos intervención en la Justicia que la que ejercieron el kirchnerismo y Cambiemos. No hay operadores judiciales clásicos, no hay “mesa judicial”, no hay un Jaime Stiuso que maneje expedientes. Esa ausencia podría estar generando un espacio inesperado: mayor libertad de fiscales y jueces para avanzar contra él incluso cuando el gobierno está fuerte.

Aquí aparece la hipótesis central: tal vez estemos ante el fin, o al menos la erosión, de la defección estratégica como regla estructural del sistema argentino. Ya no hay alineamiento garantizado con el gobierno de turno. Ya no es indispensable esperar a que pierda poder para que los expedientes se activen. Las causas ANDIS y $LIBRA son, en este sentido, casos testigo por su temporalidad. El sistema judicial no está esperando un 2027 para mover piezas. Las está moviendo ahora.

Queda, sin embargo, un vacío analítico sobre el gobierno de Macri. Sus causas judiciales fueron relativamente menores en volumen y en impacto institucional. Hubo denuncias importantes, como Correo, parques eólicos o peajes, pero ninguna alcanzó la escala ni el ritmo de las causas contra los Kirchner o de los casos actuales contra el ecosistema Milei. Esto obliga a preguntarse si la defección estratégica ya estaba debilitada, o si Macri contó con redes de contención que hoy no existen.

Es posible que Cambiemos haya sido un puente: un gobierno con menor capacidad de disciplinar a la Justicia y al aparato de inteligencia que el kirchnerismo, pero todavía con vínculos residuales suficientes para evitar estallidos de gran magnitud. El mileísmo, en cambio, llega sin estructura, sin operadores, sin red, sin aparato. Y eso precipita la situación actual.

El efecto acumulado de este proceso podría estar configurando una transición hacia un nuevo tipo de justicia política: una donde las causas no esperan a los ciclos del poder, donde los expedientes avanzan bajo la presión de la opinión pública digital más que de los medios tradicionales, y donde los jueces ya no actúan por cálculo sino por exposición.

La pregunta final es si este cambio fortalece o debilita la democracia. Por un lado, la erosión de la defección estratégica podría significar mayor control sobre los oficialismos en tiempo real. Por otro, in extremis, podría implicar una judicialización de la política que vulnere la voluntad popular.

¿Las causas ANDIS y $LIBRA marcarán un punto de inflexión? Si esta dinámica se consolida, podría significar el inicio de una nueva etapa en la que la Justicia actúa con mayor autonomía frente al Ejecutivo, influida por un ecosistema informativo descentralizado, la presión permanente de redes sociales y la ausencia de operadores capaces de disciplinar expedientes desde el poder. El impacto político es inmediato: los oficialismos ya no contarían con el blindaje temporal que, tácitamente, les permitía gobernar sin investigaciones profundas hasta que el ciclo político se agotara.

Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira

TV/ff