Día 737: Vigilar y castigar

Mi celular tranquilamente puede estar “pinchado”, como se dice en la jerga, por servicios de inteligencia. Lo mismo podría pasar con los de otros colegas opositores, organismos de derechos humanos, economistas, sindicalistas y hasta artistas. Para quienes tenemos algunos años en el análisis crítico de la realidad y mantenemos un alto perfil porque es parte de nuestro trabajo, no sería la primera vez. Varios gobiernos han utilizado de manera ilegal los servicios de inteligencia para vigilar a sus opositores, pero en el caso de este Gobierno algo cambió. El Poder Ejecutivo generó un marco legal para que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no solo pueda espiarnos por criticar, sino que eso sea parte de su trabajo estratégico y “legal”.

El 5 de diciembre, en el Boletín Oficial, avisaron que podíamos ser espiados. Prácticamente ningún medio de comunicación está hablando de esto y yo me enteré por la gran labor de un periodista que publicó en un portal llamado Nota al pie. Santiago Martínez Laino, que hizo su trabajo, miró el Boletín Oficial de ese día y abrió un PDF adjunto que habían colgado en la página. El documento de la Política de Inteligencia Nacional 2025 establece un marco doctrinario que, bajo una lectura crítica, presenta zonas grises sumamente riesgosas para la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos.

El punto de mayor fricción reside en la incorporación de conceptos como la “soberanía cognitiva” y la “defensa contra amenazas híbridas”, términos que desplazan el foco de la inteligencia desde las amenazas físicas externas hacia el terreno de las ideas, las narrativas y la opinión pública. Al definir que el Estado debe protegerse contra la desinformación y la manipulación que “busque afectar la moral y la cohesión social”, el texto otorga a la SIDE una facultad interpretativa casi ilimitada.

En la práctica, esto implica que cualquier discurso, investigación periodística o manifestación opositora que el gobierno de turno considere lesiva para el sentimiento de unidad nacional, concepto en sí totalitario, o para su estabilidad política podría ser categorizada como una operación de influencia enemiga. Esta ambigüedad permite que el aparato de inteligencia no solo observe movimientos militares o criminales, sino que se infiltre en el tejido del debate público para detectar lo que denomina interferencias informativas.

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La preocupación se agrava al analizar el rol de la Agencia Federal de Ciberseguridad, la cual queda habilitada para monitorear el ciberespacio con el fin de rastrear la trazabilidad operativa de redes de influencia. Bajo este paraguas tecnológico, el seguimiento de un periodista o un activista digital que cuestione una política estratégica no se presentaría como una persecución política, prohibida por ley, sino como una medida preventiva contra una agresión cognitiva externa o inducida.

El documento sugiere que las narrativas críticas pueden ser herramientas de potencias extranjeras para erosionar el poder nacional, lo que convierte automáticamente al disidente en un sospechoso de colaborar, consciente o inconscientemente, con intereses ajenos a la patria. Esta lógica de seguridad nacional aplicada al pensamiento elimina la distinción entre un enemigo estatal y un ciudadano con una opinión divergente.

Al no existir en el anexo definiciones precisas sobre qué constituye una afectación a la moral social o un ataque a la cohesión, el sistema de inteligencia queda configurado como un árbitro de la verdad pública. El peligro latente es la institucionalización de una vigilancia que busca anticipar conflictos sociales mediante el análisis de la conducta y el discurso en redes sociales, transformando el derecho a la crítica en un dato de inteligencia procesable.

En última instancia, el texto deja abierta la puerta para que el Estado utilice sus recursos más sofisticados no para proteger a la sociedad de peligros físicos, sino para blindar el relato gubernamental bajo la premisa de que cualquier cuestionamiento profundo al rumbo estratégico del país representa una amenaza a la paz nacional que justifica el espionaje y la neutralización informativa.

En la página 8, el documento expresa: “La dislocación del conflicto por fuera de los ámbitos meramente políticos, bélicos o económicos ha tornado a la voluntad (sic) de las sociedades en uno de los principales objetivos de las acciones de actores estratégicos en disputa.

El conflicto, en toda su gama, demuestra como una constante, más allá de los campos de batalla y los mercados, el desarrollo de acciones no cinéticas mediante ciberataques, campañas de desinformación, ingeniería social y manipulación de la opinión pública para amoldar la moral del adversario (sic), previo, durante y después del desarrollo de acciones políticas, militares y/o económicas principales.

De esta forma, las acciones híbridas, los esfuerzos de influencia, injerencia e interferencia y la desinformación se convierten en prácticas relevantes, con el objetivo de ampliar el margen de maniobra para permitir la persecución y eventual satisfacción de intereses de los actores estratégicos.

Para nuestro país será prioridad que la Inteligencia Nacional alcance la comprensión de estos fenómenos que buscan afectar simultáneamente la cohesión social, la legitimidad institucional y los derechos fundamentales de los habitantes de la NACIÓN ARGENTINA, como así también los propios intereses vitales y estratégicos de la REPÚBLICA ARGENTINA, como una primera distinción del accionar sutil de actores adversos (sic)”.

Es decir que, si por una información que un medio, un periodista o cualquier persona difunda se evalúa por la SIDE que atenta contra la cohesión social y erosiona la confianza en las instituciones, como puede ser la autoridad presidencial o la de otros funcionarios, puede ser espiado porque se presume que puede ser obra de una potencia extranjera o estar impulsado por intereses contrarios a la patria.

¿Saben a qué me hace acordar todo esto? Al caso Andis. Cuando salieron las escuchas de Diego Spagnuolo que señalaban a Karina Milei como participante de una de las coimas, el Gobierno dijo rápidamente que fue obra de espías rusos y venezolanos. ¿Recuerdan que había logrado que un juez fallara a favor de que no se pudieran difundir los audios? En aquel momento, Perfil se presentó como querellante en esa causa y logramos que esta medida dejara de tener efecto.

La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora recientemente electa senadora, adjudicó a espías rusos y de Venezuela la difusión de los audios de Discapacidad en ese momento. "Veíamos que Venezuela estaba intentando influir, como lo intenta hacer con violencia en otros lugares", había declarado. Qué fortaleza tiene Venezuela para hacer inteligencia internacional, en especial en la situación en la que están.

Más allá de que Bullrich mezcla todo, deja en claro que hay potencias extranjeras detrás de la difusión de un audio y que los periodistas, en vez de hacer nuestro trabajo, operamos para estas potencias o, por lo menos, pone en cuestión el objetivo de nuestra labor. Según el documento de la SIDE, estamos “erosionando la credibilidad de las instituciones” y “atentando contra la cohesión social”. Esto tranquilamente podría hacer que nos espíen.

Otro fragmento del texto se refiere a las tareas estratégicas de la SIDE. “El monitoreo de la desinformación disruptiva que pueda erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del ESTADO NACIONAL”, explica. Es tan perfectamente ambiguo que encaja en la situación anterior. Quienes difundimos los audios estamos difundiendo desinformación disruptiva que puede erosionar la cohesión social y la legitimidad del Estado nacional. Es decir, difundimos un audio que hace que se sospeche sobre la integridad ética de los funcionarios públicos, particularmente del presidente y su hermana.

No es el primer documento de la SIDE que dice esto. Hace seis meses, el periodista Hugo Alconada Mon difundió un texto que se filtró y que planteaba exactamente lo mismo. En una entrevista con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en el canal de streaming Cenital, declaró: "El documento expone que quedarán sujetos a tareas de inteligencia actores que puedan afectar a imagen y credibilidad de los funcionarios de seguridad de la Nación". Según afirmó, está escrito de un modo tan ambiguo que ese objetivo puede aludir tanto a agentes extranjeros como a analistas que cuestionen los operativos de seguridad.

Es un contenido bastante similar a lo que se difundió seis meses después en el Boletín Oficial. En aquel momento, el Gobierno negó rotundamente lo que había planteado Alconada Mon. Evidentemente, ya sabíamos quién mentía. Luego de la publicación de su nota, el periodista sufrió un intento de hackeo. Acá queda totalmente claro que el periodista recibió lo que se llama “un vuelto” por su trabajo. Si efectivamente tanto él como nosotros estuviésemos haciendo una interpretación demasiado maliciosa de ambos documentos, no debería por qué haberle pasado esto.

Sumado a este hecho, durante 2024 diputados del bloque de Encuentro Federal que habían impulsado el rechazo al decreto que ampliaba justamente los fondos discrecionales para la SIDE denunciaron que, luego de esa sesión en el Congreso, alguien ingresó a sus oficinas y provocó destrozos de documentación. Lo mismo denunció la Unión Cívica Radical con algunos de sus locales.

Mientras el Gobierno espía y persigue a quien cuestiona su discurso y pone en tela de juicio sus políticas, hace esfuerzos muy importantes para poder instalar su narrativa como hegemónica. Si solo fuese esto en materia de avance contra los derechos democráticos de nuestro país, sería muy grave. Pero lamentablemente no es solo esto.

El Gobierno dio un paso fuera de la democracia con la no implementación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad. Es decir, la oposición votó leyes amplias, el Presidente las vetó y luego fueron ratificadas por dos tercios de ambas cámaras. Las leyes están sobradamente aprobadas. Pero, como al presidente Milei no le gustan, sencillamente no las cumple. Esto es gravísimo. Es una injerencia directa del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Viola la independencia de poderes y la propia normativa democrática. No se pueden cumplir solo las leyes con las que el Gobierno está de acuerdo. Ahora, vía la aprobación de la ley de Presupuesto 2026, se busca derogarlas, pero aun si lo lograra, el Gobierno estuvo durante varios meses fuera de la ley e incumpliendo la Constitución.

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Por otro lado, estas leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad fueron ampliamente respaldadas por decenas y decenas de movilizaciones de familiares de personas con discapacidad, pacientes con discapacidad, estudiantes y docentes universitarios, y miles y miles de ciudadanos. Para ellos, el Gobierno tuvo un constante accionar represivo que dejó cifras espantosas.

Según conteos de la Comisión Nacional por la Memoria y el Monitoreo de Respuestas Represivas, entre el 10 de diciembre de 2023 y la actualidad se hirió a 2.500 personas en manifestaciones y se detuvo a cerca de 250 personas.

Hace unos días, Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad, hizo unas declaraciones bastante interesantes en este sentido. En una entrevista con Eduardo Feinmann, en la que él le pregunta por la represión al fotorreportero Pablo Grillo, la funcionaria dijo: "Uno siente dolor por lo que le pasa a cualquier persona, sea Grillo o los 280 policías golpeados durante este año solo los días miércoles. A mí nadie me pregunta por los 280 policías golpeados".

Acaba de estrenarse en Argentina la película ganadora del Festival de Cannes y mayor candidata a ganar el Oscar a Película Extranjera, "Fue solo un accidente", del director iraní Jafar Panahi, que relata de manera magistral el drama que genera la represión dogmática, no solo en las víctimas: quienes cumplen órdenes excesivas tampoco se salvan de su propia violencia. Esto está acompañado de una campaña de miedo en la que se busca instalar la idea de que en toda marcha hay represión, algo que se evidencia en los protocolos de seguridad de Bullrich. El objetivo es claramente disuasorio. Este Gobierno quiere terminar con la manifestación en la vía pública, sabiendo que allí está la expresión del malestar que generan sus políticas. Mañana será un ejemplo.

Si sumamos todo esto, entendemos que quienes se oponen con la palabra a las políticas del Gobierno y consiguen ser escuchados —sea porque son periodistas, economistas o tienen notoriedad— pueden ser investigados por la SIDE. Quienes, además, se movilizan, es probable que sean reprimidos, heridos o directamente detenidos, y si, efectivamente, hacen todo dentro de las instituciones democráticas y promueven una ley que sea contraria al Gobierno, esta no se cumple. ¿Notan cómo lentamente se va erosionando la democracia?

"Vigilar y castigar", de Michel Foucault, analiza la transición de los suplicios físicos a las formas modernas de control social. El autor sostiene que el castigo evolucionó desde un espectáculo público de dolor, donde el soberano reafirmaba su poder sobre el cuerpo del condenado, hacia una tecnología del alma que busca disciplinar y corregir. El núcleo de este sistema es la vigilancia jerárquica y el examen constante, cuyo modelo arquitectónico ideal es el panóptico.

En esta estructura, los individuos se sienten observados permanentemente sin poder confirmarlo, lo que los lleva a interiorizar la norma y autovigilarse. Así, la sociedad se convierte en un entramado de instituciones disciplinarias como cárceles, escuelas, hospitales y fábricas, donde se fabrican cuerpos dóciles y productivos. Foucault argumenta que el poder no se ejerce solo mediante la ley, sino a través de una microfísica que moldea el comportamiento diario, transformando al ciudadano en un objeto de saber y control constante.

El "Vigilar y castigar" de Milei se focaliza sobre todo en los opositores. Busca que quienes no pensamos como él sintamos que hay un panóptico constante desde el que se nos espía, se nos puede reprimir y eventualmente hasta detener. Con esto no queremos decir que este no sea un gobierno democrático. Queremos decir que, a paso lento pero firme, deja gradualmente de serlo. Esperemos que no den más pasos en ese sentido.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi  

TV/ff