Si bien el fenómeno de El Super Niño ya comenzó a generar consecuencias , como los más de 4.500 evacuados en provincias del centro y norte del país, los pronósticos advierten que el período más crítico todavía podría estar por venir. Al menos eso es lo que indican los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los organismos internacionales de seguimiento climático. Se esperan lluvias intensas y un mayor riesgo de inundaciones, especialmente entre la primavera y el verano, en la región del Litoral y la Cuenca del Plata: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, además de sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.
Este escenario climático afecta a buena parte de la región, pero en Argentina se suma un problema adicional: años de ajuste en infraestructura y obras públicas paralizadas. De hecho, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, según los datos de la denuncia presentada por la Provincia de Buenos Aires, destinó a obras apenas el 31% de los recursos recaudados entre enero de 2024 y mayo de 2026.
Qué está haciendo el Gobierno
Sería inexacto afirmar que el Gobierno nacional no está haciendo nada frente al fenómeno. En junio aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con participación de ocho jurisdicciones de la Cuenca del Plata. El programa contempla monitoreo meteorológico e hidrológico diario, alertas tempranas, identificación de zonas vulnerables, coordinación de las defensas civiles provinciales y municipales y protocolos para desplegar fuerzas federales, recursos sanitarios y asistencia logística ante eventuales inundaciones.
Desde abril, según informó el Ministerio de Seguridad, la AFE realizó doce instancias de articulación federal, conformó una Mesa Nacional de Seguimiento y capacitó a 4.328 personas vinculadas con la protección civil. También se elaboraron modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias. En paralelo, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue preventivo de medios de la Armada en el Litoral y el alistamiento de unidades de las tres Fuerzas Armadas para asistir a las poblaciones que puedan quedar aisladas.
Sin embargo, el alcance de estas medidas merece una distinción. El plan fortalece principalmente las capacidades de monitoreo, coordinación y respuesta ante una emergencia. No equivale a un programa de obras hidráulicas ni resuelve la paralización de infraestructura destinada a prevenir inundaciones. En otras palabras, el Estado está organizando cómo actuar si se producen las inundaciones, pero eso no responde por sí solo cuánto está haciendo para reducir el riesgo de que se produzcan o, al menos, bajar la fuerza con la que golpeen.
La denuncia por la subejecución del presupuesto del FFIH
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) es, en términos sencillos, una caja de recursos públicos creada para financiar obras destinadas a prevenir y mitigar inundaciones. Se alimenta principalmente de tasas específicas sobre los combustibles, con alícuotas diferenciadas para las naftas y el GNC. Es decir, recursos recaudados con una finalidad determinada: financiar infraestructura hídrica.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis , denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios nacionales por el presunto uso irregular de esos recursos. Según los datos presentados en la denuncia, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el fondo recaudó unos $375.400 millones, pero apenas destinó $116.000 millones al pago de obras: aproximadamente el 31%. Una parte sustancial de los activos, según la presentación judicial, fue colocada en Letras del Tesoro Nacional. Katopodis sostiene que el Gobierno utilizó recursos afectados legalmente a la infraestructura hídrica para financiar al Tesoro, mientras numerosas obras quedaban paralizadas o eran rescindidas. La denuncia, presentada ante la Justicia Federal de San Martín, solicita investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, entre otros. Se trata de acusaciones que todavía deben ser investigadas y probadas judicialmente.
Los cuestionamientos al manejo del fondo también aparecen en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 26 de octubre de 2026. El estudio advierte que, de las 24 obras iniciadas con recursos del fideicomiso, 15 fueron canceladas o suspendidas —13 mediante rescisión de contratos y dos por neutralización—, ocho continúan en ejecución y apenas una fue terminada. Los contratos de las obras paralizadas suman $144.818 millones, equivalentes al 39,7% del monto total de la cartera. Siete de esas obras están en el conurbano bonaerense.
CEPA también cruza el estado de las obras con los pronósticos de lluvias superiores a lo normal asociados a El Niño y advierte sobre situaciones de especial vulnerabilidad. Entre ellas menciona la cuenca del Salado, en Buenos Aires, cuyos tres subtramos registran avances muy limitados; los Bajos Submeridionales de Santa Fe, donde se rescindieron dos obras; y el conurbano bonaerense, donde siete de las ocho obras relevadas están paralizadas. También señala que un crédito de US$200 millones del Banco Mundial, aprobado para un proyecto de infraestructura resiliente frente a inundaciones urbanas, registra una ejecución del 0%.
Katopodis acusa: falta de obras y debilitamiento del Estado
En diálogo con Perfil, Katopodis planteó que el problema no se limita a la falta de obras o de financiamiento. El ministro bonaerense sostiene que también se debilitó la capacidad del Estado para anticipar y gestionar las emergencias hídricas. En su conversación, cuestionó el desmantelamiento de organismos técnicos como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y el CONICET. La pérdida de recursos humanos especializados, ingenieros y equipos técnicos comprometería no solo el monitoreo de los fenómenos climáticos, sino también la capacidad de planificar, diseñar y ejecutar las obras necesarias. Incluso si existiera una decisión política de reactivar las inversiones, advierte, el Estado habría perdido parte de las capacidades necesarias para llevarlas adelante.
A esto se suma, según el funcionario kicillofista, la falta de coordinación entre Nación y las provincias. Katopodis afirmó que no existe una mesa de gestión del riesgo hídrico que permita compartir información, establecer protocolos y organizar una respuesta conjunta. También señaló que la Provincia de Buenos Aires no fue convocada a los ámbitos nacionales de emergencia y planificación que considera necesarios. Aunque el Gobierno nacional anunció la conformación de un plan federal ante El Niño, para el ministro todavía falta que esa convocatoria se traduzca en una coordinación efectiva, con participación real de las jurisdicciones y recursos materiales.
Katopodis lo comparó con la situación de la Provincia de Buenos Aires, que, en cambio, puso en marcha una mesa ministerial encabezada por el gobernador y cuenta con un visor hidrometeorológico que integra más de 300 estaciones de monitoreo. Según Katopodis, el sistema permite seguir la evolución de las cuencas y coordinar trabajos de limpieza de canales con los municipios. Sin embargo, la incertidumbre sobre dónde se concentrarán las precipitaciones —si en la Cuenca del Plata o en otras zonas, como la cuenca del río Quinto— dificulta anticipar con precisión los impactos y organizar las respuestas locales.
El ministro mencionó entre las zonas que requieren especial atención a San Pedro, Zárate y Campana, además de General Villegas, Nueve de Julio, Carlos Casares, Bragado, Roque Pérez y Lobos. Son territorios con características hidrológicas diferentes, pero que pueden sufrir anegamientos importantes incluso ante lluvias que no necesariamente alcanzan magnitudes extraordinarias. La configuración del relieve, la saturación de los suelos, la capacidad de los canales y el estado de los drenajes pueden convertir precipitaciones localizadas en un problema grave para las poblaciones y la producción rural.
Uno de los casos que más preocupa a la Provincia es el del río Salado. Katopodis reconoció que hubo una reactivación parcial del tramo IV de la obra, aunque la describió como todavía muy limitada. Su finalización es una condición necesaria para avanzar con el tramo V, que debe continuar el plan de adecuación de la cuenca. Mientras tanto, la demora mantiene sin completar una intervención estratégica para mejorar el escurrimiento del agua en una región históricamente afectada por inundaciones.
El reclamo de Katopodis también apunta a la distribución territorial de la obra pública nacional. Según sostuvo, alrededor de la mitad de las obras paralizadas por el Gobierno nacional se encuentran en la provincia de Buenos Aires. A esa situación agrega las dificultades para obtener avales nacionales que permitan acceder a créditos internacionales destinados a infraestructura. El ministro interpreta que existe una decisión política de asfixiar financieramente a la Provincia.
¿Milei piensa utilizar el Super Niño contra Kicillof?
Las palabras de Katopodis permiten hacer una pregunta clave para la disputa política que se abre entre el gobernador Axel Kicillof, principal candidato de la oposición, y el presidente Javier Milei. Si la mitad de las obras que están completamente abandonadas se encuentran en el conurbano bonaerense, el territorio que concentra la mayor parte de la población del país, ¿Milei está pensando en utilizar el Super Niño contra Kicillof?
Es decir, ¿lo dejó sin las obras necesarias para afrontar las inundaciones para, justamente, tirarle el agua encima a su principal oponente? ¿El hecho de que el Gobierno se organice para asistir a los evacuados va a formar parte de un relato en el que señalará como responsables a los gobernadores opositores por la falta de obras y tratará de capitalizar la ayuda a quienes tengan que dejar sus casas?
Preguntas tétricas de la política nacional que esperemos tengan una respuesta negativa.