A 30 años de la primera elección de la Ciudad Autónoma: cuando los porteños empezaron a elegir a su propio Gobierno

Aunque hoy parezca natural que votemos a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, hasta mediados de la década de 1990 quien encabezaba la administración de la Ciudad era designado por el Presidente de la Nación. La historia comenzó a cambiar cuando, en la reforma constitucional de 1994, cuando se incorporó el artículo 129 a la Constitución Nacional, que estableció para la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo y dispuso que su Jefe de Gobierno fuera elegido directamente por sus habitantes.

Sin embargo, a este impulso inicial, le sucedería su primer desafío. En noviembre de 1995, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.588, conocida como "Ley Cafiero", que estableció límites importantes a esa autonomía recién reconocida constitucionalmente: mantuvo bajo jurisdicción nacional diversos bienes públicos, servicios y competencias, especialmente en materia de seguridad y justicia.

Poco después, en diciembre del mismo año, llegó la denominada "Ley Snopek", que convocó a la elección del primer Jefe de Gobierno y de los convencionales encargados de redactar la Constitución porteña. Se fijó la fecha de los comicios para el 30 de junio de 1996.

La organización de la elección incorporó innovaciones poco habituales para la época. La convocatoria de tres mil jóvenes como autoridades de mesa por parte del Juzgado Federal o la publicación de padrones y resultados a través de internet que marcaron un antecedente de modernización electoral, en un contexto donde el uso masivo de la red todavía era incipiente en la Argentina.

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La fórmula integrada por Fernando de la Rúa y Enrique Olivera se impuso en los comicios para la Jefatura de Gobierno con el 39,89% de los votos, y así se convirtieron en las primeras autoridades elegidas directamente por los porteños. Sin embargo, la elección para convencionales constituyentes mostró un escenario diferente: el FREPASO, encabezado por Graciela Fernández Meijide, obtuvo el primer lugar y se quedó con 24 de las 60 bancas de la Convención, seguido por la UCR, con 20.

Aquella Convención Constituyente, integrada mayoritariamente por figuras con experiencia política y profesional y que tuvo la responsabilidad de diseñar las instituciones de la nueva Ciudad Autónoma, sentó las bases del sistema político, estableció mandatos electivos de cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva, dispuso que el Jefe de Gobierno fuera elegido por mayoría absoluta o, de no alcanzarse, en segunda vuelta, y creó una Legislatura de 60 miembros. También sentó las bases de la descentralización mediante las comunas.

Aquella elección fue apenas el comienzo de un proceso que todavía no concluyó. Nuestra autonomía todavía está en desarrollo para alcanzar su plenitud, pero ha tomado un nuevo impulso en los últimos años bajo la gestión de Jorge Macri. La creación y puesta en marcha del primer Servicio Penitenciario y de Reintegración Social porteño, junto con los avances en el traspaso de la Justicia laboral y de nuevas competencias penales, forman parte de ese camino, coordinado por la Dirección General de Transferencias de Competencias y Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Justicia. El objetivo es que la Ciudad cuente con todas las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre su territorio y responder de manera integral a las necesidades de quienes viven y transitan en ella.

Treinta años después de aquella primera elección, cuando buena parte del electorado apenas recuerda una Ciudad sin autonomía, vale la pena revisar ese proceso fundacional. No solo porque transformó la manera en que se gobierna Buenos Aires, sino porque consolidó un principio básico de toda democracia: que quienes viven en una comunidad puedan elegir a las autoridades responsables de conducirla. La autonomía porteña continúa siendo una construcción en desarrollo, pero su punto de partida estuvo en aquellas urnas de junio de 1996, cuando los vecinos de la ciudad votaron por primera vez a su propio Gobierno.

(*) Director general de Asuntos Políticos y Electorales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.